Los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro están entre los más pobres del país, entonces con la minería, la palma y la deforestación no hay progreso. Se determinó la presencia, en los ríos, de al menos seis metales pesados que superan hasta 150 veces los niveles máximos establecidos en la ley ambiental nacional. Arsénico, magnesio, galio, hierro, aluminio y mercurio. La minería es ahora controlada por mafias, quienes tienen servicios de inteligencia y amedrentan a la población gracias a su alto poder financiero. Como si ello fuese poco, están deforestando los bosques primarios para sembríos de palma africana que requiere el uso de insecticidas, fungicidas y herbicidas sin ningún control y el agua utilizada va a los ríos.
Fuente: El universo
El sonido de los tambores retumba en el auditorio de la iglesia San Lorenzo del Pailón, al norte de Esmeraldas. Fue el 22 de agosto pasado. Un grupo de mujeres afroecuatorianas cantan y bailan a ritmo de marimba. Es su singular manera de rechazar lo que en la canción tararean: “Nos cogieron de repente, se metieron los mineros, el agua contaminada”.Es lo que se ve y escucha en un video grabado durante la ‘Audiencia del Chocó’ realizada por la ONG Acción Ecológica. Un espacio en el que los habitantes de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro denunciaron el supuesto impacto que deja la minería, la palma africana y la deforestación.
En la reunión especialistas analizaron cuatro informes realizados por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Esmeraldas (Pucese), entre 2010 y 2014, tres de ellos en conjunto con el Ministerio del Ambiente (MAE).
Eduardo Rebolledo, biólogo y docente de la Pucese, dice que las conclusiones son preocupantes. “Debido a las denuncias, la universidad decide, con ayuda de fondos internacionales, realizar un primer estudio a finales de 2010, donde encontramos peces con deformidades y metales pesados en los ríos Santiago, Bogotá, Tululbí y Cachavi, y en los esteros María y Sabatela por la extracción ilegal de oro. Esto lo alertamos a las autoridades. Luego la PUCE contribuyó en un muestreo con el MAE y Senagua (Secretaría Nacional del Agua) en 2011 y se obtuvieron los mismos resultados… el Gobierno decretó el estado de excepción y, a través del MAE, nos contrató para un segundo estudio”, indica.
En esta última investigación se determinó la presencia, en los ríos, de al menos seis metales pesados que superan hasta 150 veces los niveles máximos establecidos en la ley ambiental nacional, dice Rebolledo. Arsénico, magnesio, galio, hierro, aluminio y mercurio.
Dirigentes lograron que el Juzgado Sexto de Garantías Penales de San Lorenzo otorgue, el 24 de marzo de 2011, medidas cautelares a 89 comunidades.
Pero la medida sirvió de poco, dice el párroco de Borbón, Aldo Pusterla: “La primera disposición fue suspender la minería, pero nunca pasó… El propio Gobierno mandó a la Enami (Empresa Nacional Minera) a Selva Alegre y San Lorenzo en septiembre del 2011 para iniciar un proyecto extractivo”.
Con su llegada, el MAE solicitó en 2012 a la Pucese que supervise las tareas de extracción de la empresa estatal, dice Rebolledo: “Encontramos más problemas que cuando estaban los mineros ilegales… se les había roto una piscina de recirculación y generaron una mortandad de peces enorme en el estero San Antonio”.
En respuestas enviadas vía email, la Enami asegura que “recibió varias concesiones mineras, en calidad de residuos abandonados debido a la intensa actividad minera ilegal, de lo cual, inició operaciones en 2012 en sitios puntuales, mediante la celebración de contratos de operación con pequeños mineros locales”. La entidad pública dice que la labor fue supervisada.
Incluso, señala la Enami, el MAE habría constatado “la rehabilitación de las áreas intervenidas por los operadores autorizados… y la remediación de pasivos ambientales”. Y que la Comisión Especial Contra la Minería Ilegal realizó operativos durante 2012 para neutralizar la minería ilegal en las concesiones de la Enami. En estas intervenciones se determinó que persistían los daños ambientales, pero la entidad indica que “de ninguna manera pueden ser señalados” ya que las labores ilegales se realizaban, mientras estaban a cargo.
Según el informe de la Pucese en 2011 se registraron 4.889 piscinas abandonadas. Kléver Santana, dirigente y miembro de la pastoral de San Lorenzo, afirma que la situación sigue igual. Mientras que Rebolledo asegura que “actualmente serían siete mil ya que los mineros tienen la maquinaria y recursos para abrir una cada semana”.
La contaminación ya implica afectaciones en la salud, señala Feliza Caicedo, enfermera de la comunidad Colón Eloy: “Las mujeres tienen problemas en la piel, manchas, infecciones en sus partes íntimas por bañarse en los ríos y beber su agua… Nos han dicho que los niños podrían nacer con discapacidades…”.
Un informe –entregado en diciembre de 2011 por el Ministerio de Agricultura (Magap) a la Defensoría del Pueblo– establece una serie de irregularidades en la comuna Santiago Cayapas en Eloy Alfaro: “(La minería)… es ahora controlada por mafias, quienes tienen servicios de inteligencia y amedrentamiento dentro de la población, su poder financiero es alto”, indica el documento.
El análisis se realizó tras denuncias sobre irregularidades en la venta de terrenos comunales de propiedad colectiva, Incluso, en medio de estas disputas, el Magap identifica problemas como “inacción del Estado”, “burocracia cómplice del abuso”, “deforestación”, “violencia” “…La comuna es un espacio fronterizo… de tráfico de armas, combustibles, drogas, trata de blancas…”.
Nathalia Bonilla, miembro de Acción Ecológica, asegura que los comuneros son obligados a vender sus tierras ancestrales de forma violenta, porque “la minería ilegal es manejada por grupos armados que amenazan a las familias… El MAE nos dice que por los niveles altos de sicariato no pueden intervenir…”.
Otra problemática es la deforestación de bosques primarios para sembríos de palma africana. Bonilla indica que estos cultivos se expanden sin control, lo que deja impactos graves. “A la deforestación de bosques se suma el uso de insecticidas, fungicidas y herbicidas sin ningún control, el agua utilizada va a los ríos”, dice.
También alerta que estos cultivos provocarían “posibles impactos en la biodiversidad de estas zonas con alto valor ecológico y en la calidad del aire… además, hay efectos sociales porque las personas que trabajan en palmicultoras no salen de la pobreza, no tienen salarios dignos”.
Un informe de este año de Acción Ecológica señala que solo en 2012 se deforestaron 16 mil hectáreas de bosque en Esmeraldas. Es aquella alfombra verde que caracteriza a esta provincia hoy fragmentada con piscinas abandonadas tras actividades mineras y por la expansión de la frontera agrícola con monocultivos como la palma africana. (I)
Los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro están entre los más pobres del país, entonces con la minería, la palma y la deforestación no hay progreso”.
