La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el 29 de marzo la Ley de Prohibición de Minería Metalífera, que acaba de entrar en vigencia. Ahora debe reglamentarse e implementar alternativas para unos 1.000 trabajadores artesanales. Los movimientos sociales en El Salvador enfrentan nuevos desafíos; sobre eso dialogamos con José Santos Guevara, coordinador del Movimiento de Víctimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Corporaciones (MOVIAC).
Fuente: Radio Mundo Real
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La ley fue aprobada por unanimidad, pero Santos señaló que legisladores de la derecha han mostrado “un sentimiento de arrepentimiento”. De todos modos, la ley fue sancionada por el presidente, Salvador Sánchez Cerén, y quedó firme. Además de reglamentarla, resta definir alternativas de vida para 1.000 personas que se dedican a la extracción de metales en proyectos mineros abandonados, que también han manifestado su oposición a la nueva ley.
El Estado salvadoreño está intentando cobrar lo adeudado por la minera Pacific Rim/OceanaGold, que había demandado a El Salvador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial por entender que se le estaba limitando su actividad. Pero el CIADI falló a favor del Estado, y ahora la minera debe pagarle 8.000.000 de dólares a El Salvador, algo que no ha hecho, y por eso la Fiscalía allanó las propiedades de la minera, informó Santos. El MOVIAC propone que con ese dinero se tome una parte para indemnizar a los 1.000 trabajadores que se dedican a la explotación artesanal.
Por el agua
La lucha por la defensa de los bienes naturales continúa y ahora las organizaciones sociales están trabajando para que se apruebe la Ley General de Aguas, que es discutida desde hace diez años en el ámbito legislativo. Santos comentó que el sector privado insiste para que el agua no sea considerada como un bien público. Las clases populares, en cambio, plantean que sea considerada como un derecho humano y no como una mercancía.
El MOVIAC, la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y el Foro del Agua presentarán una propuesta para crear una institucionalidad: una autoridad nacional del agua en la que estén representados los distintos sectores sociales y campesinos. La idea es que el ente rector esté a cargo de entidades públicas, pero que los sectores sociales puedan asesorar. La derecha tiene mayoría en el ámbito parlamentario y si la ley se aprobara únicamente con la opinión de las empresas privadas, se estará en la antesala de la privatización del agua en El Salvador, anunció Santos.
