En el cantón Los Prados, del municipio de La Laguna, Chalatenango, el CRIPDES realizó el foro “Minería transfronteriza en El Salvador”, donde llevó al debate el tema con las comunidades, la socialización de propuestas y alianzas sociales, frente a la amenaza de la extracción de metales preciosos en los países con los que comparte fronteras.
Fuente: Diario CoLatino
“Mi madre era hija de mineros y cuando le contaba todo lo que sucedía aquí (El Salvador) me contó que cuando su padre terminaba de trabajar (un proyecto minero) esa zona quedaba desértica y en todos los países del mundo es un daño total”, dijo Teresa García, religiosa de La Asunción, quien trabaja desde hace 31 años junto a la comunidad en San José Las Flores, Chalatenango.
La hermana Teresa, en su intervención, reseñó la importancia de factores sociales que fueron estratégicos para aglutinar a los pobladores en la defensa del territorio como: concienciación del problema ¿qué era la minería?, la resistencia social que se basó en la solidaridad con otras comunidades, la participación íntegra de la comunidad, la convocatoria social, la resistencia en unidad y el acompañamiento de la Iglesia Católica.
“Llevamos 31 años acompañando a la comunidad y con relación al intento de las empresas mineras de ingresar al territorio que retomó el gobierno local y toda la población, puedo decir que sí hubo realmente un factor de lucha fuerte y lo hicimos todos juntos por la defensa de la vida. Esto es algo primordial, si queremos construir el Reino de Dios, entonces la fe exige la defensa de la vida”, narró.
Cuando la empresa minera llegó por el 2005 al municipio de Las Flores, relató que esos trabajadores solo llegaron a poner señales, medir terrenos y abrieron zanjas que alarmaron a la gente, pero la religiosa consideró que lo importante de la experiencia fue la decisión de la ADESCO de prohibir la minería, el trabajo del gobierno local apoyó.
“En la comunidad se comenzó hacer la lucha de la resistencia al quitar las señales que habían puesto los trabajadores de la minera, con un peinado de terreno con niños y adultos, luego se les impidió el paso hacia los terrenos, y luego, ya había una barrera de pobladores que les decían que se fueran. Posterior, llegaron a hablar con directivos de la ADESCO, para hablar de los bienes que traería la explotación minera. En la reunión se les dijo que no nos interesaba todo ese desarrollo que al final traía muerte y siguieron insistiendo con distintas ofertas de empleo, reconstrucción del pueblo y viajes, pero nos negamos”, comentó.
“Para nosotros es una tierra sagrada este territorio chalateco y contornos de San José Las Flores, ahí están tantos compañeros y compañeras que dejaron sus vidas, sus huesos están enterrados por ahí, todo es significativo como comunidad, y era imposible reconstruir un pueblo cuando ya lo habíamos hecho con tanto amor y una gran solidaridad de otros países, era como decirle a una madre le vamos a matar a su hijo que acaba de nacer”, argumentó.
Otro elemento fundamental que destacó la religiosa fue la solidaridad y comunicación con otros municipios. “Todos se unieron desde Arcatao hasta Guarjila, la gente salió de sus casas y se quedaron impidiendo el paso de los vehículos, diciendo que no querían la minería y no fue una acción violenta, pero fue una resistencia muy firme, fue una experiencia bonita de organización y solidaridad que luego se hizo departamental”.
La “Minería Transfronteriza” no es ajena para Rodolfo Calles, de CRIPDES, quien desde la lucha frontal que se hizo contra la minería, y que terminó con una ley de prohibición, esta no sería suficiente para proteger los bienes naturales del país.
“Porque de nada sirve nuestra ley de prohibición de minería, si tenemos la amenaza de minería transfronteriza de dos países (Guatemala y Honduras) esto implica, que la gente debe conocer su ley para defenderse y debe entender en especial a las comunidades que viven en zonas fronterizas que la amenaza está latente, por tanto, debe organizarse más, para evitar la contaminación y buscar apoyo con el Estado”, sostuvo.
La lucha social, afirmó Calles, debe construirse con apoyos de diversas comunidades, ya sea entre los países vecinos, como el apoyo de organizaciones internacionales que velan por este tipo de iniciativas, como el derecho humano al agua, a través de convenios bilaterales que minimicen los daños a los pueblos en los territorios fronterizos.
“El país ya demostró que la organización y la lucha social puede ser y obtener buenos resultados, El Salvador es un buen ejemplo, pero el problema que existe con Honduras y Guatemala es que las empresas mineras ya están ahí explotando las minas, entonces, se debe luchar para bajar la injerencia de estas empresas en la región”, señaló.
En cuanto a los ríos que muchas veces son fronteras naturales entre los tres países, Calles consideró que debe trabajarse para potenciar el tema, como el río Sumpul que divide a El Salvador de Honduras (Chalatenango) y que pese a ser una corriente de agua de corto recorrido se considera menos contaminada a nivel nacional.
“Se debe aplicar el principio de prevención y protección que dice, que cuando no hay certeza que algo no va a dañar lo mejor es no hacerlo y con la minería sabemos que atenta contra el poco recurso hídrico. Aquí está en juego el trabajo de las organizaciones internacionales sobre el derecho humano al agua y los tratados internacionales con aguas transfronterizas.
El SICA y el PARLACEN, que tienen una incidencia en la región, deben poner sobre la mesa este tema, para que los países que lo integran concluyan que antes del interés comercial están los pueblos, porque sino, esa será la lucha social por defender la crisis hídrica”, reafirmó.
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