Ellas entraron para dejar una carta al embajador Yuan Guisen. Ocho mujeres ecuatorianas que se encontraban realizando una toma de la Embajada de China en protesta a un acuerdo de proyecto minero, fueron detenidas la tarde de ayer en Quito por la policía antimotines después que les leyeran sus derechos. A las ocho mujeres citadas en los medios ecuatorianos con los nombres: Ivonne Ramos, Nathalia Bonilla, Gloria Chicaiza, María Fernanda Solíz Torres, Aurora Donoso, Nathalia Santamaria Zurita, Gabriela Ruales y Valeria Farez.
Según testigos la policía les pidió que se retiraran del territorio chino y ante la negativa les anunciaron que estaban detenidas, según manifiestan testigos citados en el medio local El Pescuezo.
Ellas entraron a la embajada para dejar una carta de protesta por la firma del contrato de la Mina Mirador que debía concretarse ayer entre el Gobierno y una empresa China, informa la Organización Ballenita Si.
El argumento que sostiene el Gobierno es que los recursos que generará la minería a gran escala son necesarios para el desarrollo del país y enfatiza que se aplicarán las técnicas más modernas para minimizar cualquier impacto ambiental.
Previo a esta protesta, grupos de oposición a este proyecto, especialmente indígenas, citaron a la población a una marcha pacífica que se inicia el 8 de marzo, en el día de la mujer, y pretende llegar a la capital Quito el 22 de marzo.
La marcha fue anunciada como la Marcha por el agua, por la Vida y por la Dignidad de los Pueblos.
La Organización Ballenita Si, informa que después de la detención, decenas de activistas se dirigieron a protestar ante la Policía Judicial donde se realizaría una audiencia con las detenidas. Advirtieron que esto estaría ocurriendo sin un pedido expreso de las autoridades chinas. Agregan que aunque el anuncio de la detención habría sido en territorio chino, quienes levantarían los cargos sería la Fiscalía de Ecuador.
La cuenta de facebook, Guardianes del Yasuní destaca que las acusadas reclamaron haber sido maltratadas y comunicaron que “se pretende acusarlas por “Delito Flagrante” por parte del fiscal de oficio, y pese a que la embajada no quiere presentar cargos, el cargo que presentaría el fiscal es por “Allanamiento de Morada”.
Carta al Embajador de China en Ecuador
Las detenidas entregaron al embajador de China en Ecuador, el Sr. Yuan Guisen, en la Av. Atahualpa y Amazonas de Quito, una carta que en parte señala:
“Las organizaciones, colectivos y personas que suscribimos esta petición manifestamos a Usted que la Cordillera del Cóndor, territorio entregado como concesión a la empresa ECSA (Ecuacorriente) para la ejecución del proyecto Mirador es una de las zonas de más rica biodiversidad y culturas del Ecuador, lo que afectará para siempre territorios de los pueblos indígenas y a la naturaleza.
“Rechazamos la firma del contrato anunciado y por ello nos declaramos en ocupación no violenta de la Embajada China”, destaca la carta.
En ella se advierte que “la Constitución del Ecuador garantiza los Derechos de la Naturaleza, los Derechos Colectivos y de Pueblos Indígenas, los que están siendo violentados con la firma del contrato”.
Además acusan que “el gobierno ecuatoriano ha decidido firmar el contrato minero sin que se haya aprobado el Estudio de Impacto Ambiental ni la Licencia Ambiental y sin el Consentimiento de las Comunidades y Pueblos Indígenas, requisitos indispensables para toda empresa minera”.
Asimismo en dicha carta las activistas pidieron a las autoridades chinas que “investigue a sus empresas por la criminalización que propician, desconociendo los derechos de las comunidades y pueblos del Ecuador e incumpliendo los procedimientos legales establecidos en el país”.
Los impactos de las áreas mineras
En general, las mineras se instalan en territorios en donde se practican las economías agro-pastorales, e incluso de pequeña minería. En estas zonas la gran mayoría de los pobladores consume los alimentos que se producen en sus chacras, sus frutos y aquellos de la crianza de sus animales.
Según las organizaciones opositoras, la llegada de la minera trastorna violentamente esta dinámica económica local y los puestos de trabajo que ofrece la minería son atribuidos en su gran mayoría a hombres jóvenes, los cuales se vuelven los únicos proveedores de dinero del hogar.
“Los pobladores se vuelven totalmente dependientes de los salarios de la empresa y descuidan el trabajo en sus tierras, si todavía las conservan, y otras formas de supervivencia no monetaria”, advierte la organización Ballenita Si.
Con los hombres en las minas las mujeres asumen todo el trabajo de los niños, los animales, la producción de la tierra, etc, y “cuando pierden sus propiedades se ven abocadas a migrar a las poblaciones aledañas en busca de trabajo, abandonando a sus niños al cuidado de los abuelos”.
La organización alerta que la pérdida de soberanía económica empuja a muchas mujeres a prostituirse. Aumentan los casos de violación y los riesgos de contagio por enfermedades sexualmente transmisibles
Por otra parte, denuncian que la contaminación del medio ambiente causada por la explotación minera puede provocar a su vez abortos espontáneos, malformaciones u otras patologías graves en los niños.
Denuncias de atropellos a los Derechos Humanos
Los opositores al megaproyecto denuncian que el 70% de los desplazamientos forzados ocurridos, por ejemplo en Colombia entre 1995 y 2002 se produjeron en áreas mineras. En regiones mineras, se expropian territorios pertenecientes a comunidades enteras para permitir el acceso a los yacimientos.
En el caso del Ecuador, este tipo de práctica se ve en San Marcos, en el sitio del proyecto de cobre Mirador de la empresa ECSA en la cordillera del Cóndor, y en el caso del proyecto Junín en Íntag, por lo menos cuatro comunidades tendrían que ser reubicadas si se da la explotación.
La Organización Ballena Si señala que “para desalojar a los moradores o reprimir los actos de resistencia, las empresas contratan empresas de guardianía privada, agentes de seguridad y paramilitares, pero en muchos casos es el mismo Estado el que pone la fuerza pública al servicio de las mineras privadas”.
Denuncian que en las zonas mineras del Perú, la masacre que se dio en Bagua, en junio del 2009, es solo uno de los ejemplos.
Subrayan a demás que actualmente, más del 90% de los acusados de terrorismo y sabotaje provienen de movimientos sociales opuestos a la minería a gran escala.
