Más de 300 grupos civiles protestaron simultáneamente frente a las instalaciones del Banco Mundial en Washington y en San Salvador para rechazar la demanda de la empresa minera que, según las organizaciones, devastaría los recursos hídricos de El Salvador.
Fuente: Voces
Más de 300 organizaciones de la sociedad civil con millones de miembros en el mundo manifestaron su apoyo a El Salvador en su batalla legal contra la empresa minera canadiense Pacific Rim, ante un tribunal del Banco Mundial, tanto en las sedes de Washington como en San Salvador.
Organizaciones no gubernamentales, sindicatos, grupos ambientalistas, congregaciones religiosas y comunidades de base de Canadá, de Estados Unidos y de El Salvador presentaron una carta al presidente del Banco Mundial (BM), Jim Yong Kim, exigiendo una evaluación de la demanda contra El Salvador y solicitando que la institución financiera se desligue del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el arbitraje internacional “que atenta contra el bienestar común de la población afectada por la minería metálica”.
“Nos dirigimos a usted en solidaridad con las comunidades de El Salvador que se han organizado a través de procesos democráticos para evitar un proyecto de extracción de oro con lixiviación de cianuro debido al riesgo, debidamente fundamentado, de contaminación del medio ambiente de las comunidades locales, así como contaminación al río que representa la fuente más importante de agua del país”, expresa la carta entregada.
Según estudios del BM, el 90% de la superficie del agua de El Salvador está contaminada y el 20% de su población rural carece de agua potable.
Los representantes de las organizaciones argumentaron que si el Banco tiene como mandato ayudar a eliminar la pobreza y el crecimiento económico de los Estados y naciones empobrecidas, es incongruente que apoye a Pacific Rim en un caso donde las empresas mineras buscan explotar los recursos naturales, únicamente para su propio beneficio sin tener en cuenta los daños sociales de la minería metálica.
“Pacific Rim está usando el CIADI para subvertir un debate nacional democrático sobre minería y salud ambiental en El Salvador”, dice la misiva.
“Cuando se trata de estas cuestiones, las instituciones democráticas locales deben prevalecer, no las empresas extranjeras que buscan explotar los recursos naturales”, añade el escrito.
Pedro Cabezas, coordinador de los Aliados Internacionales contra la Minería Metálica en El Salvador, señaló que en San Salvador la seguridad de los edificios Word Trade Center no permitió entregar la carta directamente a los personeros del BM, pero en Washington sí fueron recibidos y expresaron que procurarían que la correspondencia llegase a las manos del presidente del organismo internacional.
Luis Parada, abogado que representa a El Salvador en el juicio contra la Pacific Rim, agradeció la movilización porque es un esfuerzo que ayuda a presionar y visibilizar el tema, para que de esta manera se antepongan los intereses de bienestar y seguridad de la población, a los intereses económicos de la transnacional minera.
Pacific Rim reclama $301 millones en compensación por parte de El Salvador por realizar actividades de exploración para determinar el porcentaje de yacimientos de oro y plata con los que cuenta el país en la zona nororiental. Ahora exige que el gobierno ceda un permiso de explotación minera y lucrarse de su actividad.
En lugar de cumplir con los procesos de autorización ambiental de El Salvador, Pacific Rim lanzó una demanda en 2009 bajo el Tratado de Libre Comercio con Centro América y la Republica Dominicana (CAFTA-DR), la cual fue rechazada por falta de jurisdicción, pero a la transnacional minera se le permitió seguir su demanda contra el país bajo una ley de inversiones que fue enmendada por la Asamblea Legislativa. Sobre esa base la demanda continúa ante el CIADI.
Encuestas de opinión pública han demostrado que la mayoría de los salvadoreños (un 62%) apoyan una prohibición permanente de la minería metálica.
