Ambientalistas de El Salvador no dudan en apuntar su dedo acusador contra los responsables de una mina manejada por una firma transnacional canadiense, a la hora de señalar a quienes están detrás del asesinato de tres activistas contra la minería de oro y plata en el centro del país.
Por Edgardo Ayala para IPS
San Salvador – 16/01/2010.
Los tres crímenes se cometieron entre junio y diciembre de 2009 en el central departamento de Cabañas, donde la empresa Pacific Rim El Salvador, subsidiaria de la canadiense Pacific Rim Mining Corp (PacRim), realiza actividades de exploración de yacimientos de esos metales desde 2002.
Las autoridades salvadoreñas negaron en 2008 a esa empresa el permiso de explotación de la mina El Dorado, situada a 65 kilómetros al noreste de la capital, tras una campaña masiva contra la actividad minera, a la que se sumaron organizaciones, autoridades, pobladores y hasta la jerarquía de la Iglesia Católica salvadoreña.
PacRim ha demandado al Estado por 700 millones de dólares, como consecuencia de esta decisión.
El primer activista en ser asesinado fue Marcelo Rivera, de 37 años, miembro de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas y uno de los líderes de la oposición a las operaciones de PacRim en la zona. Su cadáver fue hallado dentro de un pozo el 30 de junio.
La segunda víctima fue Ramiro Rivera (sin relación familiar con el anterior), del Comité Ambiental de Cabañas, asesinado el 20 de diciembre con fusiles M-16, en la población de LaTrinidad, dentro del municipio de Sensutepeque, la capital del departamento.
Seis días después en la misma población y con el mismo tipo de arma fue asesinada Dora Alicia Sorto, de 32 años e integrante también del Comité. Sorto estaba embarazada de ocho meses y regresaba a su casa de lavar ropa en un riachuelo vecino, cuando sus asesinos la interceptaron. Hirieron, además, al hijo de 2 años que la acompañaba.
Héctor Berríos, abogado y miembro de la Mesa Nacional Frente la Minería Metálica, afirmó que la motivación de los asesinatos está claramente conectada a la actividad que ellos desarrollaban contra la minería en general y contra la PacRim en particular.
“Lo que hay que preguntarse es quiénes salen beneficiados con esta campaña de terror” contra los opositores a la minería, dijo Berríos a IPS. Pero admitió que es muy difícil establecer el alegado vínculo entre los asesinatos y la transnacional.
PacRim emitió un comunicado el 4 de enero desde su sede central en la ciudad canadiense de Vancouver, en que “negó inequívocamente las acusaciones” de grupos ambientalistas salvadoreños que la vinculan con los asesinatos en La Trinidad, las calificó de injustas y negó que haya pruebas que conecten las muertes con la minería.
La empresa se hizo eco de versiones de sectores de la prensa salvadoreña que conectan los “trágicos incidentes” con “una disputa de vieja data entre dos familias locales”, y demandó a todas las partes a confiar en que la justicia esclarezca los hechos.
A Ramiro Rivera ya lo habían intentado asesinar el 7 de agosto, tras lo cual la policía pasó a protegerlo. Pero cuatro meses después los agentes que lo acompañaban nada pudieron hacer con sus armas cortas, frente a los fusiles M-16 con los que varios sujetos le dispararon.
Berríos aseguró que la estrategia de atemorizar a los que protestan contra la minería de metales es un patrón que las transnacionales del sector utilizan en otros países de América Latina y el mundo, aunque no brindó ejemplos.
“Pero la violencia no va a detener esta lucha en la que estamos por proteger al medio ambiente y la salud de las personas”, dijo.
En tanto, Miguel Ángel Rivera, hermano de Marcelo Rivera y miembro también de su asociación, dijo que los asesinatos han sembrado miedo en algunos de los miembros del movimiento contra la minería, pero que él seguirá pese al miedo que siente por su hija y su esposa.
“Cuando mi niña de ocho años se va a la escuela pienso en qué tan segura estará ella”, relató a IPS. “Por las noches, cualquier carro (vehículo) que pase haciendo ruido, me hace pensar lo peor”, añadió durante una vigilia realizada en La Trinidad para levantar el ánimo de la comunidad y de los ambientalistas tras los dos asesinatos de diciembre.
