Si yo estoy harta, frustrada e indignada por tantas nuevas violaciones y abusos cometidos por el Gobierno de Guatemala y el sector minero, puedo imaginar cómo se sienten las víctimas de los atropellos. Solo en las últimas semanas, el Consejo del Pueblo Maya Mam llegó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por el caso de la licencia minera San José III, otorgada a Montana Explotadora (Goldcorp), que abarca 25 mil kilómetros cuadrados de su territorio. También acudieron a la CC las autoridades indígenas por la licencia “Eluvia” que el MEM otorgó a la empresa Entre Mares (¡Goldcorp!) en el municipio de Cabricán, Quetzaltenango.
Por Magalí Rey Rosa publicado en Prensa Libre
En días pasados se realizó otra vista pública ante la Corte, pues el Consejo del Pueblo Maya Sipakapense solicitó la cancelación de la licencia “Chocoyos”, otorgada también a Entre Mares (¡¡Goldcorp!!). En todos estos casos, los habitantes de los territorios ocupados por la minera canadiense han realizado consultas de buena fe para que el Gobierno sepa que no quieren minería en sus territorios.
Tal vez el caso más crítico, en estos momentos, es el de La Puya, donde los vecinos llevan más de dos años haciendo turnos para impedir la entrada a la mina. El miércoles hubo extraordinaria tensión en San José del Golfo, pues la vocera de Exmingua dijo que entrarían a las instalaciones a como diera lugar. Ese movimiento de resistencia ha sido absolutamente pacífico y no obstaculiza ningún paso vehicular, pero el miércoles llegaron al lugar unos 75 miembros de la Policía Nacional Civil, todavía no se sabe a qué, aunque hoy se asegura que iban de turismo, pero no se sabe a dónde.
¿Qué tienen en común estos casos? 1. Que la gente rechaza la minería metálica, a pesar de todas las promesas de los mineros. 2. Que el gobierno y quienes deberían velar por la justicia son sordos ante el clamor del pueblo, y 3. Que tienen al mismo abogado. El Lic. Jorge Asencio Aguirre, en la vista pública del 8 de abril, dijo a los magistrados de la CC: “Esta corte, por lo tanto, tiene que tener claro que el Convenio 169 no puede constituirse como un instrumento que sirva para perpetuar la pobreza de este país”, y citó una encíclica de Benedicto 16 (2009): “Las ideologías que niegan la utilidad misma del desarrollo, aquellas que por ejemplo pretenden evitar el progreso de las comunidades nativas de muchos lugares, so pretexto de defender el modo de vida sin los beneficios que la era moderna proporciona, esta idea de un mundo sin desarrollo, expresa desconfianza en el hombre y en Dios”.
El cinismo y la desfachatez del Lic. Asencio asombrarían en un país “normal”. Acá no. El abogado de las mineras está tan preocupado por los pobres y el desarrollo de Guatemala como el Tribunal de (des)Honor del Colegio de Abogados lo está por la justicia. O, como la Comisión de Postulación lo está por elegir a la mejor persona para fiscal general.
Todo esto sucede ante la mirada atónita de un pueblo que ya no tiene capacidad de asombro ni esperanza alguna, pero que busca —pacíficamente— justicia ante sus instituciones. Yo rindo homenaje a quienes defienden nuestra patria de los abusos mineros, a Yassmin Barrios y Claudia Paz y Paz, última reserva de valentía y decencia que tiene nuestro país.
