Los campesinos y concejales del suroeste antioqueño que han liderado la protección de sus municipios frente a la minería a gran escala lograron en las últimas horas un triunfo jurídico. El Consejo de Estado, máximo tribunal colombiano, aceptó la tutela que interpusieron en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, que el año pasado anuló el acuerdo firmado por el Concejo de Urrao con el que se prohibió la minería en su territorio. El suroeste antioqueño se ha levantado para defender el territorio de la minería.
Fuente: Semana
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El Tribunal Administrativo de Antioquia y la Gobernación de Antioquia deben presentar los argumentos que los llevaron a anular el acuerdo contra la minería firmado en Urrao. En próximos días el Consejo de Estado deberá tomar una decisión.
Entre los argumentos acogidos por los magistrados del tribunal antioqueño se destaca el hecho de que el Concejo Municipal no tenía facultades para determinar los usos del suelo y que vulneraban “normas constitucionales y legales, toda vez que se extralimitó, al no respetar los parámetros establecidos en norma legal, y prohibió una actividad que es de interés nacional y de bienes que pertenecen al Estado”.
Esto fue un campanazo de alarma para los activistas y políticos de la región, pues hasta el momento son once los municipios que han firmado dichos acuerdos que buscan asegurar los territorios para la explotación agrícola y el cuidado de ecosistemas.
Según el abogado Rodrigo Negrete, quien interpuso la tutela, este tipo de acciones suelen ser rechazadas porque deben cumplir muchos requisitos y formas, pues podrían conllevar la anulación de la decisión de un juez.
“Nosotros consideramos que cuando el tribunal falló violó los derechos fundamentales de muchas personas: derechos al debido proceso, a la igualdad, a la paticiáción, el acceso a la administración de justicia, el derecho a la defensa”.
En este momento el Consejo de Estado está esperando los argumentos del Tribunal Administrativo de Antioquia y de la Gobernación, por lo que se espera que en las próximas semanas se conozca un fallo que podría irse a segunda instancia.
“El fallo del tribunal está en contra de la Constitución, porque las alcaldías pueden tomar decisiones sobre el subsuelo, además están ignorando fallos y sentencias de la Corte Constitucional. Esto sienta un precedente porque el tribunal de Antioquia ha venido tumbando estos acuerdos desde el 2011 y nadie le ha peleado. Es la primera vez que se cuestiona una decisión que viene de la Gobernación de Antioquia, que en este caso de la minería es juez y parte”, dijo Negrete.
La decisión es un aliciente para los activistas, quienes no han dejado de trabajar en los últimos meses para proteger sus territorios. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, ha mencionado en varias ocasiones que es necesario revisar las vocaciones de las regiones para determinar si las licencias mineras se convierten en licencias ambientales. En este caso la vocación del suroeste es totalmente agropecuaria.
