Hace unas semanas, el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias entre Inversionista extranjero y Estado (CIADI, también conocido por su siglas en inglés ICSID) dio a conocer el fallo en relación a la demanda interpuesta por la empresa minera canadiense Vanessa Ventures contra Venezuela en el año 2004 (en relación al proyecto minero de extracción de oro denominado Las Cristinas de la empresa canadiense Placer Dome). En su decisión de diciembre del 2012, los tres árbitros, el británico Vaughan Lowe, (Presidente), el norteamericano Charles N. Brower (designado por la empresa), y la francesa Brigitte Stern (designada por Venezuela) desestiman de forma unánime la demanda por 1.045 millones de US$.
Por Nicolás Boeglin*
Esta decisión se da luego de que se modificara parte de la composición inicial del Tribunal Arbitral del CIADI a petición de las Partes: leemos (punto 19 del fallo arbitral), que en las audiencias celebradas en mayo del 2007, “luego de haber escuchado las posiciones de las Partes en cuanto a la participación del Profesor Greenwood en el caso, el Presidente del Tribunal presentó su renuncia. Su renuncia fue aceptada por sus dos co-árbitros, el Juez Brower y el Sr. Paulsson. Antes de que la sesión finalizara, el Sr. Paulsson también presentó, con el consentimiento de las Partes, su renuncia por motivos personales”. Esta decisión favorable a Venezuela se da al cumplirse el pasado 24 de enero un año desde el anuncio oficial del retiro de Venezuela del CIADI (mediante la denuncia de la Convención de 1965 que lo establece), después de que procedieran a hacerlo Bolivia (2007) y Ecuador (2009); y en momentos en que Argentina siente similar tentación (ver nuestro artículo, Argentina: ¿hacia una próxima denuncia del CIADI ? La Nación, Costa Rica ,24/04/2012), en particular debido a la gran cantidad de demandas que superan los 20.000 millones de US$ (ver nota de prensa de La Nación, Argentina).
En el caso de Costa Rica, cabe recordar que la ratificación de la convención que instituye el CIADI de 1965 (firmada por Costa Rica en 1981), fue obtenida tan solo en el año 1993. Dicha ratificación obedeció en gran parte a presiones externas, ya que en diciembre de 1992, Estados Unidos solicitó suspender préstamos de cooperación del BID a Costa Rica debido a la no resolución desde 1978 del caso de la expropiación de la Compañía Santa Elena S. A., y se lee en reportes de prensa que “ U.S. officials say the financial pressure undertaken during the Bush administration also is meant to compel Costa Rica to reach settlements with the U.S. owners of six other properties involved in lengthy condemnation proceedings. President Rafael Angel Calderon has called the financial squeeze an offense against Costa Rican sovereignty, and other critics accuse the United States of money-talks diplomacy, probably to reward the owners for making their land available for the contra-supply airport” (ver nota de prensa de The Baltimore Sun). Ratificada la convención del CIADI en 1993, la demanda se presentó contra Costa Rica ante el CIADI en el año 1996 y en su decisión del 17 de febrero del 2000, el CIADI condenó a Costa Rica a pagar la suma de 16 millones de US$ a los propietarios norteamericanos expropiados en 1978 (con ocasión de la creación del Parque Nacional de Santa Rosa): se trató de la primera sentencia del CIADI contra un Estado de América Latina (región que históricamente se mostró sumamente reservada en relación a la creación, en los años 60, de esta instancia por parte del Banco Mundial)
VANESSA VENTURES Y EL PROYECTO MINERO UBICADO EN LAS CRUCITAS EN COSTA RICA
Es de recordar que esta misma empresa canadiense había también en el año 2003 presentado una demanda ante el CIADI contra Costa Rica por 276 millones de US$ en relación al proyecto minero ubicado en Las Crucitas: la no aprobación del estudio de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) lesionaba, según ella, sus derechos En una carta con fecha del 3 de octubre del 2005, esta empresa retiró formalmente su demanda en el CIADI contra Costa Rica aduciendo estar en negociaciones con el gobierno de la época.
