La demanda por 100 millones de dólares que la empresa minera Pacific Rim mantiene en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), podría quebrantarse a criterio del experto en arbitrajes Marcos Orellana. A criterio del experto y director del Center for Internacional Environmental Law (CIEL), la demanda de Pacific Rim no tiene “solidez” y tiene varias “falencias”.
Por Beatriz Castillo publicado por Argenpress/ Colatino
16/04/2010. “Una de ellas es que la solicitud de arbitraje no contenga un examen detallado de los hechos que se espera ventilar en el arbitraje, eso es una desventaja del inversionista y de su demanda, eso se convierte en una ventaja para el Estado salvadoreño” explica.
Además, existe otra ventaja para el Estado, ya que el Derecho Internacional reconoce que El Salvador tiene la capacidad de regular para la protección ambiental y la defensa de los derechos humanos de las poblaciones; lo que le permite negarse a avalar algún tipo de proyecto que se vuelve un atentado en estos dos temas.
Según la información que se maneja, la empresa minera pide a el Estado salvadoreño una “indemnización de 100 millones de dólares por haberle negado el permiso de explotación de la mina el Dorado, en San Isidro Cabañas”.
Hasta la fecha, el CIADI ha pedido a las partes involucradas que nombren a sus respectivos defensores en el proceso, pero aún no designa a los árbitros que llevarán ni las fechas para las audiencias.
Mientras se fijan las fechas, el CIEL organización con experiencia en arbitrajes, evalúa presentar un escrito de “Amicus Curiae” ante la CIADI, para que en el juicio, las organizaciones aglutinadas en la “Mesa Nacional Frente a la Minería” pueden tener voz en el proceso.
“El Tribunal tiene la facultad de recibir este escrito por parte de las organizaciones, para que puedan presentar perspectivas que ayuden al tribunal a mejorar y decidir la controversia”, explica Orellana.
Una petición de este tipo se permite cuando las partes en conflicto involucran a una de interés público, como es el caso de El Salvador, por lo que se espera una respuesta favorable ante la petición.
En una evaluación hecha por el experto sobre la demanda de Pacific Rim, y una segunda hecha por Commerce Group, las empresas mineras están tratando de utilizar el CAFTA para presionar al estado de El Salvador, para que le otorgue permisos a los cuales no tiene derecho.
Si en El Salvador existe una ley que regula el tema de la minería para la protección ambiental y el derecho de las comunidades, y si los inversionistas no cumplen con los requisitos, entonces de acuerdo a la ley no tienen derecho.
El CAFTA no puede ser utilizado como herramienta de presión, afirma el experto que participó en un Foro Mesoamericano de Minería.
