En su último estudio sobre minería en Colombia “Control público, memoria y justicia socio-ecológica, movimientos sociales y posconflicto”, publicado el mes pasado por la Contraloría General de la República (CGR), esta entidad nuevamente pone de manifiesto varias verdades que, sin lugar a dudas, incomodan al país pro minero.
Fuente: El Nuevo Día
La primera de ellas es que los conflictos socio-ambientales en Colombia se exacerbaron en forma dramática por causa de la minería. A partir del año 2002, tiempo en el cual empezó la feria de títulos mineros, los conflictos de este tipo tuvieron un incremento exponencial con motivo de las afectaciones sobre más de 618 mil hectáreas, y las amenazas reales o potenciales que representa la minería para 1.9 millones de personas. Dentro de los eventos conflictivos que más destaca el organismo de control, se encuentran el del Páramo de Santurbán en Santander, el de La Colosa en el Tolima, y el del traslado del río Ranchería por El Cerrejón en la Guajira.
Otra verdad refrendada en el informe, es que nuestro país cada día avanza más hacia una reprimarización económica, es decir, hacia una economía que no agrega valor sino que depende de la producción y exportación de productos primarios (hidrocarburos, minerales, entre otros). Según el documento de la CGR, las materias primas representaron el 68% del total de las exportaciones de Colombia en el año 2013, mientras que en 1990 tenían un peso del 64%. Adicionalmente, la mayoría de los productos exportados corresponden al sector minero-energético, lo que encuentra explicación en las diferentes decisiones políticas que se han adoptado en Colombia en los últimos años para favorecer este sector. La mala noticia es que la especialización de la economía en el sector primario, además de tener sendas consecuencias sobre los ecosistemas y de generar profundos conflictos sociales, aleja a Colombia de la búsqueda de desarrollar el sector secundario (manufactura e industria) y aún más el terciario (servicios y bienes no tangibles), que ciertamente son los que caracterizan las economías de los países económicamente más desarrollados.
Una tercera verdad revelada en el estudio, es que el 80% de la inversión extranjera directa (IED) en el sector minero, es devuelta por las compañías multinacionales a sus países de origen, lo que indicaría que la muy celebrada participación de la IED en el crecimiento del PIB de Colombia, terminaría siendo una ilusión que en el mediano plazo se esfumaría por la repatriación de las ganancias y dividendos de dichas inversiones. Esto preocupa aún mas, si se tiene en cuenta que el porcentaje de repatriación de capitales es mucho mayor en relación al que se observaba para el año 2000 que apenas alcanzaba el 46% de la IED total. Y todavía más, si se deduce que entre mayor IED llegue a este sector, mayor será la presión por la extracción intensiva de los recursos naturales.
En síntesis, el revelador informe de la CGR demuestra, como lo han hecho algunos de sus estudios anteriores, que la minería es un negocio poco deseable para nuestro país, no tanto porque sea una sector económico negativo per se, sino más bien, porque el diseño legal e institucional de Colombia, parece estar orientado exclusivamente a facilitar la generación de riqueza, sin importar los impactos sociales y ambientales que se puedan derivar, ni mucho menos quien se quede con ella.
