Un grupo de empleadas domésticas de Nueva York y una organización contra la explotación minera en El Salvador recibieron el premio Letelier-Moffitt de Derechos Humanos. La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica es integrada por una decena de organizaciones sociales buscan que se apruebe una ley que prohíba la minería metálica por su impacto medioambiental y sanitario.
Fuente: EFE
Washington, 15/10/2009. El premio Letelier-Moffitt de Derechos Humanos es concedido en honor del ex canciller chileno Orlando Letelier y su asistente, Ron Moffitt, asesinados en 1967. El salvadoreño William Castillo, miembro de La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, aseguró a Efe que este premio reconoce el “esfuerzo” y la “digna labor” que realizan las organizaciones que buscan que se apruebe una ley que prohíba la minería metálica por su impacto medioambiental y sanitario.
Esta Mesa la integran una decena de organizaciones sociales, campesinas y ambientalistas que se oponen al proyecto que pretende desarrollar la empresa canadiense Pacific Rim, que ha iniciado un proceso de arbitraje internacional contra el Estado por negarle los permisos de explotación, explicó Castillo.
Castillo, ingeniero industrial, es miembro del Centro de Estudios sobre Inversión y Comercio (CEICOM) de El Salvador, y junto con Francisco Pineda, coordinador del Comité Ambiental de Cabañas (CAC), expusieron hoy el caso ante el Congreso estadounidense, antes de recibir el premio.
Según explicaron, Pacific Rim presentó un estudio de impacto ambiental para explotar las minas de oro del norte que no ha superado el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente, por lo que la compañía ha recurrido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
La empresa “considera que tiene respaldo jurídico para hacer unas inversiones, al amparo del CAFTA, para que se dé la explotación minera”, lamentó Castillo, que señaló que la Mesa cuenta también con el respaldo de la iglesia y de la sociedad civil.
En la comparecencia, también estuvo presente Stephanie Burgos, de la ONG Oxfam, que consideró que el comercio puede ayudar a reducir la pobreza pero “sólo si las reglas favorecen a los países en vías de desarrollo y las comunidades vulnerables”, algo que en el caso del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EEUU (CAFTA) “no es así”, dijo.
En su opinión el CAFTA “va a socavar el proceso de desarrollo de los países centroamericanos, en concreto en El Salvador porque las reglas sobre inversiones llevan a que el Gobierno, por ejemplo, no pueda proteger la salud pública y medio ambiente prohibiendo la minería”.
“En un país tan pequeño como el nuestro no es viable la minería metálica por el riesgo para la calidad de las aguas y para la vida”, aseguraron los activistas que lamentaron lo “peligroso” que está empezando a ser defender su tierra.
Pineda expuso el conflicto social que ha generado este asunto y el menoscabo a los Derechos Humanos por la “falta de transparencia” por parte de la empresa sobre el impacto que tendrá en la población, en la ganadería, la tierra y las aguas.
Además, denunció las presiones y las amenazas que están sufriendo, y recordó el caso de Marcelo Rivera, miembro de la organización, que desapareció y fue encontrado muerto con signos de tortura.
Pero sus reivindicaciones continúan de manera pacífica y con la ley en la mano y aseguraron que “este premio demuestra que estamos sobre el rumbo correcto, somos luchadores sociales y este premio nos va a llenar de energía para seguir luchando hasta que en el país se apruebe una ley
que plantee la prohibición de la minería metálica”.
Por su parte, la organización Domestic Workers United (DWU) ganó el premio nacional en reconocimiento a su esfuerzo por reivindicar la labor de estas trabajadoras que se ha transformado en una propuesta de ley.
La DWU es una organización de trabajadoras domésticas del Caribe, América Latina y África, que trabaja para acabar con la explotación y demás injusticias cometidas en contra de los trabajadores de Nueva York.
Esta organización está detrás del proyecto “Domestic Workers Bill of Rights” que se está promoviendo en el Legislativo estatal de Nueva Cork y que podría servir de modelo en todo el país.
Las trabajadoras se reunieron antes de recibir el premio con funcionarios del Departamento de Trabajo y está previsto que la secretaria de este departamento, la hispana Hilda Solís, les entregue el
galardón.
El premio, que cumple su 33 edición, se fundó en honor del diplomático chileno Orlando Letelier, uno de los principales críticos de Pinochet, y la estadounidense Ronni Karpen Moffitt, ambos miembros del Institute for Policy Studies, que con este reconocimiento recuerda su labor por los
derechos humanos.
