En una carta dirigida a Mick Wilkes, director ejecutivo de OceanaGold, a la junta directiva y los accionistas de esta empresa minera canadiense-australiana, unas 280 organizaciones de la sociedad civil piden que la cuestionada minera “pague la deuda y abandone El Salvador”.
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Fuente: Radio Canadá Internacional
Para saber más sobre esta carta enviada en representación de 180 millones de personas en defensa de los intereses de El Salvador, Radio Canadá Internacional pudo conversar con Jennifer Moore, miembro del organismo canadiense Alerta Minera, con sede en la capital Ottawa.
Este conflicto entre comunidades locales y empresas mineras con sede en Canadá o con participación canadiense refleja elementos comunes en tales situaciones: por un lado comunidades que ven afectadas sus tierras o sus fuentes de agua por la contaminación medioambiental, por el otro, gobiernos nacionales que buscan atraer las inversiones internacionales para crear fuentes de empleo y fuentes de ingreso fiscal, y las propias empresas mineras, que tienen que satisfacer a sus inversionistas con el logro de utilidades en sus operaciones.
En 2009 la subsidiaria Pac Rim Cayman demandó al gobierno de El Salvador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) debido a la negativa del gobierno salvadoreño de otorgarle un permiso de operaciones, reclamando primero unos 200 millones de dólares a un país empobrecido tras una larga guerra civil alimentada por las políticas de Estados Unidos en América Central.
Alerta Minera Canadá señala que tras una batalla legal que duró siete años en la que el gobierno de El Salvador luchó por proteger la cuenca de su principal rio, El Lempa, y por defender su derecho a decir “no” a la minería metálica, el 14 de octubre de 2016 un laudo emitido por el CIADI declaró por unanimidad que la demanda de Pac Rim Cayman no tenía mérito legal.
Tras el fallo, las organizaciones de la sociedad civil aliadas en la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica exigen, de acuerdo a lo señalado en un comunicado, que la minera OceanaGold cumpla la decisión del CIADI, pague los ochos millones que debe a El Salvador por costos legales. También piden, entre otras demandas, que “OceanaGold, Minerales Torogoz, Dorado Exploraciones y la Fundación El Dorado se retiren inmediatamente El Salvador y cese la publicación de anuncios pagados y otra información ilusoria sobre sus actividades en El Salvador.”
