El Presidente de Guatamala, Otto Pérez Molina, militar retirado (acusado por sus ex camaradas como co responsable de genocidio cometido durante la guerra interna), decretó, el pasado 1º de mayo, el segundo Estado de sitio en lo que va de su gobierno. Esta vez, para reprimir al pueblo indígena Xinca, en los municipios de Jalapa y Mataquescuintal (Departamento de Jalapa), y en Casillas y San Rafael Las Flores (Departamento de Santa Rosa), y para proteger las “inversiones” de la empresa minera canadiense Tahoe Resources (Mina San Rafael).
Por Ollantay Itzamná publicado en ALAI, América Latina en Movimiento
El 1 de mayo del 2012, Pérez Molina también decretó otro Estado de sitio en contra del pueblo Maya, en el Municipio de Barillas, Huehuetenango, para defender los intereses de la empresa española Hidro Santa Cruz, que actualmente opera con mediana calma porque se logró asesinar y encarcelar a las y los dirigentes de las organizaciones en resistencia del lugar.
Estos estados de sitio no sólo coinciden en fechas y objetivos, sino en su método de aplicación.
Estado de sitio permanente como método de gobierno
Tanto en el caso de la hidroeléctrica española, como en el caso de la minera canadiense, el gobierno autorizó a ambas empresa la exploración y explotación de los proyectos, en contra de la voluntad expresa de los pueblos indígenas afectados del lugar.
Ante la presencia incómoda de las maquinarias de las empresas, ambos pueblos indígenas gestionaron diálogos con el gobierno, y al no ser escuchados se movilizaron e impidieron la invasión de las empresas a sus territorios. En ambos casos, las guardias privadas de las empresas dispararon y asesinaron a bala a algunos de los dirigentes indígenas movilizados, situación que desató la ira de las y los organizados en resistencia quienes incluso quemaron maquinarias y detuvieron a agentes estatales.
En ambos casos, inmediatamente el gobierno decretó Estado de sitio movilizando vario millares de militares/policías a la zona para detener a todos los y las dirigentes indígenas, para luego llevarlos a la cárcel por delito de terrorismo y crimen organizado. ¿Será una coincidencia? ¿O será el método poco inteligente del gobierno de Mano Dura?
En lo que va del gobierno de Otto Pérez Molina, se asesinaron selectivamente cerca de 20 dirigentes de organizaciones sociales e indígenas del país que se oponían a la invasión de las empresas extractivas a sus territorios. ¡Pero no existe un solo detenido o enjuiciado por dichos delitos! Eso sí, las cárceles se están llenando de dirigentes indígenas y campesinos conscientes que encarnan la soberanía y dignidad de este país asediado por las transnacionales.
Sólo para indicar un par de datos. La ilusión en la “inversión” privada es tal en Guatemala que, cerca del 60% del territorio nacional cultivable se encuentra bajo el control de las empresas de monocultivo. Existen 428 proyectos mineros (176 son metálicas) en todo el territorio nacional, cuya extensión es mucho más pequeña que un Departamento de Bolivia o de Perú.
Inversión o invasión canadiense
En los últimos tiempos, Canadá ha expandido a más 100 países sus inversiones en materia de minería y de petróleo. Del total de la inversión canadiense en estos rubros, el 70% se encuentran en el extranjero. Pero, las acusaciones por violaciones de derechos humanos, generación de convulsión socioambiental, conflictos laborales, etc. se levantan en diferentes partes del mundo en contra de las empresas canadienses. Sólo para mencionar casos en Latinoamérica:
Chile. Las actividades de la empresa canadiense Barrick Gold, en el mega proyecto minero Pascua-Lama, fueron paralizadas por orden de autoridades judiciales chilenas por delitos socioambientales.
Bolivia. El gobierno boliviano revirtió recientemente el negocio minero de South American Silver Corporation en Potosí, por incumplimiento de los acuerdos. Actualmente, dicha empresa canadiense inició un arbitraje internacional en contra del Estado boliviano.
Perú. El pasado año, la empresa canadiense petrolera Talismán salió urgido de la Amazonía peruana ante la resistencia y convulsión del pueblo Achuar, también por abusos medioambientales.
Honduras. La empresa minera canadiense Goldcorp (que extrae oro a cielo abierto en Valle de Siria, Morazán, Honduras), fue acusada como una de las empresas promotoras del golpe de Estado que destituyó a Manuel Zelaya, en junio de 2009. El motivo del involucramiento de esta empresa en dicho golpe habría sido porque el entonces Presidente Manuel Zelaya intentó prohibir la minería a cielo abierto, el uso de cianuro y la sobreutilización del caudal de las cuencas hídricas en los proyectos mineros. Hace unos meses atrás, el gobierno de Pepe Lobo (que emergió fruto del golpe de Estado), promulgó una Ley minera redactada entre Toronto y Tegucigalpa que aprueba todo lo que Zelaya intentó prohibir. Actualmente, de las más de 200 solicitudes de concesiones mineras en Honduras, cerca de la mitad son de empresas canadienses.
Guatemala. En la actualidad, en Toronto, Canadá, un tribunal estudia si juzga o no a la empresa minera canadiense Hudbay por violaciones de derechos humanos en Guatemala. Y, desde el 1 de mayo, del año en curso, el pueblo Xinca (en el oriente del país) soporta la militarización y el Estado de sitio para garantizar las actividades a la empresa minera canadiense Tahoe Resources, en contra de la voluntad expresa de dicho pueblo indígena.
¿Será que la milicia de traje y corbata, que (des)gobierna a este país policromático desconoce estas referencias? ¿O será que se tomó muy en serio el espejismo neoliberal del “crecimiento” económico que supuestamente hace de Guatemala un país pujante? ¿Qué ocurrirá en la mente del Sr. Presidente quien argumenta no tener las manos manchadas de sangre?
Lo cierto es que el haber convertido al deficiente Estado de Guatemala en un desalmado gendarme de la “inversión” extranjera para criminalizar, perseguir y asesinar a la conciencia moral del pueblo nadie lo va a perdonar. Las y los guatemaltecos conscientes, indígenas o no, organizados y movilizados para defender los bienes naturales del país, no son criminales, ni terroristas. Son el reducto y bastión de la dignidad y de la soberanía de este país cuyas élites fueron incapaces de expresar.
Sr. Presidente, no acelere Ud. la dinámica de la creciente convulsión social generalizada en el país que podría derrocarlo desde las calles antes que Ud. cumpla el período de su mandato. Este pueblo ya comenzó a perder el miedo al rifle y a la bota militar. Recuerde, Sr. Presidente, que los procesos revolucionarios de Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, etc. se deben, en buena medida, al recrudecimiento violento de la tiranía del sistema neoliberal.
