«100 millones de litros de agua por día se necesitan para extraer oro. Esta cantidad devastaría el ecosistema de las Sierras Centrales», advirtió Soledad Sede, Coordinadora de la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (RedAJ). Entre 2008 y octubre de 2012, la Dirección de Minería publicó 13 denuncios mineros en el Boletín Oficial: 11 a particulares y 2 a empresas megamineras canadienses TNR GoldCorp y Meritus Minerals, cuyo apoderado legal es Carlos José Antonio Sergnese. Al otorgar estos denuncios la dirección de minería pone los yacimientos de la provincia en el mercado, y las empresas que los obtienen comienzan a negociar con ellos.

Fuente: La Gaceta Digital
La ley sancionada en 2008 prohibiendo la megaminería en la provincia, aún no fue reglamentada. En este marco, la empresa minera TNR GoldCorp explica en su sitio web que está buscando «socios para comenzar un proyecto conjunto en La Carolina (San Luis)».

«Una ley sin reglamentar es un remedio sin prospecto», explicó Soledad Sede durante la conferencia de prensa brindada ayer. «La falta de reglamentación implica que ninguno de los ministerios ni direcciones actúan como responsables últimos de la implementación de la ley. Si estuviera vigente, estas empresas no pondrían un pie en la provincia. Mientras existan estos proyectos, cualquiera de estas empresas canadienses que ahora están explorando, que viene a la provincia con poder y dinero, va a hacer la presión suficiente para derogar la ley y dejarnos sin agua», denunció Sede.

La empresa Marifil Mines sacó la última gacetilla de prensa el 12 de octubre de este año anunciando las reservas aproximadas en su proyecto Las Águilas en la provincia (un contenido mínimo de 18.871 toneladas de cobre, 18.796 toneladas de níquel, 1.381 toneladas de cobalto y 1.222.670 oz de platino paladio) En el comunicado anuncian que se encuentran «entusiasmados con el desarrollo a corto plazo, esperan asociarse con una compañía que se enfoque en expandir sus recursos y comprometerse con el desarrollo minero. Además, confían en el potencial del proyecto».

En este marco, el ministro de Minería, Walter Padula y la ministra de Medio Ambiente de San Luis Daiana Hissa niegan la existencia de Megaminería con sustancias tóxicas en la provincia.

Sin embargo, Pinsapo ECOGOLD estuvo trabajando todo el año pasado en nuestros ríos y mantuvo un laboratorio clandestino en La Carolina desde donde arrojaba sustancias tóxicas a la calle. La actividad de la empresa fue «suspendida» por el Ministerio de Ambiente y todavía no se realizó ninguna tarea de remediación en la zona. «Nosotros pedimos a Ambiente ver el expediente hace más de un mes y aún no hemos tenido respuesta» explicó Sede.

En numerosas oportunidades, a través de asambleas, organizaciones y como ciudadanos autoconvocados, las ONGs RedAJ y Buen Vivir han presentado notas al gobernador de la provincia solicitando la protección de nuestras sierras y sus fuentes de agua de manera concreta con la instrumentación de las leyes existentes, sin obtener respuesta.

» El miércoles pasado le entregamos en mano al gobernador todas esas notas y copias de los proyectos mineros contaminantes que las empresas ya están promocionando en el extranjero, porque es urgente instruir a la Dirección de Minería y a Ambiente», explicó Ramón Sanz Ferramola de la Asamblea del Buen Vivir y concluyó: «Queremos la reglamentación de la ley que prohíbe la megaminería en la provincia y de la ley que declara zona protegida las sierras centrales, el nacimiento de todos los ríos de la provincia, nuestra fuente de agua. Las expresiones de deseos o de buena voluntad de los ministros Hissa y Padula no constituyen actos de gobierno, queremos ver su voluntad expresada en una reglamentación que ordene a la Dirección de Minería para que deje de dar denuncios mineros».

«La minería es una actividad que no es sustentable porque implica el agotamiento de un recurso NO renovable, en este caso el oro, que estas empresas extraen a gran escala, utilizando tóxicos y grandes cantidades de agua. Si en San Luis se prohíbe la actividad, las empresas mineras no pueden tener expedientes avanzando en ninguna oficina de Gobierno», precisó Sede. «Si en la Provincia de San Luis se prohíbe la megaminería, entonces que se reglamente la ley para que ninguna empresa minera ponga un solo pie en nuestros ríos.

«Nos preocupan sobre todo los lazos que vemos entre funcionarios del Gobierno y las empresas mineras que están explorando y comerciando nuestros ríos y reservas minerales. Juan Carlos Antonio Sergnese es apoderado de Meritus Minerals y el contador Hugo Eugenio Zudaire, actualmente miembro del tribunal de cuentas de la provincia, es apoderado de la sucursal puntana de la empresa canadiense CASTILLIAN RESOURCES. Esto figura en los boletines oficiales, salta a la vista buscándolo en internet ¿Se imaginan todas las otras cosas que están pasando y ni nos enteramos?», se preguntó Rosita Somare, miembro de la Asamblea Buen Vivir.

La megaminería en el país

Entre 2003 y 2011, se dictaron nueve leyes provinciales de prohibición de la magaminería. Estas leyes ya han sido derogadas en La Rioja y Río Negro. En Mendoza y Córdoba hay dos pedidos de inconstitucionalidad. En Chubut, la ley es víctima del lobby minero. En Veladero (San Juan) para extraer 6 gramos de oro, se necesita explotar una tonelada de montaña. Allí extraen 11 mil onzas de oro por día, facturando más de 15 millones de dólares. Para esto, utilizan más de 100 millones de litros de agua por día. «Esta cantidad devastaría el ecosistema de las Sierras Centrales en San Luis», explicó Sede.

Proyectos de empresas mineras en San Luis:

-«La Carolina» de la empresa TNR Goldcorp (Oro)
-Meritus Minerals (oro) que tiene como apoderado legal a Carlos José Antonio Sergnese
-Las Águilas de la empresa Marifil Mines (Cobre, níquel, cobalto, platino y paladio)
-Rodeo de los Molles de la empresa Wealth Minerals
-San Martín 1, San Martín 2 y Concarán de la empresa U308 Corp (uranio)
-Las Chacras de la empresa Rara Terra Minerals Corp
-Diente Verde de Ama Resources