Rivera dijo que su decisión de proseguir es porque “sabemos que estamos en el lado correcto”. Además, para él abandonar ahora la lucha contra la minería sería como si toda la labor de su hermano “hubiera sido en vano”.
La estatal Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos criticó a fines de diciembre a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General (acusación pública), al calificar como “negligente” su investigación sobre las muertes de los ambientalistas.
Howard Cotto, subdirector de la policía, dijo a IPS que la acusación era inaceptable. “Negligencia sería no investigar o descartar líneas de investigación, pero ese no es el caso”, señaló. Agregó que la investigación sigue su curso y no se puede poner fecha al esclarecimiento de los crímenes, que puede suceder en “días, semanas o meses”.
Precisó que la policía no puede, sin pruebas, afirmar que hay un nexo entre los asesinatos y las protestas contra la minería. Pero esa es una de las hipótesis que se maneja.
Lo que sí confirmó es que los dos homicidios de diciembre en Trinidad fueron ejecutados por sicarios, con armas de grueso calibre. Pero no se sabe quiénes son los autores intelectuales que contrataron a los asesinos materiales.
En el caso de Marcelo Rivera ya hay cuatro autores materiales detenidos, contra los que se iniciará un juicio en febrero. Pero tampoco se conoce a los inductores.
Desde que la PacRim comenzó su proyecto de exploración en El Dorado, organizaciones ambientalistas, religiosas y pobladores de la zona mantienen una campaña constante contra las actividades de la compañía, por considerar que la minería de metales acarrea consecuencias negativas para la salud y para el medio ambiente.
El libro “El lado oscuro del oro, impacto de la minería en El Salvador”, escrito por Florian Erzinger, Luis González y Ángel M. Ibarra, y publicado en diciembre del 2008, señala que América Central padece una “nueva fiebre del oro” con la excepcional subida de hasta los 1.000 dólares por cada onza del metal.
En el caso salvadoreño, desde 2006 se aprobaron 29 proyectos exploratorios y las 11 empresas mineras extranjeras que los controlan demandaron ya en 25 casos permisos de explotación.
Pero, en los hechos, la negativa al permiso de actividades PacRim supuso la paralización de todos los demandados posteriormente.
El gobierno de Elías Antonio Saca (2005-2009), de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), vio inicialmente con buenos ojos la llegada de empresas e inversiones para explotar las riquezas mineras del país, el más pequeño de América Central y el único del área sin costas al océano Atlántico, aunque sí al Pacífico.
Pero retrocedió a la hora de otorgar los permisos de extracción, debido a la fuerza y extensión de la oposición a la actividad, en momentos que el país vivía una campaña electoral, que finalmente Arena perdió en marzo de 2009, ante al izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Desde que el ganador de la contienda, Mauricio Funes, asumió la presidencia el 1 de junio ha insistido en que no va a aprobar esos permisos.
“Aquí no hay donde perderse, mi gobierno no va a autorizar ningún proyecto de explotación minera”, aseguró Funes el día 11 al inaugurar el año escolar en Sesuntepeque, al mismo tiempo que aseguró que “vamos a aclarar” los asesinatos de los ambientalistas, cuya tarea elogió.
El libro sobre el impacto de la minería, asegura que en total los 25 proyectos que solicitan iniciar la actividad proyectan extraer unos 12 millones de onzas de oro y 78 de plata. En el proceso se utilizarían unos 22 millones de litros de agua, y se aplicarían unas 950 toneladas de cianuro, un tóxico considerado mortal.
Es precisamente el impacto sobre las fuentes de agua que ya se hizo visible desde que comenzaron las exploraciones y el efecto sobre la salud del uso del cianuro y otros tóxicos, lo que llevó a las comunidades de las zonas mineras a movilizarse contra la llegada de la minería.
En total, los autores aseguran que la explotación aurífera generaría en los 25 proyectos ganancias globales por unos 10.000 millones de dólares, mientras que precisan que ya en la fase exploratoria PacRim extrajo 1,4 millones de onzas de oro.
