Fuertes reacciones despertó la carta que a finales de junio el gerente general de Industrias Infinito, Ciro Casas Zamora, envió al vicerrector de Docencia de la Universidad de Costa Rica UCR), ante la apertura del curso “El caso Crucitas en la historia de Costa Rica: recopilación de los hechos y lecciones aprendidas”.
Foto: Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica.
Fuente: Semanario Universidad
Henning Jensen, rector de esta casa de estudios, emitió una respuesta a Casas en la que reiteró algunos de los criterios ya expresados en la anterior edición de UNIVERSIDAD, como que las solicitudes de Casas son “un intento de censura previa y de grave e inaceptable intromisión en la autonomía universitaria”, con lo cual “pretende atentar seria y groseramente contra derechos consagrados constitucionalmente”.
Por otra parte, el abogado Edgardo Araya, de la Unión Norte por la Vida (UNOVIDA), calificó el documento como una “intromisión” y afirmó que es “indignante, irrespetuoso e intolerable”.
Según Araya, se trata de una “amenaza clara y un anuncio de que acosarán a profesores y estudiantes”, pues -según dijo- la única manera de vigilar que no se hable de la empresa es estando presentes para filmar o grabar lo que se diga.
El ambientalista, quien fue una de las figuras prominentes en el juicio que la mencionada empresa perdió en un tribunal contencioso, se preguntó “¿cómo puede haber libertad de cátedra así? Eso es acoso”.
Mientras tanto, Mauricio Álvarez, del programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la UCR, opinó que la carta enviada por Industrias Infinito “da vergüenza e indignación”; además, “demuestra que la empresa está en manos de abogados que buscan la judicialización contra la oposición en términos de venganza, como dijo Jorge Lobo”.
Agregó que la estrategia de la empresa ha sido judicializar el conflicto en aras de crear “un clima de miedo en la Universidad, por haberse metido con Industrias Infinito”.
LIBERTAD DE CÁTEDRA
En la pasada edición UNIVERSIDAD abordó el tema de la carta y del manejo que recibió por parte de las autoridades, además de las reacciones de los profesores Jorge Lobo y Jaime García -quienes plantearon el curso- y del director de la Escuela de Biología, Gustavo Gutiérrez.
La misiva enviada por Casas, entre otras cosas, solicitó información sobre los recursos dispuestos por la UCR para el seminario, “la exclusión del Dr. Jorge A. Lobo” y exigió “que no se efectúen manifestaciones en contra del proyecto Crucitas ni de ninguno de sus funcionarios o representantes”.
También solicitó “que se prohíba a los profesores universitarios durante sus lecciones hacer cualquier recolección de fondos para las organizaciones que representan”.
La carta en su sétimo punto advirtió que “nos reservamos el derecho a reclamar por la vía judicial, cualquier tipo de ofensa a la imagen de la compañía o de cualquiera de sus representantes”, que eventualmente se pueda presentar “durante el desarrollo de este seminario o durante cualquier actividad organizada por la Universidad de Costa Rica”.
La respuesta que el rector Jensen emitió tiene fecha del 31 de julio y se puede acceder en el sitio de la Rectoría (http://www.rectoria.ucr.ac.cr). El funcionario fundamentó su respuesta en el oficio OJ-827-2012 que la Oficina Jurídica emitió el 30 de julio.
Ese oficio cita un dictamen de la misma Oficina Jurídica del 2003, el cual apunta que los pilares fundamentales de la libertad de cátedra son la libertad para decidir el contenido de la enseñanza que imparte la Universidad, “sin estar sujeta a autorizaciones, censuras, señalamientos o recomendaciones de poderes externos”, y la libertad de las personas para expresar sus convicciones de cualquier tipo.
Al referirse a las solicitudes de Casas, Jensen aseguró que la pretensión de excluir al profesor Lobo es “sencillamente descabellada” y que representa una “arrogante prepotencia” que raya con una actitud “imperialista”. Lo solicitado por Casas “pondría un freno inadmisible a las labores sustantivas de la Institución”, criticó.
