En la Legislatura de El Salvador el grupo parlamentario del FMLN planteó -el pasado lunes 12 de abril- una reforma a la actual Ley de Minería, orientada a prohibir en forma definitiva la nociva minería de metales. La moción ya está en estudio de la Comisión de Salud Pública y Medioambiente del Congreso.
Por Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
21/04/2010. La propuesta del partido gobernante difiere formalmente del planteamiento de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, que insiste desde octubre de 2007 en la aprobación de una nueva ley minera.
Sin embargo, ambas mociones coinciden en el contenido y en su propósito: prohibir terminantemente la exploración y explotación minera.
La iniciativa del FMLN podría lograr el apoyo de las fracciones legislativas de ARENA y GANA, que declararon recientemente su disposición a aprobar una prohibición de la minería metálica, y obtendría el respaldo del Presidente Mauricio Funes, quien ha prometido sancionar una normativa que prohíba la minería si el Parlamento la aprueba.
La prohibición definitiva de las actividades extractivas es importante por cinco razones, que es oportuno reiterar:
La primera es que esta medida pondrá al país a salvo de los graves peligros que representa la minería de metales: daños ambientales, conflictos sociales, pérdidas económicas y corrupción, perjuicios que Pacific Rim causó en Cabañas aún sin haber explotado los minerales.
La segunda se refiere a que la prohibición de la minería acabará con la fuente de conflictividad que provoca la presencia de las compañías extractivas, pues éstas serían obligadas a retirarse inmediatamente de El Salvador.
La tercera es que al prohibir las actividades mineras, el gobierno evitará que empresas extractivas vengan al país y luego nos demanden por negarles las licencias de exploración y explotación solicitadas.
La cuarta hace referencia a que prohibir la explotación minera dará mayor fuerza moral al Estado salvadoreño para solicitar a su homólogo guatemalteco revertir el proyecto minero Cerro Blanco, en Asunción Mita (Jutiapa, Guatemala), que podría contaminar el Río Lempa.
La quinta es que la prohibición minera fortalecerá los argumentos de El Salvador frente a las acusaciones de Pacific Rim en el CIADI, pues el derecho ambiental internacional otorga a los Estados la facultad soberana de aprobar medidas de protección ambiental y social.
La prohibición de la extracción de metales también representa una valiosa oportunidad para que todos los grupos parlamentarios se reivindiquen con el país y aprueben una medida esperada por amplios sectores nacionales, que se oponen a los tenebrosos proyectos mineros.
El momento es oportuno para que el país entero reitere su rechazo a la explotación minera, exigiendo al Parlamento aprobar la reforma planteada por el FMLN como medida inicial de la prohibición, que deberá garantizarse de mejor manera después con una nueva ley de minería.
