La iglesia católica de El Salvador pidió este domingo que se de marcha atrás en la explotación de una mina de oro en Guatemala, porque ese proyecto amenaza con contaminar un lago y un vital e importante río en suelo salvadoreño.
Fuente: El Nuevo Diario
“No hay duda, estamos totalmente en contra de ese proyecto minero, y esperamos que se dé marcha atrás por el bien de la vida de la gente”, señaló en una rueda de prensa el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez.
Rosa Chávez explicó que la mina Cerro Blanco se ubica en Guatemala muy cerca de la frontera con El Salvador, donde existe el riesgo que el lago de Güija (a 110 km al oeste de San Salvador) sea contaminado con aguas residuales cargadas de químicos “venenosos” del proceso minero y que éste a su vez contamine el importante río Lempa.
El agua del río Lempa, que serpentea en lugares de la zona oeste, norte y oriente del territorio salvadoreño, es extraída y tratada por la empresa nacional de aguas de El Salvador para luego ser distribuida en el sistema de agua potable del país.
Además, tanto las aguas del lago de Güija, que El Salvador comparte con Guatemala, como las del río Lempa son usadas por miles de campesinos en sus granjas agrícolas o ganaderas.
El obispo auxiliar señaló que la misma iglesia católica guatemalteca y la salvadoreña han efectuado un diagnóstico sobre el tema de la mina Cerro Blanco y en el mismo se ha concluido que ese proyecto representa una “amenaza fatal para El Salvador”.
“Veremos qué logramos hacer entre todos para detener ese proyecto, porque aquí se juega la vida de toda una nación, ya que ese río Lempa, en cierto modo, nos alimenta con agua”, sostuvo Rosa Chávez.
La mina Cerro Blanco, donde se prevé extraer oro y plata, es un proyecto de la empresa Entre Mares, subsidiaria de la canadiense Goldcorp, y se ubica muy cerca de la frontera con El Salvador.
El pasado martes, el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, anunció que su país investigará si el proyecto de la mina Cerro Blanco esta causando una contaminación y, si se comprueba que eso ocurre, dijo que se tomarán acciones jurídicas y hasta diplomáticas.
El gobierno de Guatemala concedió la licencia de exploración en 1997 y la de explotación en el año 2007.
