El año pasado hubo cerca de 64 acciones contra proyectos mineros, desde marchas, reclamos, paros cívicos, bloqueos de vías y huelgas de hambre. En el 57% de los casos las protestas estuvieron relacionadas con la extracción de petróleo; en un 19%, con la de oro; en un 18%, con la del carbón, y en un 6%, con la de otros minerales. Así lo demuestra el estudio realizado por el Cinep ‘Minería, conflictos sociales y violaciones de derechos humanos’.
Foto de archivo: Marcha contra la megaminería en Bogota (2012)
Fuente: El Espectador
El año pasado se presentaron 64. Por ello, hace un llamado a la sociedad y al Estado para un diálogo al respecto.
Anda, pero con dificultades. De las cinco locomotoras que estableció el Gobierno como pilares para jalonar la economía, la minero-energética es, probablemente, la que más controversias ha generado, de acuerdo con el más reciente informe del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), Minería, conflictos sociales y violación de derechos humanos en Colombia.
El año pasado hubo cerca de 64 acciones contra proyectos mineros, desde marchas, reclamos, paros cívicos, bloqueos de vías y huelgas de hambre. En el 57% de los casos las protestas estuvieron relacionadas con la extracción de petróleo; en un 19%, con la de oro; en un 18%, con la del carbón, y en un 6%, con la de otros minerales. Cerca del 24% de ellas se debió al presunto incumplimiento de acuerdos entre las empresas mineras y sus empleados; el 16%, a posibles violaciones a los derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes, y el 14% fue por la protección del medio ambiente.
Hubo protestas en casi todos los departamentos. El informe destaca, por ejemplo, que “a través de acciones sociales colectivas, comunidades indígenas y afrodescendientes de Putumayo, Vichada, Nariño, Antioquia, La Guajira, Boyacá, Casanare, Norte de Santander y Cauca, reclamaron su derecho al territorio, expoliado por la avanzada de la exploración y explotación petrolera (y de otros recursos naturales) y por la violación de sus derechos culturales: a la autonomía, la libre determinación, a la vida y a la supervivencia como pueblos, al consentimiento previo e informado”.
En departamentos como Tolima y Santander se presentaron grandes manifestaciones contra dos importantes proyectos mineros: La Colosa, ubicado en Cajamarca, Tolima. Presentado como uno de los yacimientos de oro más grandes del mundo, ha puesto en disputa a las comunidades, la AngloGold Ashanti —empresa que lo propuso— y el Gobierno.
Por otra parte, en Santander se ha generado un debate mayúsculo desde que se vio la posibilidad de que la empresa GreyStar Resources explotara el Páramo de Santurbán en busca de oro. La discusión llegó incluso a la Asamblea departamental. Miles de pobladores de Bucaramanga salieron a protestar contra el proyecto porque, según ellos, afectaría profundamente las fuentes de agua que abastecen a esa ciudad de casi un millón de habitantes. El tema llegó incluso a la Fiscalía y, mientras tanto, la empresa sigue maniatada.
Aunque El Espectador trató de comunicarse con el ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, no pudo hacerlo. No obstante, en otras entrevistas el funcionario ha dicho que se están tomando todas las medidas para que cada vez más la extracción minera se haga en condiciones más responsables con el ambiente y las comunidades. Pero el problema no acaba allí. Para colmo de males grupos armados ilegales están extorsionando a los grandes y pequeños mineros, para obtener así una importante fuente de ingresos.
El Cinep advierte que en muchas regiones del país existe una correlación: la violencia, las extorsiones y los asesinatos se han multiplicado en las regiones mineras y, cada vez más, los yacimientos están siendo controlados y pagan “peaje” a los grupos armados de todo tipo, desde las Farc y el Eln hasta las llamadas bandas criminales.
De acuerdo con fuentes de la Policía, una de las prioridades inmediatas es acabar los vínculos de ilegalidad en la extracción de minerales. De hecho, el presidente Juan Manuel Santos se ha referido en varias ocasiones a la minería ilegal como un “cáncer que hay que extirpar”.
Además, el Gobierno tiene establecido un plan de formalización de los mineros informales del país para que se los pueda distinguir de los mineros ilegales y sea más fácil combatir a estos últimos. No obstante, la Confederación de Pequeños Mineros de Colombia ha dicho que este plan no está funcionando.
En este marco, el Cinep presenta una serie de recomendaciones al Estado y a la sociedad, entre ellas reformular la política minera del país, aplicar con pertinencia la consulta previa, proteger y respetar las zonas campesinas, definir las líneas de páramo, es decir, los lugares donde no se puede hacer minería, y mostrar una mayor efectividad en la titulación de las tierras de las comunidades.
