El Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) presentará acciones legales por la aprobación de la licencia minera de explotación de Minera San Rafael. Las denuncias penales se plantearon contra la Secretaria General del Ministerio de Energía Minas (MEM), el Director General de Minería y una asesora del despacho del Ministro.
Fuente: La Hora
Las denuncias serán en contra de la secretaria general del MEM, María Mercedes Bonilla, de la asesora del despacho Justina Solís, así como del director general de minería Fernando Castellanos Barquín.
Las acciones se presentarán por la manera ilegal y arbitraria en la que se entregó la licencia de explotación, según informó CALAS; por eso se desarrollaran todas las acciones legales en materia constitucional administrativa y penal para invalidar la licencia otorgada.
Además de solicitar de inmediato la investigación criminal de oficio al Ministerio Publico, a fin de sancionar a los funcionarios responsables de esta “violación del ordenamiento jurídico nacional”.
La Hora buscó una reacción del MEM al respecto, pero al cierre de esta edición no se tuvo respuesta.
RECHAZO
CALAS rechazo profundamente el otorgamiento de la licencia de explotación a la empresa minera San Rafael S.A. contra la cual pesa una denuncia penal por contaminación industrial de las aguas de la quebrada El Escobal, afluente directo del río los Esclavos, situación que hacia totalmente inviable la aprobación de la licencia otorgada, informó la organización ambientalista en una conferencia de prensa.
Yuri Mellini, director de CALAS señaló que “el gobierno de manera irresponsable autoriza una licencia que está plagada de vicios legales y por lo tanto es nula de pleno derecho” por lo que desde ayer iniciaron las acciones legales que correspondan.
Rafael Maldonado de CALAS, índico que se encuentran sumamente preocupados por la forma “ilegal, arbitraria y oscura” en la que el MEM otorga la licencia de explotación a la empresa minera San Rafael por lo que rechaza esta situación.
VIOLACIÓN
CALAS indicó que la actitud asumida por el MEM viola la prevalencia del bien común por ignorar las consultas de vecinos celebradas en los municipios del Casillas, Nueva Santa Rosa y Santa Rosa de Lima, así como las asambleas comunitarias de consulta de San Rafael las Flores.
En las asambleas, el 98 por ciento de los pobladores rechazaron el desarrollo del proyecto minero, por lo que se manifiestan notorias ilegalidades al otorgamiento de la licencia a la minera San Rafael. Además de la seria violación al Estado de Derecho por parte del MEM, al rechazar tramitar al menos 250 oposiciones administrativas presentadas por pobladores de los municipios afectados por la licencia minera otorgada.
Según CALAS esta decisión administrativa, aparte de ilegal, representa una seria violación a los derechos fundamentales de los interponentes, toda vez que de acuerdo a los artículos 46, 47, 48, 49 que regula lo relativo a las oposiciones administrativas, no exista fundamento legal para rechazar dicho proceso.
