Diez organizaciones ambientalistas y sociales de Costa Rica tildaron hoy de “cínica” a la minera canadiense Infinito Gold por su pretensión de demandar al Estado por 1.092 millones de dólares a causa del retiro en 2010 de una concesión de minería de oro a cielo abierto.
Fuente: elEconomista.es
“Esta nueva acción de la empresa minera constituye otro acto irrespetuoso más contra nuestro país, por cínico y absurdo”, señala un comunicado firmado por diez organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) y Oilwatch Mesoamérica.
El comunicado agrega que la minera canadiense “jamás podrá decir que en este país han sido víctimas de inseguridad jurídica” porque “quedó absolutamente demostrado ante los tribunales de justicia (…) que fueron ellos los que incumplieron con mucho de lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico”.
Infinito Gold anunció el pasado jueves que notificó al Ministerio de Comercio Exterior sobre incumplimientos al Tratado Bilateral de Inversiones entre Costa Rica y Canadá, con lo que se abrió un periodo de seis meses para llegar a un “acuerdo amistoso”, que para la empresa supone la reactivación del proyecto minero Las Crucitas, en el norte del país.
De no haber entendimiento con el Gobierno, la firma canadiense interpondrá una demanda por 1.092 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo autónomo del Banco Mundial.
Los 1.092 millones de dólares de la demanda corresponden a 92 millones que la firma ya había invertido a lo largo de 20 años en estudios y una primera fase de construcción de la mina y 1.000 millones en dinero que calcula dejará de percibir al no concretarse el proyecto.
El Tribunal Contencioso Administrativo declaró en 2010 como nulas las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y de la Secretaría Técnica Ambiental (Setena), con las que se otorgó la viabilidad ambiental y la concesión minera, así como aprobaciones para modificar el proyecto y el uso del suelo.
Según las organizaciones ambientalistas, “fue la misma empresa la que, con su comportamiento y forma de actuar, incurrió en faltas que a la postre tuvieron como resultado la nulidad de la concesión minera y su viabilidad ambiental”.
“Es realmente indignante que esa empresa minera pretenda cobrarnos”, afirma el comunicado de las ONG que durante años denunciaron daños ambientales e irregularidades del proyecto minero.
Los ambientalistas exigieron a la presidenta Laura Chinchilla que “asuma el compromiso y la decisión del país de no abrir la minería de oro a cielo abierto en Costa Rica”.
Chinchilla, quien durante su Gobierno decretó una moratoria a la minería de oro a cielo abierto, dijo la semana pasada que el tema de Las Crucitas está cerrado y que serán los tribunales internacionales los que decidirán al respecto.
