Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en los casos de cinco dirigentes ambientalistas que se oponían a los proyectos transnacionales de explotación minera en el departamento de Cabañas, asesinados entre 2008 y 2011, «han dejado mucho que desear», asegura Hector Berríos, miembro de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica.

Entrevistado por ContraPunto, el dirigente de la Mesa asegura que tras cuatro años del primero de los asesinatos –en los que los ambientalistas responsabilizan a la transnacional minera Pacific Rim– no ha habido respuestas claras de la Fiscalía sobre los asesinatos, que ahora considera casos impunes.

Berríos sostiene que los atentados y «la ola de terror» en contra de los ambientalistas no ha cesado, y añade que casos resientes se han registrado en las últimas semanas.

El ambientalista señala también que la influencia de las transnacionales mineras en la política sigue siendo fuerte, y advierte que si el Estado no toma cartas en el asunto, los proyectos mineros –que acusan de dañinos para el medio ambiente y la salud– terminarán instalándose en El Salvador.

¿Qué ha pasado luego de los atentados en su contra que ustedes denunciaron en su contra en 2009, en plena resistencia ante los proyectos mineros en Cabañas?

Pues la semana pasada se ha sufrido nuevamente una ola de violencia, una ola de terror en contra de los ambientalistas. La abogada miembro de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, Zenaida Serrano, demandó y denunció que fue interceptada por un vehículo con hombres cubiertos de su rostro, donde le han robado prácticamente toda su documentación, le han dejado sus anillos, su reloj, su celular, pero sí le han llevado los expedientes que traía en sus manos y todos los documentos personales de ella.

CEICOM (Centro de Investigación Sobre Inversión y Comercio) también ha denunciado que digamos se han cuentas y páginas electrónicas, en el caso de los compañeros Radio Victoria (en Cabañas) igual, la semana pasada han planteado ellos en las reuniones, que hay una nueva ola de amenazas, esta vez hacia las madres diciéndoles que van a matar a sus hijos porque andan metidos en este tema.

Las corporaciones mineras tienen un modus operandi en toda América Latina y la utilización de la violencia, de la campaña de terror, son en América Latina una forma de operar de ellos, una forma de presionar para doblegar la psicología de la resistencia.

La Fiscalía ha dejado mucho que desear porque todo lo está resolviendo a testigo criteriado y a expresar que [las amenazas y violencia] es resultado de la delincuencia común.

Después de Morazán, Cabañas ha sido el único departamento que se ha mantenido con menos índices de violencia, pero en el 2009 nos asesinaron a personas con fusiles, se dieron secuestros, se dieron amenazas, se nos dio persecución, nos hicieron allanamientos a las casas y nos dejaron amordazados, cosa que nunca habíamos vivido, nos dejaban [mensajes] anónimos, y cuando nosotros vemos cual es el factor común es que todos somos activistas que estamos luchando a favor del agua y en contra de las empresas mineras, entonces hay un factor común, que estamos siendo afectados por toda una campaña de terror y es una obligación del Estado, a través de la Fiscalía, investigar.

Ha habido personas que han sido asesinadas en medio de esto ¿hacia dónde han llevado las investigaciones de las Fiscalía en estos casos?

Nosotros lamentamos que en el caso concreto de Marcel Rivera no se haya investigado las diferentes hipótesis, manejaron tan mal el caso que lo resolvieron con solo los autores materiales del asesinato, con jóvenes que fueron pagados con dinero en efectivo y armas de fuego, nunca quisieron profundizar quién había facilitado la plata y las armas.

Este gobierno, este año que le queda, tiene el gran reto de demostrar que va a luchar contra ese muro de impunidad y para eso es necesario que las instituciones del Estado, como la Fiscalía, escuche a las víctimas, y escuche las posibles hipótesis y además que vea el comportamiento de las transnacionales a nivel internacional.

Ustedes ya habían señalado que las transnacionales mineras tenían una fuerte influencia sobre los políticos en el territorio ¿sigue siendo así?

Nosotros hemos denunciado que el apartido ARENA y el PCN han estado trabajando como militantes políticos de la empresa, promoviéndola, entregando insumos agrícolas a favor y pidiendo votos para esta empresa.

Pero no solo partidos de derecha, hemos visto el caso del exdiputado Wilber Serrano, del FMLN, que una vez sale del partido pasa a trabajar a la empresa minera Pacific Rim.

Las corporaciones transnacionales mineras tienen tanto poder político y económico para comprar diputados y alcaldes, y para pagar campañas electorales para el presidente. Es necesario que se fiscalice de dónde viene la plata para los partidos políticos.

Realmente a nosotros nos preocupa ver cómo políticos locales y alcaldes se ponen a favor de las empresas mineras.

Las empresas mineras no desisten de proceder en contra del Estado salvadoreño por impedirles desarrollar la explotación minera, entre otras cosas hay una nueva demanda en el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial… ¿Cuál es su balance de todo esto? Nosotros creemos que los Tratados de Libre Comercio vienen a afectar los intereses de la población, primero porque ellos están hablando de poder demandar al Estado de El Salvador por expropiaciones indirectas, ¿qué es eso?, que ellos calculan lo que pueden ganar y sustraer de los recursos estratégicos de nuestro país y si el Estado, como un Estado soberano, dice en algún momento que no les va a permitir, ellos pueden recurrir al Tratado de Libre Comercio y demandar como lo han hecho en el CIADI.

¿Qué ha implicado eso? Mirá, Pacific Rim ha demandado por 315 millones de dólares al Estado de El Salvador, Commerce Group por 100 millones y hoy está nuevamente diciendo que va a replantear la demanda a nivel internacional, ¿qué ha implicado?, solo de egresos, por el Estado de El Salvador, en el caso de la empresa Pacific Rim, 4.5 millones de dóalres, en lobbies de abogados para atender ese caso, y 800 mil dólares en el caso de Commerce Group, que viene a ser más que el presupuesto de algunos ministerios acá en el país.

El gobierno ha propuesto una ley para la suspensión de los procedimientos administrativos relacionados a proyectos de exploración y explotación minera, ¿cuál es su opinión sobre esa iniciativa?

Lo que presento el ministro de Economía con el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, avalado por el presidente Mauricio Funes, es una gran irresponsabilidad, ellos están planteando una ley donde van a fortalecer a las instituciones del Estado para ser un entre contralor para la empresa minera, eso es una gran mentira.

Ellos hasta este momento no han logrado firmar una ley que prohíba la explotación minera y lo que están haciendo es engañando a la gente haciéndole creer que van, a través de esa ley que ello quisieron promover, a garantizar, a fortalecer las instituciones del Estado para que estas garanticen el buen funcionamiento y las empresas no puedan transgredir la ley.

En países más fuertes, como Canadá y Alemania, tienen problemas enormes por que las empresas mineras irrespetan la institucionalidad del Estado, son corporaciones donde ellos más que todo ven el enfoque de inversión.