Dos presidente del país negaron autorizaciones a la empresa, luego adquirida por Oceana Gold. Y fueron al menos dos fiscales generales los que defendieron al país frente a la multinacional que quizo cobrar una indemnización de doscientos cincuenta millones de dólares, pero le fue negado por el CIADI. En febrero 2009 lo hizo el Presidente de la República, Elías Antonio Saca, y luego Mauricio Funes , quien en junio 2009 también descartó autorizar a Pacific Rim para que desarrollara sus actividades en el país. Los motivos eran compartidos: industria causa más daños a la salud y al medio ambiente que beneficios económicos al país.
Ver también: El Salvador se adjudica victoria legal sobre minera Oceana Gold
Fuente: La Página
El gobernante dijo que preferiría cancelar los cerca de $100 millones en concepto de indemnización a la empresa Pacific Rim, antes que avalar la explotación.
“Hasta el momento, nadie me ha demostrado que la minería no cause daños, sobre todo por el uso del cianuro”, expresó Saca en aquel momento, quien aseguró que ya había girado instrucciones a los ministerios de Medio Ambiente y de Economía para que hicieran un estudio al respecto.
Saca aseguró que “mientras esté en la Presidencia del país, no voy a dar un permiso de explotación, porque la minería daña”.
Dijo que también estaría dispuesto a “vetar” cualquier ley de la Asamblea Legislativa que pretenda autorizar la explotación, al tiempo de reafirmar que se oponía “rotundamente a esa actividad en el país”.
Un estudio efectuado por Oxfam América y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) señalan los efectos nocivos de la extracción minera, debido a la cantidad de cianuro que se utiliza y a la liberación de metales como el plomo, cadmio y mercurio, que se van de forma directa a los mantos acuíferos.
A lo anterior se suma la cantidad de agua que se extrae de los ríos para mantener la actividad.
Oxfam América aseguró que para mantener una mina de 450 metros se utilizaría entre 4.5 y 8.6 millones de litros de agua por día, lo que reduciría la disponibilidad del recurso hidríco.
Tras la decisión presidencial, Thomas Shrake, representante de Pacific Rim en El Salvador, informó que su compañía astaba dispuesta a iniciar un arbitraje ante el Banco Mundial a partir de marzo de ese año (2009) luego de cumplirse el plazo que le habían dado al gobierno para que les concediera la licencia de explotación.
Shrake indicó que el arbitraje se llevaría acabo en el marco del tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, ya que entre sus socios existen inversionistas de ese país.
Al respecto, Saca sostuvo que la empresa tiene derecho a demandar, pero confió en que El Salvador tendría la razón.
“Que vayan a la demanda y estoy seguro que El Salvador va a poder ganar esa demanda, porque no tiene lógica. Además yo estoy preocupado por los salvadoreños en general”, aseguró Saca.
Funes también rechaza la minería
Mauricio Funes asumió la Presidencia de la República en junio 2009. A seis meses de iniciado su mandato descartó autorizar a Pacific Rim para que desarrollara sus actividades en el país.
“El Gobierno no está aprobando ningún proyecto de exploración ni explotación minera”, declaró Funes a periodistas, al indicar que ese tema lo dejó “claramente establecido desde el principio”, como candidato, y lo ratificaba como mandatario.
El jefe de Estado reaccionó así a una misiva enviada por un grupo de organizaciones en la que, según dijo, exigían a su administración “la no aprobación de proyectos de exploración y explotación de la minería metalmecánica”.
En junio de ese mismo año, el FMLN propuso en la Asamblea Legislativa que se prohibera por ley la minería metálica, a fin de garantizar el derecho de las personas a vivir en un “ambiente sano” y procurando el cuidado “de los recursos naturales”.
Funes, al igual que su partido político, también se refirió al asesinato del ambientalista Ramiro Rivera, y pidió que no quedara en la impunidad.
“La lucha social es una lucha que debe ser protegida y estimulada en un contexto de democracia real. No podemos perseguir a nadie en razón de sus ideas y no podemos tampoco, mucho menos, cobrar la vida de alguien, únicamente porque piensa diferente a nosotros”, declaró.
Rivera fue baleado por un grupo de sujetos que interceptaron su vehículo cuando se dirigía hacia su residencia en el cantón Trinidad, en el departamento central de Cabañas. El hecho se registró una semana antes de la declaratoria de Funes de rechazar la minería.
“Voy a pedir a las autoridades que continúen con la investigación y espero que se esclarezca para que no quede como otros casos que se encuentran en estos momentos en la impunidad”, aseguró.
“Que el movimiento ambientalista sepa que estoy de lado de ellos y, por lo tanto, voy a garantizar la seguridad de cada uno de sus integrantes”, añadió.
Francisco Pineda, coordinador del comité ambiental de Cabañas, en el que también estaba Rivera, relató que en el ataque también murió una mujer de 57 años y resultó herida una menor de 13 años.
“El compañero Ramiro en el cantón y a nivel departamental ha sido un líder que ha venido en contra de los proyectos de minería”, afirmó Pineda.
Sobre el crimen, el entonces subdirector de investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Coto, dijo tener “algún nivel de certeza de que ese hecho fue planificado previamente”.
“Fue una acción que revela que fue puesta una especie de emboscada”, detalló, tras indicar que en el lugar del ataque hallaron al menos 16 casquillos de fusil M-16.
Rivera tenía asignada seguridad, después de sufrir un atentado en junio de ese mismo año.
El trabajo fiscal
Luego de las disposiciones presidenciales de rechazar la minería metálica correspondió a la Fiscalía General de la República llevar el caso.
La empresa minera interpuso la demanda ante la CIADI, organismo del Banco Mundial, hace siete años, alegando que el Estado salvadoreño había violado cláusulas del Tratado de Libre Comercio.
En septiembre 2014, el entonces fiscal general, Luis Martínez, informó sobre un viaje a Estados Unidos para participar en el jucio contra la empresa minera.
“Estamos en el tema del gran caso del Pacific Rim y estamos coordinando algunas”, declaró en aquel momento el funcionario.
Según dijo, viajó a Washington DC para reunirse con el Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder.
El ahora fiscal general, Douglas Meléndez, siguió el proceso judicial en la Unión Americana y fue precisamente él quien dio a conocer la sentencia a favor de El Salvador.
“El laudo que comprende más de 200 páginas es favorable para El Salvador”, confirmó el fiscal desde Washington.
Mencionó que El Salvador ha ganado el arbitraje “de forma contundente”, luego que el Tribunal admitiera que el Estado salvadoreño fue hasta “benevolente” con la compañía al no exigirle cumplir con las leyes del país.
Trascendió que el fiscal sostendrá una reunión con el bufete contratado para llevar el caso en Washington a fin de determinar la forma en que se hará efectivo el cobro de los $8 millones determinados por el Tribunal.
Una de las formas sería el embargo de bienes de Pacific Rim en El Salvador.
Meléndez dijo estar “sumamente” satisfecho con el laudo, y lo calificó como “un hecho historico y de gran trascendencia para las inversiones en países como El Salvador”.
