La mayor mina de níquel de América Central reinició sus operaciones con violentos enfrentamientos entre indígenas y fuerzas de seguridad, disputas por la propiedad de la tierra, y demandas judiciales por asaltos sexuales grupales y asesinato.
Por David Hill * publicado en Servindi
Inaugurada recientemente por el presidente de Guatemala, Otto Pérez, quien la llamó la mayor inversión en la historia del país, la mina Fénix ha estado cerrada durante treinta años.
Solo una semana después de la inauguración, una comunidad de indígenas Maya Q’eqchi’s próxima a Fénix conocida como Lote 8 Chacpayla denunció haber sido invadida por agentes de seguridad privada contratados por el dueño de la mina, Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria del Solway Investment Group, con sede en Chipre.
Los residentes de Lote 8, donde se cree que existen grandes yacimientos de níquel, y de la vecina comunidad Lote 9 Agua Caliente, dijeron que unos diez hombres “armados hasta los dientes” aparecieron sin previo aviso, con la intención de impedir que se lleve a cabo una reunión.
“Cuando les preguntamos por qué estaban aquí, respondieron que tenían órdenes de proteger las tierras de la compañía”, dijo Rodrigo Tot, comunero de Lote 9. “Nos dijeron que no iban a retirarse y asumieron una posición de tiro. Estaban afuera en el corredor, pero apuntaron sus armas hacia nosotros”.
La seguridad privada se retiró al día siguiente – después de la intervención de una jueza de Paz, la decisión de la comunidad de pasar la noche en el bosque, y la llegada de más personal de seguridad privada, el ejército y la policía, que aumentaron la tensión.
“Don Rodrigo dijo “mátenme” y comenzó a caminar hacia ellos” dice Manuel Xó Cú, de la Defensoría Q’eqchi’. “Los otros dijeron: si matan a Don Rodrigo, tendrán que matarnos a todos”. Ni el ejército ni la policía querían ser testigos de la situación. Se retiraron. Luego se retiraron también los agentes de seguridad privada”.
Tot dijo que la población teme que se repitan los hechos de 2007, cuando los residentes de Lote 8 fueron desalojados violentamente por personal de seguridad privada de la compañía, el ejército y la policía, y once mujeres Q’eqchi’ denunciaron asaltos sexuales grupales.
De acuerdo a Xó Cú y la prensa, la reciente invasión al Lote 8 fue seguida de otro intento de desalojo violento por parte de la seguridad de la compañía y la policía, esta vez a la comunidad de Nabalija, con acciones que incluyeron la quema de viviendas, destrucción de cultivos y lanzamiento de gas lacrimógeno a hombres, mujeres y niños.
Estos últimos eventos se suman a otras denuncias de asesinatos, violencia, intimidación, acoso y desalojo de los residentes Q’eqchi’ de la región de Fénix en los últimos años – quienes intentan obtener títulos legales de sus tierras y representan por lo tanto un obstáculo a las operaciones mineras.
Actualmente se tramitan tres juicios por las violaciones de 2007 – que habrían sido cometidas por personal de seguridad de la empresa minera, el ejército y la policía – y por el asesinato del indígena Q’eqchi’ Adolfo Ich Chaman y la herida de bala que dejó inmovilizado a German Chub – que habrían sido cometidos por personal de seguridad.
El año pasado, un fallo emitido por una corte canadiense dictaminó que las demandas eran procedentes en Canadá, dado que los asaltos sexuales habrían sido cometidos cuando la mina Fénix era propiedad de la empresa canadiense Skye Resources, y el asesinato y heridas de bala luego de que fuera adquirida por otra empresa canadiense, Hudbay Minerals.
Hudbay asegura que las denuncias “carecen de mérito”, llama a la población Q’eqchi’ “ocupantes ilegales”, explica que los desalojos de 2007 fueron “implementados bajo órdenes judiciales”, las denuncias de violación no son creíbles y que “en base a una investigación e informes de testigos presenciales, el personal de CGN no estuvo involucrado en la muerte de Ich Chaman”.
Hudbay vendió el proyecto Fénix a Solway, que los Q’eqchi’s llaman “los rusos”, en septiembre de 2011 cuando las demandas judiciales ya se habían presentado – movida que Jennifer Moore de MiningWatch Canada describe como “salvataje”.
“La minería se da en un contexto militarizado por un régimen autoritario que criminaliza sistemáticamente a las comunidades afectadas para imponer el proyecto por la fuerza” dice Moore. “En los últimos meses las amenazas a la población Q’eqchi’ han sido constantes”.
“La impunidad y la represión son la norma en Guatemala y la industria minera global lo sabe muy bien” dice Grahame Russell de la ONG Rights Action, con sede en Estados Unidos y Canadá. “Los rusos son simplemente la nueva compañía e intentarán sacar todo lo que puedan.”
Rodrigo Tot dijo que la Corte Constitucional de Guatemala falló en favor de la propiedad legal Q’eqchi’ del Lote 9, pero a la fecha esa decisión es sistemáticamente ignorada. Solway, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior de Guatemala no respondieron las consultas.
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* The Guardian: http://www.theguardian.com/environment/2014/jul/24/central-american-guatemala-biggest-nickel-mine-reopens-amid-violent-clashes
Traducido al español para IWGIA y Servindi por Luis Manuel Claps.
