La comunidad indígena Kichwa de Tzawata denunció hoy una presunta intromisión del Ejército ecuatoriano para desalojarlos de su territorio en la provincia amazónica del Napo, con el fin de permitir una explotación minera.
Fuentes: EFE y Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía – CNDVS
13/12/2010. Modesto Alvarado, representante de la comunidad indígena, aseguró hoy a Efe que el pasado 29 de noviembre 63 militares “armados con material bélico” entraron en la comunidad de Tzawata para desalojar a sus habitantes con el fin de que la empresa minera canadiense Merendon pueda volver a explotar esta zona, tras marcharse de la región en 2007.
Sin embargo, portavoces de la Secretaría de Derechos Humanos del ministerio de Justicia y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dijeron no tener conocimiento de que militares hubieran entrado en Tzawata.
Los habitantes de la localidad denuncian que, según un tratado de la Organización de Naciones Unidas, no se pueden realizar actividades militares en los territorios indígenas sin el consentimiento de estos, explicó Alvarado.
El representante explicó que, desde que la empresa se fue, llevan “en una lucha de resistencia” para que no vuelva a explotar la zona, porque, según los indígenas, vertió “cianuro, mercurio y todos esos químicos en las cuencas de los ríos”.
“A los niños y mujeres les salieron ronchas en el cuerpo, se les quemó el cuerpo”, dijo Alvarado.
Afirmó que Merendon, que explotó yacimientos de oro en esa región entre 2004 y 2007, “está intentando sacar los permisos para volver, por lo que a través de la fuerza pública intentan desalojarnos”.
Según el indígena, los militares acudieron a Tzawata bajo el pretexto de que los habitantes de la zona estaban “trabajando con colombianos de una manera estratégica para atacar a la compañía”.
La Organización no Gubernamental (ONG) Coordinadora Nacional Por la Defensa de la Vida y la Soberanía, vinculada a los indígenas, destacó en un comunicado que esta presunta intromisión militar “es ilegítima”.
“La información brindada (por los militares) es que se trataba de un patrullaje en busca de subversivos y narcotraficantes debido a varias denuncias realizadas de que, en la lucha por las tierras, se encuentran inmersos personas insurgentes, lo cual es totalmente un invento de la Compañía Merendon” indicó el comunicado.
PUEBLOS KICHWAS DE LA AMAZONÍA EN PIE DE LUCHA CONTRA MINERA MERENDON DENUNCIAN INCURSIÓN MILITAR A SUS TERRITORIOS
Dando cumplimiento a las resoluciones del 24 Diálogo por la Vida realizado el 4 de diciembre en Tzawata (provincia del Napo-Ecuador), se desarrolló en Cuenca una rueda de prensa para denunciar la situación de riesgo en la que se encuentran los pueblos kichwas de Tzawata, Ila y San Clemente de Chucapi por la presencia en sus territorios de militares del grupos especial de los “iwias” (Ver fotografías en documento adjunto).
En la sede del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, Vicente Alvarado dirigente de jóvenes de Tzawata, Nancy Tanguila de la comunidad Ila y Saúl Licuy de la comunidad San Clemente de Chucapi, acompañados por Lina Santacruz de la organización juvenil Comuna Amazónica y varios miembros del directorio de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía – CNDVS, denunciaron el permanente acoso y amedrentamiento que existe contra estas comunidades kichwas que llevan 10 meses en la lucha por la recuperación de sus territorios ancestrales invadidos por la minera canadiense MERENDON.
Hicieron conocer que varias autoridades, entre ellas el Comisario Octavio Márquez, constantemente amenaza con que los militares van a llegar a desalojarlos, y que la policía ha intentado hacerlo por dos ocasiones.
También expresaron que a pesar de todo continuarán firmes en su lucha y que llevarán adelante procesos legales para recuperar sus territorios ancestrales, así como para que MERENDON responda por los impacto ambientales causados por la actividad minera.