En el mes de julio del 2010, ante caminantes y ecologistas solicitando la derogación de un decreto de conveniencia nacional, el Vice Presidente Alfio Piva adelantó que de acceder a dicha demanda, Costa Rica debería pagar la suma de 1.700 millones de US$ como indemnización a la empresa minera canadiense.a la empresa minera. A la fecha se desconoce la identidad de quiénes integraron la “comisión de expertos” que asesoró a las autoridades en este ámbito así como la metodología usada para llegar a esta cifra. Dicha aseveración fue objeto de un Ojo particularmente Critico del columnista Rodolfo Cerdas en su columna semanal, quién llegó a una acérrima conclusión: “Por una pifia mucho menor, en Inglaterra y Francia ya lo habrían devuelto al INBio, a cuidar ovejas y no repúblicas“.
Al inicio de este mes, la empresa Infinito Gold anunció que, de no reactivarse el proyecto, demandarán a Costa Rica ante el CIADI dentro de un plazo de 6 meses por 1.092 millones de US$ por violación a varias disposiciones al tratado bilateral de inversiones entre Costa Rica y Canadá. Además de un Vicepresidente algo imprudente (y que al día de hoy mantiene sin revelar los nombres de los “expertos” que asesoraron al Gobierno en julio del 2010), la Sala IV lleva casi un año y medio sin pronunciarse sobre el trámite dado a un recurso interpuesto por dicha empresa contra la jurisprudencia de la Sala Primera: la explicación dada en febrero del 2013 por la entonces Presidenta de la Sala IV, para explicar este largo plazo es que: “Debe ser la Sala propietaria, pero no nos hemos puesto de acuerdo. El acuerdo debe ser para dar curso a la acción o para rechazarla”, (La Nación, 5/4/2013). Para condimentar las cosas, la reacción de las autoridades a dicho anuncio dio lugar a una leve sensación de cacofonía: mientras la Presidenta se refirió a que “este es un asunto resuelto” (Prensa Libre 4/4/2013), su Ministro de la Comunicación Francisco Chacón, adujo que “cuando existe una disputa de este calibre, lo lógico en un país civilizado y sujeto al Estado de derecho es que puedan dirimirse pacíficamente en los tribunales arbitrales” (La Nación,5/4/2013).
RECIENTES ACTUACIONES DE AUTORIDADES DE COSTA RICA EN RELACION A DEMANDAS ANTE EL CIADI
Durante el juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo que inició el 4 de octubre del 2010, los órganos del mismo Estado (Procuraduría General de la República, MINAET, SINAC) demostraron no saber defender los intereses públicos de la mejor manera y así lo refleja la sentencia del TCA de noviembre del 2010. En ella leemos que (en el párrafo con el nemeral XXX): “No puede invocarse la seguridad jurídica o la inversión extranjera para pretender mantener vigente conductas administrativas completamente ilegales. Esto último se deriva, también, de las leyes 7870 y 8286, ya citadas. En la primera se prevé que entre Costa Rica y Canadá, las inversiones deben adecuarse a Derecho, cosa que no sucede con lo pretendido por Industrias Infinito. Además, en la Ley 8286 se establece que la normativa ambiental no puede ser atenuada con el fin de promover el comercio, con lo cual se evidencia la preponderancia que la tutela ambiental tiene para Costa Rica y Canadá. En ese sentido, lo que aquí se decide, en el tanto implica la nulidad de actuaciones ilegales y en la medida que se sujetan las conductas objeto del proceso a la normativa relacionada con la protección del ambiente, en nada menoscaba la seguridad jurídica ni afecta negativamente la inversión extranjera, particularmente la que proviene de Canadá”. Recodemos que esta sentencia fue confirmada en todos sus extremos por un voto unánime por parte de la Sala Primera de noviembre del 2011.