A la sociedad, por su parte, se le recomienda generar espacios de reflexión, investigar las posibles violaciones a los derechos de las comunidades producidas por la explotación minera y acompañar los procesos. Queda claro que falta un debate más profundo. La locomotora sigue avanzando, pero debe hacerse mucho para que no se descarrile.Anda, pero con dificultades. De las cinco locomotoras que estableció el Gobierno como pilares para jalonar la economía, la minero-energética es, probablemente, la que más controversias ha generado, de acuerdo con el más reciente informe del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), Minería, conflictos sociales y violación de derechos humanos en Colombia.
El año pasado hubo cerca de 64 acciones contra proyectos mineros, desde marchas, reclamos, paros cívicos, bloqueos de vías y huelgas de hambre. En el 57% de los casos las protestas estuvieron relacionadas con la extracción de petróleo; en un 19%, con la de oro; en un 18%, con la del carbón, y en un 6%, con la de otros minerales. Cerca del 24% de ellas se debió al presunto incumplimiento de acuerdos entre las empresas mineras y sus empleados; el 16%, a posibles violaciones a los derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes, y el 14% fue por la protección del medio ambiente.
Hubo protestas en casi todos los departamentos. El informe destaca, por ejemplo, que “a través de acciones sociales colectivas, comunidades indígenas y afrodescendientes de Putumayo, Vichada, Nariño, Antioquia, La Guajira, Boyacá, Casanare, Norte de Santander y Cauca, reclamaron su derecho al territorio, expoliado por la avanzada de la exploración y explotación petrolera (y de otros recursos naturales) y por la violación de sus derechos culturales: a la autonomía, la libre determinación, a la vida y a la supervivencia como pueblos, al consentimiento previo e informado”.
En departamentos como Tolima y Santander se presentaron grandes manifestaciones contra dos importantes proyectos mineros: La Colosa, ubicado en Cajamarca, Tolima. Presentado como uno de los yacimientos de oro más grandes del mundo, ha puesto en disputa a las comunidades, la AngloGold Ashanti —empresa que lo propuso— y el Gobierno.
Por otra parte, en Santander se ha generado un debate mayúsculo desde que se vio la posibilidad de que la empresa GreyStar Resources explotara el Páramo de Santurbán en busca de oro. La discusión llegó incluso a la Asamblea departamental. Miles de pobladores de Bucaramanga salieron a protestar contra el proyecto porque, según ellos, afectaría profundamente las fuentes de agua que abastecen a esa ciudad de casi un millón de habitantes. El tema llegó incluso a la Fiscalía y, mientras tanto, la empresa sigue maniatada.
Aunque El Espectador trató de comunicarse con el ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, no pudo hacerlo. No obstante, en otras entrevistas el funcionario ha dicho que se están tomando todas las medidas para que cada vez más la extracción minera se haga en condiciones más responsables con el ambiente y las comunidades. Pero el problema no acaba allí. Para colmo de males grupos armados ilegales están extorsionando a los grandes y pequeños mineros, para obtener así una importante fuente de ingresos.
El Cinep advierte que en muchas regiones del país existe una correlación: la violencia, las extorsiones y los asesinatos se han multiplicado en las regiones mineras y, cada vez más, los yacimientos están siendo controlados y pagan “peaje” a los grupos armados de todo tipo, desde las Farc y el Eln hasta las llamadas bandas criminales.
De acuerdo con fuentes de la Policía, una de las prioridades inmediatas es acabar los vínculos de ilegalidad en la extracción de minerales. De hecho, el presidente Juan Manuel Santos se ha referido en varias ocasiones a la minería ilegal como un “cáncer que hay que extirpar”.
Además, el Gobierno tiene establecido un plan de formalización de los mineros informales del país para que se los pueda distinguir de los mineros ilegales y sea más fácil combatir a estos últimos. No obstante, la Confederación de Pequeños Mineros de Colombia ha dicho que este plan no está funcionando.
En este marco, el Cinep presenta una serie de recomendaciones al Estado y a la sociedad, entre ellas reformular la política minera del país, aplicar con pertinencia la consulta previa, proteger y respetar las zonas campesinas, definir las líneas de páramo, es decir, los lugares donde no se puede hacer minería, y mostrar una mayor efectividad en la titulación de las tierras de las comunidades.
A la sociedad, por su parte, se le recomienda generar espacios de reflexión, investigar las posibles violaciones a los derechos de las comunidades producidas por la explotación minera y acompañar los procesos. Queda claro que falta un debate más profundo. La locomotora sigue avanzando, pero debe hacerse mucho para que no se descarrile.