Tras alegar que el seminario planteado por Lobo y García es “pertinente e indispensable” para el cumplimiento de los fines institucionales, Jensen agregó que solicitará al Director de la Escuela de Biología que brinde la información sobre los recursos asignados exclusivamente al desarrollo del seminario, siempre que sea posible obtener las partidas presupuestarias separadas de las actividades ordinarias de la Escuela de Biología.
El texto menciona que los salarios de los profesores son un tema de privacidad y destacó que el ordenamiento jurídico universitario proscribe que se utilice la actividad para recaudar fondos.
Asimismo, Jensen se refirió al punto 7 de la carta de Casas como “una de las más importantes amenazas que penden sobre la vida democrática, la represión de la denuncia ciudadana”, lo cual –en su opinión- puede categorizarse como “criminalización de la protesta social”.
UNIVERSIDAD buscó el criterio del magistrado de la Sala I y profesor universitario Román Solís; sin embargo, alegó que tiene un impedimento legal para referirse al tema, dado que “el proceso contencioso administrativo donde la empresa Crucitas es parte demandada, aún está en etapa de ejecución y la sentencia que se dictará en esa etapa tiene recurso de casación, que no conoce mi Sala”.
¿NICARAGUA?
Por su parte, el abogado Araya lamentó que las peticiones y exigencias de Casas “violentan todos los principios democráticos” y “ahora con mucha más razón participaré en el seminario; tengo mi derecho de expresarme amparado en la libertad de cátedra y ahora voy mucho más motivado para enseñarles que hay dignidad en el país y en la Universidad”.
Tanto Araya como Álvarez llamaron la atención al hecho de que tras la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, se iniciaron procedimientos administrativos contra varios funcionarios de la Dirección de Geología y Minas, y contra el exministro de Ambiente Roberto Dobles, quien debió declarar como imputado.
“Espero que también lo haga Óscar Arias, aunque aún no sabemos si lo hará”, declaró Araya, quien considera que el caso “tiene implicaciones más allá de la mina”.
Por su parte, Álvarez llamó la atención al hecho de que el conflicto generado a raíz de la carta de Casas, puede generar un clima propicio para desviar la atención del caso aún pendiente de esos funcionarios, que el Ministerio Público debe investigar.
Cabe mencionar que recientemente han circulado informes en el sentido de que la empresa se trasladaría a Nicaragua. Así lo ha hecho ver desde la Asamblea Legislativa el diputado Claudio Monge, del Partido Acción Ciudadana (PAC). A él se sumó Edgardo Araya, quien dijo tener informes de que el traslado de la maquinaria “despedaza el camino, que fue el trapito de dominguear de la empresa y ahora le queda a la Municipalidad el problema de recuperarlo”.
Manifestaciones de apoyo
Diversas iniciativas de defensa de la autonomía y la libertad de cátedra, y de solidaridad con los profesores que plantearon el citado curso -en particular con Jorge Lobo, cuya exclusión solicitó Industrias Infinito-, se han gestado en los últimos días.
El grupo denominado Frente UCR ha redactado y difundido una carta de apoyo, la cual ya ha sido firmada por una cantidad importante de personas.
Gabriela Arguedas, quien forma parte de esa instancia, informó que ese documento se ha difundido principalmente por correo electrónico y la idea es que las personas que así lo deseen lo impriman, lo firmen y si es posible recojan más firmas y las llevan a la Rectoría de la UCR. El texto es accesible a través de la dirección http://www.revistapaquidermo.com/archives/6158.
De igual manera, estudiantes de diversas procedencias y profesores de la Escuela de Biología organizan un pasacalles que se realizará el próximo jueves 9 de agosto. La actividad arrancará del Pretil a las 4 p.m. y partirá hacia la Escuela de Biología, donde a las 5 p.m. dará inició el seminario “El caso Crucitas en la historia de Costa Rica: recopilación de los hechos y lecciones aprendidas”.
