En el programa Voces Sobre la Mesa, les presentamos experiencias y saberes, luchas y triunfos ante la mega minería. Una producción de la Red de Radios Mayas que la integran la Cadena Radial Intercultural FGER, Mensen Met enn Missie, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y la Red de Comunicadores Boca de Polen.
Fuente: Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER)
De parte de México participó Octavio Rosas Landa de Afectados Ambientales, Rafael Sevilla de Consejo Tiyat Tlali para el caso de la Sierra Norte de Puebla y Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación – PODER.
Desde Guatemala Nim Sanik integrante del Consejo de Pueblos Maya de Occidente y Rigoberto Suárez que forma parte de la organización social Barillas en el departamento (Estado) de Huhuetenango.
Octavio Rosas, miembro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales expuso cómo las mineras trasnacionales generan cambios drásticos en los pueblos en los que se extraen los minerales. En América Latina se ha demostrado que son negativos son tanto social como ambientalmente.
Por la destrucción y erosión de los suelos, el enorme gasto de agua que influyen en la comunidad, con afectaciones a la salud por la contaminación del agua y las partículas que son lanzadas a la atmósfera. Otro aspecto importante es que los gobiernos están permitiendo que empresas trasnacionales exploten las riquezas minerales como “beneficio privado y todos los daños son transferidos a las comunidades locales”.
Nim Sanik explicó la situación que se vive en los pueblos mayas de Guatemala. La mega minería, también llamada el “quinto despojo de nuestro bienes materiales”, un daño acelerado del entorno natural, “es quitarle los huesos a nuestra madre tierra”.
Esta actividad “en vez de crear más condiciones humanas de vivencia y de solidaridad, va a haber más destejido social”. El Estado da prioridad a las grandes empresas y deja a las comunidades en una gran desventaja, tanto legal, como económica. Esta desestabilización se ve reflejada en una situación de constante agresión y violación de los derechos humanos.
Rigoberto Suarez platicó sobre la experiencia que en los pueblos del oriente de Guatemala se vive ante las concesiones mineras sobre los territorios indígenas, principalmente mayas. El uso de recursos legales para detener la entrada de los megaproyectos mineros, como es el derecho a la consulta y las demandas, no sólo en pequeños tribunales, sino a nivel internacional el respaldo del Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas.
Se habla de casos exitosos, por parte de organizaciones como el Consejo del Pueblo Maya de Occidente, que han logrado poner un alto ante la megaminería, que no dijo es “lucha por la vida y defensa de los territorios. El derecho a decidir nuestras prioridades en nuestros territorios”. En representación de más de quince pueblos y con la participación de más de un millón de personas, buscan “legar a las próximas generaciones una parte de los bienes naturales que han sido encargados para su cuidado y conservación”.
Nim Sanik de Pueblos Mayas de Occidente, nos platicó que fue a partir de la cantidad de concesiones otorgadas en los últimos años que los pueblos guatemaltecos ven la necesidad de retomar tanto el Convenio 169 y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos indígenas, en defensa de su territorio y su patrimonio.
Hace un llamado al uso y protección de ambos recursos legales, pues al ser un obstáculo para los megaproyectos, se están viendo amenazados por el Estado que impulsado por las empresas mineras, ha intentado una vez más “transgredir el espíritu del Convenio”. Es fundamental evitar que se hagan cambios en este convenio, pues respeta la diversidad de las naciones mayas y da lugar a la libre determinación de los pueblos sobre sus recursos naturales.
Rigoberto Suarez explicó el por qué se está llevando esta lucha en defensa del convenio, pues actualmente ha sido obstaculizada por leyes que buscan reglamentarla de manera que inhabilita una de las funciones principales, que es el derecho a la consulta. El gobierno al no llevar a cabo el convenio en toda su extensión, está violando los derechos humanos de los pueblos indígenas, establecidos por el Convenio y por la Declaración.
Dejando vulnerables a las comunidades ante las grandes empresas mineras, pero también ante sus mismo compañeros que tanto por la ignorancia de lo derechos, como por la necesidad económica, seden a los proyectos de mega minería. Esto rompe el tejido social de toda una población, que constantemente busca ser reconocidas como una sociedad en concepto político y jurídico, con derecho a la decisión sobre sus territorios, “comprometidos con restituir este tejido social roto para que haya una aplicación real de una vida digna dentro de nuestras comunidades”.
Por su lado el ejemplo de la Sierra Norte de Puebla, Omar Escamilla de la organización Poder, arroja cifras que señalan la centralización de estos recursos en compañías y personajes con gran poder económico y político que tienen concesiones extraordinarias en el 20% de la Sierra Norte de Puebla. Para generar esta defensa es vital la capacitación de los pueblos indígenas sobre la cuestión de derechos y las herramientas que se pueden utilizar ante el despojo que viven.
Nim Sanik llama a escuchar el caso guatemalteco del de lo que se ha logrado en el movimiento de los pueblos, “sólo un cambio político dentro de las comunidades podrá garantizar los derechos de los pueblos aparados por estos convenios y su historia”.
A parte de este cambio político dentro de las comunidades, Octavio Rosas de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales señaló que a través de instancias a nivel internacional, es necesario fijar sanciones los estados y a las empresas que están dejando de lado los derechos de los indígenas. Instancias que obliguen al gobierno a respetar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ante los intereses de las grandes empresas mineras.
Producción informativa ALER