Lina Solano Ortiz a nombre de las organizaciones y comunidades afectadas por la minería que son parte de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía – CNDVS, manifestó el apoyo y solidaridad irrestricta a los pueblos en pie de lucha contra la minera MERENDON y su preocupación frente a la situación de riesgo en la que se encuentran.
A continuación reproducimos un comunicado emitido al cumplirse 10 meses de resistencia en Tzawata:
Cumplidos 10 meses en pie de lucha, el Pueblo Kichwa de Tzawata-Ila-Chucapi no se doblega. Los esfuerzos divisionistas y persuasivos de la transnacional minera Merendon y sus secuaces no deterioran nuestra lucha; la represión no nos divide.
ILEGÍTIMA INTROMISIÓN MILITAR EN NUESTRO TERRITORIO
La noche del lunes 29 de noviembre, 63 efectivos militares de la escuela Iwia de la Brigada Pastaza incursionaron sorpresivamente en la zona oriental de nuestra posesión, en los alrededores de la comunidad de San Clemente de Chucapi. (Ver fotografías en documento adjunto). Con alarma las familias de la comunidad se preguntaban hacia dónde se habían dirigido los militares, si se trataba acaso de un preparativo de desalojo, y por qué se habían movilizado hacia el interior de la selva sin dar información previa de su presencia ni comunicar a autoridad local alguna los motivos de su entrada.
Fue mayor la sorpresa cuando los uniformados ingresaron a la escuela de la comunidad, armados hasta los dientes, sin una intensión clara que explicara su incursión y con información ambigua, sembrando inquietud entre la población que por 10 meses se mantiene en pie de lucha por la recuperación de su territorio ancestral.
La presión comunitaria obligó a su mando Teniente Yépez a explicar su presencia en San Clemente, la información brindada es que se trataba de un patrullaje, en busca de subversivos y narcotraficantes, debido a varias denuncias realizadas de que en la lucha por las tierras se encuentran inmersos personas insurgentes, lo cual es totalmente un invento de la Compañía Merendon y de las autoridades del cantón Carlos Julio Arosemena Tola, queriendo desvirtuar la lucha que ha sido amplia, directa sin nada que ocultar, por honrar a nuestros/as abuelos/as, por nosotros/as y en especial por nuestros hijos/as. También queremos dejar en claro que esta lucha y resistencia no es financiada por nadie, somos nosotros/as las tres comunidades quienes hacemos un esfuerzo inmenso por auto-sustentarnos, y no vamos a permitir que nada ni nadie manche nuestra legitima lucha.
Estas incursiones secretas son totalmente insatisfactorias y cuestionables. Cuestionable porque viola nuestros derechos consuetudinarios y genera inseguridad en un escenario de lucha donde ya de antemano la tensión por la inminencia de la represión, posibles desalojos y el divisionismo promovido por la minera están latentes a cada momento.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, menciona algunos de los artículos que nos amparan, así:
Artículo 10.- Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.
Artículo 30. i) No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado. ii) Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.
En este contexto bajo la organización de las tres comunidades conseguimos la retirada inmediata de los militares de nuestro territorio.
Al respecto es preciso cuestionar si los planes e intereses de las fuerzas militares mencionadas están por encima de los derechos elementales arriba citados, ya que se irrumpe de forma súbita y altanera en una comunidad, alterando su orden y tranquilidad. Las familias de San Clemente de Chucapi, Bajo Ila y Tzawata condenamos fehacientemente este acto arbitrario como una flagrante violación a nuestra seguridad y a la integridad de nuestra población y de nuestra lucha, así como hacemos un llamado a la opinión pública y a las organizaciones sociales a mantenerse vigilantes frente a los inminentes esfuerzos de la minera por desestabilizar y desvirtuar esta lucha que la hacemos nosotrosas, los napurunas, por nuestro justo derecho a la tierra que por siempre hemos defendido.
EQUIPO DE COMUNICACIÓN CNDVS