En relación a otras demandas ante el CIADI contra Costa Rica, es de recordar que ante la que fue interpuesta por un grupo de accionistas de RITEVE (denominado “Supervisión y Control S.A”) en febrero del 2012 contra Costa Rica, el entonces Vice-Ministro del MOPT, Rodrigo Rivera indicó en declaraciones que: “para el Estado era más barato permitirle a Riteve quedarse operando 10 años más y de esta manera asegurarse no tener que pagar los $280 millones si perdía el arbitraje”. (DiarioExtra, 16/06/2012). Según indica el sitio oficial del CIADI, el 28 de febrero del 2013, Costa Rica presentó una contra memoria objetando la jurisdicción del CIADI para conocer del asunto, por lo que dicha demanda se mantiene en la lista de asuntos pendientes, con los costos de representación legal que ello le significa al país mientras se resuelve. Adicionalmente, se hace mención de otra demanda presentada contra Costa Rica ante el CIADI por “CERVIN Investment S.A “el 11 de marzo del 2013, sin estar aún disponible información sobre sus alcances y motivos.
CONCLUSIÓN
De los 169 demandas pendientes ante el CIADI (a la fecha del 22 de abril del 2013), es de notar que 75 han sido presentadas contra Estados de América Latina: 28 refieren a Venezuela, 25 a Argentina, 6 a Perú, 3 a Ecuador, 2 a Bolivia, a Costa Rica, a Guatemala, a El Salvador, a Paraguay; con una sola demanda pendiente figuran en esta lista del CIADI Honduras, México y Uruguay. A las advertencias sobre la inclinación del CIADI a favorecer a los inversionistas extranjeros en detrimento de los intereses públicos (Nota 1) y a la necesidad de conciliar la recurrente animadversión de varios países de América Latina respeto del actuar del CIADI (Nota 2), habría que añadir algunas otras como por ejemplo el aumento exponencial de las demandas del CIADI en razón de los numerosos tratados bilaterales de inversión (más conocidos como ”TBI”) suscritos en los años 1990 y 2000; o al hecho que en muchos casos, el órgano encargado de defender al Estado ante el CIADI no es un Ministerio de Relaciones Exteriores o una Cancillería o una Procuraduría General de la Nación o de la República, sino que usualmente esta función específica recae en la Secretaria o en el Ministerio a cargo del Comercio Exterior o de la inversión extranjera, que contrata bufetes de abogados especializados de Washington, Nueva York, Ginebra, Paris o Madrid para defender al Estado. Un Ministerio de Comercio Exterior resulta a veces la entidad menos indicada para defender los interés públicos del Estado, al tratarse de un ente claramente inclinado a privilegiar relaciones con inversionistas extranjeros y con una línea política a favor de la atracción de inversiones extranjeras que incluso puede llegar a contravenir con los objetivos tradicionales de la misma política exterior de un Estado (como se evidenció en el caso de Costa Rica en recientes revelaciones de los cables Wikileaks (Nota 3).
Pese a la reciente victoria que significó para Venezuela esta decisión del CIADI; el porcentaje general de casos en los que el CIADI ha fallado a favor del Estado es mínimo y no se tiene registro de semejantes imprudencias y silencios como los antes señalados por parte de Estados demandados ante esta peculiar instancia del Banco Mundial.
Nota 1: Véase por ejemplo FACH GOMEZ K., “Latin America and ICSID: David versus Goliath?”, 2010. Disponible aquí.
Nota 2: Véase por ejemplo FACH GONEZ K., “Proponiendo un decálogo conciliador para Latinoamérica y el CIADI”, 2011. Disponible aquí: De la misma autora, un estudio titulado “Ecuador attainment of the Suma Kawsay and the role assigned to international arbitration”, 2012. Disponible mediandte solicitud a : cursodicr(a)gmail.com
Nota 3: Véase por ejemplo el peculiar interés del Ministerio del Comercio Exterior (COMEX) de Costa Rica en relación a que Costa Rica adhiriera sin reservas a un Acuerdo Bilateral de Inmunidad (ABI) promovido por los Estados Unidos en relación a la Corte Penal Internacional (CPI), intentado burlar incluso a la misma Asamblea Legislativa: sobre este punto, leer nota sobre cable Wikileaks:”Exploraron salida legal para esquivar Asamblea Legislativa”, (La Nación, 14/03/2011) y reciente artículo publicado por el ex Canciller de Costa Rica: STAGNO B., “Defendiendo la integridad del Estatuto de Roma: los altos y bajos del caso de Costa Rica (2002-208), 2012, pp. 8 y subsiguientes. Disponible aquí.
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho (UCR)
