El próximo jueves, la jueza Patricia Reyes resolverá sobre la apertura de investigación por “daños agravados” a los imputados de realizar pintadas en edificios públicos. El Municipio de Puerto Madryn tendrá 48 horas para presentar la documentación necesaria y poder constituirse como querellante.”El derecho penal no está para estas cosas, no es la manera de resolver los conflictos que se dan en la comunidad”, dijo el abogado defensor de los grafitteros, Eduardo Hualpa.
Fuente: Rawsonline
El hecho que se investiga sucedió la madrugada del pasado miércoles 10 de Abril, cuando se realizaron distintos “grafittis” y pintadas en el frente de la Municipalidad de Puerto Madryn, el Concejo Deliberante y la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Personal policial fue alertado y, contando con las características del vehículo en el que se movilizaban los sospechosos, realizó un operativo cerrojo logrando detener a los mismos mientras realizaban pintadas en el paredón del Club Ferrocarril Patagónico. Los imputados son Gastón Lozardo, Andrés Mangaroni, Noelia Nicolás, Romina Krebs, María Gimena Ibarra y la calificación legal es la de “daño agravado por tratarse de bienes de uso público en concurso real con daño simple”.
La audiencia de “apertura de investigación” se realizó el mediodía del lunes en los Tribunales. Una de las cuestiones previas tratadas fue que el Municipio no presentó poder especial para poder ser querellante y por el momento no podrá intervenir en la causa. En tal sentido, el intendente Ricardo Sastre, con el patrocinio del abogado Diego Martinez Zapata, había solicitado ser querellante autónomo en la causa judicial; pero presentó un “poder general” y no el “poder especial” necesario en causas penales, por lo cual la jueza otorgó 48 horas para formalizar la documentación.
Durante la audiencia, los imputados, que decidieron no declarar, estuvieron representados por el abogado particular Eduardo Hualpa y la defensora pública Natalia Murillo, quienes se opusieron a la apertura de investigación. Murillo pidió la remisión al Juzgado de Paz ya que “solo podría imputarse la presunta comisión de una contravención” y, por su parte, Hualpa indicó que “el derecho penal no está para estas cosas” y que “este no es el modo de resolver los conflictos que se dan en la comunidad”.
El funcionario de fiscalía, Jorge Bugueño, replicó que “la apertura de investigación es para anoticiar a los imputados de los hechos sobre los cuales se los va a investigar” e indicó que “la calificación legal del daño agravado es porque resultados dañados bienes de utilidad pública” y será necesario utilizar “dinero del erario público para poner en condiciones las instalaciones”.
Finalmente y luego de escuchar ambos planteos, la jueza Patricia Reyes indicó que dará a conocer su resolución luego de los tres días hábiles correspondientes, notificando a las partes.
