La compañía minera Pacific Rim ha salido a la palestra pública, en un desesperado intento de deslindarse de la violencia en Cabañas y de revertir la decisión gubernamental de no permitir los proyectos mineros. La empresa extractiva publicó hoy, en los diarios de mayor circulación, dos comunicados, uno lo suscribe con su nombre y apellido y en el otro utiliza como presta nombre al supuesto «sindicato de trabajadores de la industria minera de El Salvador».

En el primero de los comunicados, la compañía canadiense niega cualquier vinculación con la desaparición y asesinato del ambientalista Juan Francisco Durán Ayala, y dice que ONGs radicales la acusan falsamente de cometer crímenes contra opositores a la minería.

Pero Pacific Rim miente, porque hasta hoy ninguna ONG la ha acusado de cometer asesinatos. Lo que el movimiento ambientalista pide es que se investigue a Pacific Rim como posible autor intelectual de crímenes contra ambientalistas.
Y esta petición se basa en algunos hechos que comprometen a la empresa minera.

Uno de los hechos que comprometen a Pacific Rim es que, casualmente, los ambientalistas asesinados son opositores a los proyectos de Pacific Rim: Marcelo Rivera se oponía a la mina El Dorado (San Isidro), Ramiro Rivera y Dora Sorto rechazaban los proyectos mineros en Trinidad (Sensuntepeque) y Juan Francisco Durán desapareció justo después de haber colocado propaganda anti minera en las calles de Ilobasco.

Y no sólo los ambientalistas asesinados tienen en común haberse opuesto a la explotación minera, sino que también todos los líderes comunales y comunicadores comunitarios amenazados de muerte rechazan la minería: el obispo Luis Quintanilla, los miembros de Radio Victoria y representantes de organizaciones comunitarias de Cabañas amenazados de muerte son opositores de Pacific Rim.

Y otro de los hechos que comprometen a la empresa minera es que los ambientalistas asesinados, antes de ser asesinados recibieron amenazas de muerte debido a su oposición a la minería. Por ejemplo: Marcelo Rivera, antes de ser desaparecido, torturado y asesinado, fue perseguido, atacado y amenazado por no estar de acuerdo con los proyectos de Pacific Rim y por criticar a José Ignacio Bautista, el alcalde arenero de San Isidro, aliado de Pacific Rim.

 Y el segundo comunicado que Pacific Rim publica en los periódicos de hoy, bajo la firma del supuesto «sindicato de trabajadores de la industria minera de El Salvador», pide al Presidente Mauricio Funes autorizar los proyectos mineros, aduciendo que estos generarían empleos para la población y darían ingresos para el Estado.

La petición es desesperada, y responde a la oportuna reiteración del Presidente Funes de que su gobierno no permitirá ningún proyecto minero.

«Aun cuando se generaran algunos empleos e ingresos al fisco», dijo Funes, «los daños al medioambiente y a la salud serían mucho mayores».

Además, de ratificar que no permitirá la explotación minera, el Presidente condenó el asesinato de Juan Francisco Durán y prometió toda la capacidad y voluntad política policial para investigar a los responsables del crimen, así mismo se comprometió a dar mayor protección al movimiento ambiental porque sus demandas sus juntas.
Así que, frente a los desesperados comunicados de Pacific Rim, hoy en los diarios, el Estado debe responder con dos acciones contundentes: una es investigar a Pacific Rim por su posible vinculación con la violencia en Cabañas, y la otra es ratificar la decisión de no permitir la minería aprobando una ley que la prohíba en forma definitiva.