Adicional a los temas ecológicos, viene surgiendo la preocupación de cómo se ha estructurado la economía de las zonas mineras frente al desarrollo económico y a la pobreza de los hogares que supuestamente deben beneficiarse. Un acercamiento a las cifras nos muestra que la explotación del carbón genera más inequidad en el ingreso por ser una actividad poco intensiva en mano de obra y la falta de inversión en otros sectores.
La pobreza e inequidad en los departamentos del Cesar y La Guajira son las más altas del país. Esto coincide con que ambos generan casi la totalidad de las exportaciones de carbón térmico. Mientras 60 de cada 100 cesarenses y 70 de cada 100 guajiros no poseen un ingreso suficiente para tener la libertad de adquirir una canasta básica de consumo, en el Atlántico esta cifra no supera 46 de cada 100 habitantes.
La explotación del carbón es una actividad poco intensiva en mano de obra. Por lo tanto, muchas de sus rentas no se distribuyen en la región donde se explota y por la naturaleza su dinámica productora son un foco latente de inequidad en el ingreso. Si comparamos la minería con otra actividad económica es evidente que genera una mala distribución de los acaudalados recursos generados. Por ejemplo, para producir un billón de pesos en la agricultura se requieren 134 mil trabajadores pero en la minería tan sólo se requieren 11.900 que, por las características de su actividad, poseen mayor nivel educativo y salarios.
En el caso particular del Cesar, el 11% de su producto interno bruto se genera en las actividades agropecuarias mientras el 37% proviene de la extracción del carbón. Esto significa que por un lado 900 mil millones de pesos son generados por 100 mil campesinos pero, por el otro, más de 3 billones de pesos son producidos por menos de 30 mil trabajadores mineros.
Siendo así las cosas luchar contra la pobreza e inequidad se hace mucho más difícil. Una esperanza en esta tarea es que las empresas extractoras del mineral pagan unas regalías que pueden ayudar a redistribuir los recursos. Sin embargo, el resultado de la inversión de estos dineros produce una profunda tristeza. Al visitar La Jagua de Ibirico, por ejemplo, pareciera como si una batalla hubiera tenido como escenario sus calles, escuelas y hospitales. Hoy en día su alcalde elegido por votación popular se encuentra destituido e inhabilitado por 10 años y a un paso de la cárcel.
Colombia tiene el compromiso a 2015 de bajar a la mitad los niveles de pobreza que tenía en 1990 y como van las cosas será difícil alcanzarlo en los departamentos costeños con tradición minera. La estructuración de la economía producto de la actividad extractora de carbón, la apropiación ilegal de las regalías y la mala calidad de los proyectos financiados con los dineros que logran salvarse de los corruptos son los primeros obstáculos que toca remover.
La política pública y el acompañamiento institucional son necesarios sin ninguna duda y deben ir más allá de la actuación de los organismos de control que hasta ahora ha predominado. Adicional a eso, se requieren iniciativas para que la producción minera pueda apalancar inversiones en otros sectores que permitan desde el sector privado distribuir los ingresos que disminuyan la inequidad y la pobreza.
Por Juan M. Villa
Opiniónvillajuanmiguel@yahoo.com
