El pasado sábado el Concejo Municipal de Urrao aprobó en segundo debate la prohibición de la minería en el municipio, tomando como base dos acuerdos aprobados en los concejos de los municipios de Támesis y Jericó. El acuerdo es el 009 “por medio del cual se dictan medidas para la defensa del patrimonio ecológico y natural del municipio de Urrao, Antioquia y se adoptan otras determinaciones”. En Urrao, empresas han solicitado el 87% del territorio para minería de oro a gran escala, mientras que también la minería ilegal es foco de conflicto y riesgo ambiental.
Fuente: El Colombiano
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“El municipio en pleno quiere conservar nuestras aguas, somos ricos en agua y naturaleza y las personas que vienen trabajando la minería artesanal ya quieren trabajar en otras áreas, en agricultura y ganadería”, afirmó Carlos Sierra, presidente del Concejo de Urrao a Teleantioquia Noticias.
En el debate también participaron comunidades de mineros artesanales que apoyaron el acuerdo, pero explicaron que debido al abandonó estatal se han visto obligados a acceder a la minería ilegal, por lo que pidieron ayuda para cambiar su forma de sustento.
Los concejales, por su parte, se comprometieron a buscarles soluciones como una vía de acceso, pues son veredas a tres días a lomo de mula.
Los jóvenes del grupo “No a la minería en Urrao” también hicieron una intervención explicando que el acuerdo es necesario, porque según ellos en Urrao han solicitado el 87% del territorio para minería de oro a gran escala.
Cabe señalar, que a día de hoy no hay proyectos mineros legales en Urrao, pero en veredas como Mandé y en el río Murrí, a tres días del casco urbano han entrado foráneos con maquinaria a realizar minería ilegal y según Quiceno hay más de 10 máquinas en la zona.
“En Urrao no existe ningún permiso de la corporación Corpourabá para hacer minería de manera legal. Todo tipo de explotación de oro con maquinaria al día de hoy es ilegal”, aclaró Quiceno.
Sobre este acuerdo, Quiceno agregó que se decidió conservar el agua, la naturaleza, la convivencia pacífica, el patrimonio natural y cultural. Y para eso, se buscó asesoría.
“Hace como cuatro años se hizo un acuerdo parecido a este pero lo derogó el Tribunal Administrativo de Antioquia. Este nuevo acuerdo se lo pasaron al presidente del Concejo directamente desde Támesis y Jericó y ha sido implementado también en Ibagué. Y aunque han sido demandados, las demandas no han progresado”, reconoció Quiceno.
En 2013, según este líder ambiental, enviaron documentación para pedir una consulta popular, pero este mecanismo el tribunal se los devolvió argumentando que el tema era potestad del Gobierno. “Ahora se aprovechó la nueva resolución donde se le da la potestad a los concejales y al alcalde para decidir sobre el uso de los suelos”, agregó Quiceno.
Por su parte, el coordinador de la mesa ambiental de Jericó, Fernando Jaramillo, constató que estos acuerdos aunque fueron ratificados por los alcaldes locales, fueron objetados por la Gobernación de Antioquia.
“Estamos a la espera de los fallos del Tribunal”, resaltó Jaramillo y dijo que se basaron en el numeral 9, del artículo 313 de la Constitución, donde a todos los concejos les corresponde “dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”.
¿Tiene o no futuro este acuerdo?
La Corte Constitucional tumbó en mayo de 2016 el artículo 37 de la Ley 685 del 2001, según el cual: “(…)ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería”.
Con ese fallo, a través de consultas populares y reformas de los Planes de Ordenamiento Territorial los entes locales pueden ahora frenar cualquier proyecto minero, algo que estaba en manos solo de las autoridades nacionales.
La secretaria de Minas de la Gobernación de Antioquia, Liz Álvarez Calderón, aclaró que han socializado con las corporaciones municipales para que se realizcen los acuerdos pero cumpliendo los requisitos.
“La norma nunca les otorga la competencia a los Concejos para prohibir la actividad extractiva en los municipios. Lo que faculta la norma es a que ellos a través del establecimiento de zonas industriales mineras en los POT puedan definir en que partes del municipio pueden hacer o no la actividad minera”, aclaró Álvarez.
Según la funcionaria, algunos municipios han atendido estas sugerencias legales. “Los acuerdos (de Támesis y Jérico) que han llegado a la jurídica de la Gobernación fueron demandados y con este puede que pase lo mismo”, confirmó Álvarez y agregó que la autoridad responsable de la política minera es el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía.
“Vía Concejo Municipal, lo que dice es que los alcaldes y las corporaciones deberán regular el uso del suelo en los municipios y que en esa regulación se puede establecer zonas industriales mineras”, concluyó Álvarez, pero no prohibir la minería.
“Esto tiene que suplir un trámite de construcción de Plan de Ordenamiento Territorial. No es hacer un acuerdo municipal diciendo que aquí se prohíbe la actividad minera, eso está por fuera de la competencia de esa corporación”, concluyó Álvarez.
