“En el área andina y en el mundo entero, las montañas deberían estar blindadas contra la minería. Lo dicen destacados científicos y lo registran las más reconocidas publicaciones mundiales”, dijo a IPS un especialista regional en planificación de Colombia. Fernando Mauricio Castro detalla sobre un mapa el impacto ambiental de la minería en Tolima.
Fuente: IPS
03/02/2012. Se trata del ingeniero forestal Fernando Mauricio Castro, responsable de Planeación en Cortolima, la estatal Corporación Autónoma Regional del Tolima, un departamento andino situado en el centro del país, del que es capital esta ciudad ubicada 202 kilómetros al suroeste de Bogotá.
Así criticó Castro la presencia en la cordillera andina central de la empresa minera sudafricana AngloGold Ashanti (AGA) que desde 2006 realiza exploraciones en el área.
Sus operaciones para la explotación de oro fueron autorizadas por el gubernamental Instituto Colombiano de Geología y Minería, durante la Presidencia del derechista Álvaro Uribe (2002-2010), criticado por haber otorgado títulos incluso en parques nacionales y otras áreas protegidas o especialmente frágiles.
La concesión a la transnacional sudafricana, la tercera productora mundial de oro, forma parte de los 9.011 títulos mineros legales que registró la gubernamental Contraloría General de la República, en el informe sobre Recursos Naturales y Medio Ambiente, 2010-2011.
A ello se suman, según el reporte, otras 9.420 explotaciones mineras ilegales, 409 más que las lícitas.
El sucesor de Uribe, el derechista moderado Juan Manuel Santos, ha incluido la minería como el principal de los cinco motores del desarrollo económico colombiano, a los que el gobierno denomina “locomotoras del desarrollo”. “Estoy de acuerdo en combatir las mineras ilegales que usan químicos como cianuro y mercurio, porque son una amenaza”, dijo a IPS el geólogo y analista Julio Fierro Morales.
“Pero también hay minería legal, organizada, que causa alto impacto. Y la empresa AGA está entre las más grandes e irresponsables. Para nada está bien abrir huecos en la alta montaña”, ratificó Fierro.
Colombia es el primer productor latinoamericano de carbón y también tiene grandes depósitos de oro, ferroníquel y otros minerales y piedras preciosas. El sector minero –al igual que el de hidrocarburos- crece a niveles históricos en los últimos años.
La proyección oficial indica que el producto minero aumentará 8,5 por ciento anual en el periodo 2011-2014 y para participar en el negocio están presentes en el país 40 empresas transnacionales. AngloGold llegó a Tolima hace más de una década para realizar estudios y exploración en el municipio de Cajamarca, 35 kilómetros al occidente de Ibagué y con unos 23.000 habitantes.
La localidad está situada a 1.814 metros sobre el nivel del mar y es apodada como “la despensa de Colombia” por su alta producción agropecuaria. En sus inmediaciones se ubica la llamada “estrella hídrica”, que conforman 160 nacientes de agua, la cuenca del río Coello, páramos, bosques de niebla y zonas forestales y productoras. Pero en sus inmediaciones también se ubica el yacimiento aurífero de La Colosa, con reservas estimadas de 12 millones de onzas y dentro de un área protegida. El gobierno y la transnacional promocionan la mina a cielo abierto como uno de los mayores depósitos de oro del mundo.
La Colosa divide a ambientalistas y promotores del desarrollo minero y es vista como un test para el tipo de minería que va a tener Colombia y para saber si el actual gobierno cumple su promesa de desactivar los títulos mineros concedidos por su predecesor en zonas ambientales protegidas.
Mientras, AGA Colombia comenzó a expandir el territorio bajo su dominio, mediante la adquisición de tierras a campesinos, con lo que en la práctica aumentó la concesión hasta llegar a áreas donde se ubican acueductos importantes para la población de la zona.
Las actividades de AGA se realizan en bajo perfil y el silencio de los medios regionales, que “no imparten conocimientos, ni impulsan el debate necesario. Por el contrario, destaca los recursos que supuestamente dejará la AngloGold”, señaló Castro.
El ingeniero integra el equipo de trabajo que desde Cortolima realizó en 2011 un análisis sobre las adjudicaciones mineras en la región, que dejó sorpresas amargas.
“Encontramos que el terreno de las dos bocatomas del actual acueducto de Ibagué está bajo concesión minera”, afirmó. La ciudad cuenta con unos 600.000 habitantes.
“Y no solo eso. Dado que la capacidad del acueducto se está agotando, hicimos grandes esfuerzos para conseguir recursos suficientes e iniciar el acueducto alterno”, agregó.
En ese proyecto se invirtieron ya unos 900.000 dólares de recursos nacionales y regionales aprobados para el nuevo acueducto por 37 millones de dólares. “Sin embargo, ya hay un título minero concesionado sobre la cuenca”, denunció el funcionario, lo que podría impedir el seguimiento de la obra.
“Es preocupante. Se privilegia el bien particular sobre el colectivo. La inversión para adquirir predios de protección estratégica y de garantía del agua para las poblaciones presentes y futuras no será posible”, afirmó.
Las concesiones incluyen poblaciones rurales completas, como San Cayetano, Buena Vista y Santa Teresa, además de muchos de los acueductos de zonas pobladas que rodean Ibagué.
La movilización social de estudiantes, líderes sociales y más de 25 organizaciones sociales se mantiene, pero, “es una pelea de David contra Goliat”, continuó Castro.
“Es cierto que hay un trabajo valioso por parte de quienes no comparten la exploración minera en ecosistemas tan frágiles”, dijo el funcionario regional.
“Pero también se observa con tristeza que, dada la alta inversión, la AngloGold no vino para irse, sino para quedarse. Por tanto, lo más probable es que en pocos meses asistamos a la expedición de la licencia de explotación por parte del ministerio”, agregó.
Con el agravante de que la explotación será a cielo abierto. “Para eso tienen que explotar, desaparecer, triturar… montañas para extraer oro en bajas cantidades. Después, a 3.000 metros de altura tienen que hacer unos diques para ‘cianurar’ (incorporar cianuro) el material y así separar el oro de otros metales”, explicó Castro.
El lugar está “muy cerca del volcán Machine, con una actividad constante”, agregó.
Cortolima “llama la atención sobre los impactos ambientales graves que sufriría la región. E insiste en que no hay cabida al desarrollo sostenible con este proyecto. Pero las decisiones competen al ministerio”, continuó.
El daño ambiental sirve para alimentar la industria del lujo, denuncian expertos y activistas. “Un estudio del Ministerio del Medio Ambiente asegura que 90 por ciento del oro se usa en elementos suntuarios”, anotó el geólogo Fierro.
Por su parte, el presidente Santos insiste en la importancia de legalizar la minería y proteger el agua.
“Hay angustia, cuando se ven las fuentes de agua y los ríos contaminados. Por eso, vamos a detener de tajo la minería ilegal, y por eso vine a decirles que el gobierno está con ustedes”, dijo el presidente el 6 de enero ante la comunidad minera de Norosí, en el norteño departamento Bolívar, en el Caribe.
Pero su afirmación se cuestiona en relación con la situación en Tolima, en donde la exploración de AGA lesionaría de manera irreparable la estrella hídrica más importante de la región.
“Los economistas neoclásicos terminan justificando el arrasamiento ambiental. Sucede ahora en América Latina, entre gobernantes de distintas tendencias. Por tanto, se evidencia cada vez más la urgencia de impulsar una resistencia regional”, concluyó Fierro.
