En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, representantes del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) y del Consejo Diocesano de Defensa de la Naturaleza, Santa Rosa (Codidena), reflexionaron y criticaron la operatividad de las industrias mineras en el país, las cuales empiezan a causar daños en el ambiente y a sus pobladores, aunado a los conflictos en los que ha detonado.
Fuente: La Hora
Yuri Melini, director de Calas, indicó que el mayor desafío es que las autoridades y las empresas mineras entiendan que es el país y sus pobladores quienes deben decidir si están de acuerdo o no con las actividades realizadas por esas instancias.
“El desafío más grande es que el Gobierno que ejerce el poder político y la gente que ejerce el poder económico, entiendan que hay que concertar en el país una democracia, la manera de cómo estos temas se están polarizando, están llevando a un conflicto de mayores dimensiones y corresponde al Gobierno, al Presidente, como representante de la República, llamar al diálogo a la concertación, a la discusión, de eso trata y es posible en la medida que nosotros, los activistas ambientales de derechos humanos estamos dispuestos a platicar”, indicó el entrevistado.
El director de Calas dijo que lamentablemente el Gobierno no es objetivo con estos conflictos, sus acciones, como lo sucedido recientemente en La Puya, donde fue desplegado un fuerte contingente de antimotines, hace pensar que las autoridades están del lado de las mineras.
“El gobierno no está siendo objetivo, no está representando la unidad de la nación, pareciera estar del lado de las empresas, del lado de la gente económicamente rica, pero los pobres no cuentan en este Gobierno, eso es doloroso”, reiteró.
El activista dijo que más que celebrar este día, tienen muy claro que los derechos humanos son de los ciudadanos que tienen la tarea de defenderlos y reclamarlos.
“El país está muy lejos de cumplir estándares de derechos humanos pero somos nosotros, la sociedad, la que tiene que exigir y cumplir esos derechos”, indicó.
CONFLICTOS Y DAÑOS
Luego de varios meses de manifestación pacífica, el pasado viernes, un fuerte contingente de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) intentó desalojar a los pobladores de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, argumentado que obstaculizaban la vía pública.
Tras la mediación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) se logró tranquilizar la situación, pero antes de eso, tres personas –entre ellas dos niñas– resultaron intoxicadas y cuatro personas fueron detenidas.
Los vecinos pretendían evitar el ingreso de maquinaria de la empresa minera, la cual, según ellos, contaminaría las fuentes de agua y expulsaría a los vecinos de sus comunidades.
El 18 de septiembre detonó un hecho similar en San Rafael Las Flores, un contingente policial fue desplegado; al menos tres personas resultaron heridas, hubo unas 19 capturas y dos vehículos de la empresa minera fueron quemados.
Aniseto López, del Frente de Defensa Miguelense (Fredemi), indicó que la semana pasada presentaron una denuncia ante el Ministerio Público (MP), derivado de que personas que residen a inmediaciones de la Mina Marlin, sufren problemas respiratorios, y al menos seis reses que bebían agua del río Cuilco, han muerto.
