Entre el viernes pasado y ayer la plenaria del Concejo de Ibagué vio desfilar por su recinto una viceministra, un ex presidente de la Corte Constitucional, el Procurador Ambiental, el vicepresidente de una multinacional mineras, una directiva de un gremio nacional. Todos con un propósito: convencer a los concejales de no dar vía libre a la que sería la primera consulta popular para prohibir la minería en una ciudad capital.
Por: Juan Esteban Lewin publicado en La Silla Vacia
Recibió una docena de intervenciones sobre el tema, incluyendo la de la minera Anglogold Ashanti, que tiene el proyecto aurífero La Colosa en el vecino municipio de Cajamarca; la de la Asociación de Minería e Hidrocarburos del Tolima; la de la jefe jurídica de la Vicepresidencia Nacional de Hidrocarburos y Minería de la Andi; la de voceros ambientalistas; la del Procurador Ambiental del Tolima, Ernesto Cardoso; la de el ex presidente de la Corte Constitucional Antonio Barrera Carbonell; y la de la viceministra de Minas, María Isabel Ulloa.
Ese desfile de interesados es visto como algo histórico. Y muestra hasta qué punto el tema está caliente en la ciudad y entre sectores empresariales y de ambientalistas de todo el país.
Una propuesta caliente
El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, arrancó su administración agitando la bandera de la consulta popular
La presencia de la viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, en el concejo de Ibagué es vista allí como prueba de que esta consulta es un tema importante para el Gobierno Nacional.
La discusión nació porque el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, le pidió al Concejo luz verde para hacer una consulta popular para que los ibaguereños le digan sí o no a la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo sí o no en que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación agropecuaria del municipio?”.
Esa pregunta, a pesar de sus matices, es vista por amigos y enemigos como una forma de prohibir popularmente la minería en la capital del Tolima. Por eso, aunque en principio se trata de un tema local, ha despertado interés nacional al ser la primera vez que una capital discute prohibir la minería a través de una consulta popular.
De salir adelante esta iniciativa se crearía un precedente muy riesgoso para la minería en todo el país, pues los que votarían no serían los que viven en el municipio minero, que eventualmente tienen que sopesar entre los réditos económicos y de empleo, y los costos ambientales, sino gente que está más alejada del proyecto y que conoce menos de los riesgos y ventajas directas de la minería. Y que es más difícil de persuadir con campañas o programas promovidos por las multinacionales mineras.
Por esa misma distancia de las minas, la consulta también podría sentar un precedente importante para evitar los efectos ambientales que puede tener la minería en municipios que no tienen minas pero sí actividades relacionadas con la minería. O en aquellos que, sin ser mineros, pueden verse afectados por minas, por ejemplo si el agua les llega contaminada.
El tema de la minería está en la agenda pública de Ibagué desde hace casi 10 años, cuando la minera Anglogold Ashanti hizo público su interés de explotar oro en la vecina Cajamarca.
Esa explotación no se ha materializado porque sigue en etapa de exploración, y la Minera calcula que seguirán haciendo estudios por lo menos hasta fines de 2019, para ahí sí empezar a buscar la licencia para explotarla.
A pesar de eso, se ha convertido en un tema permanente de la agenda pública y en una bandera política muy popular, no solo en la campaña del hoy alcalde sino desde antes. En todos estos años Ibagué ha vivido el surgimiento de un movimiento ambientalista y anti Colosa con el que Jaramillo se alineó, y que fue uno de los principales factores para su victoria, junto con la larga trayectoria política del alcalde y su hermano el ex senador liberal Mauricio.
Jaramillo, quien fue secretario de gobierno y de salud de Gustavo Petro en Bogotá, ya tenía una línea anti AngloGold desde cuando era Senador del Polo en 2009 y que coincide con la de varios de sus aliados políticos y lanzó la propuesta de la consulta desde que estaba en campaña. Y someter la propuesta al Concejo fue uno de sus primeros actos de gobierno.
La discusión en el Concejo ha tenido varias aristas.
Una es qué busca Jaramillo con la consulta. Para el diputado conservador José Élver ‘Choco’ Hernández, “quizás es una forma de hacer ‘show’ y llamar la atención”, mientras que el Alcalde afirma que lo que busca es que sean los ibaguereños quienes decidan su propio futuro.
Otra es la redacción de la pregunta. Para los que se oponen, es tramposa. Dicen que nadie va a decir que quiere proyectos que contaminen: “La pregunta tal y como está formulada iría en contra de la libertad de expresión y el ‘sí’ o ‘no’ puede estar predeterminado”, dijó el ex presidente de la Corte Consitucional, Antonio Barrera Carbonell, quien fue invitado por el concejal de Cambio Radical Humberto Quintero, opositor del proyecto.
“La pregunta tiene una redacción que induce necesariamente a la respuesta del no”, explica el Procuador Ambiental, quien se ha manifestado consistentemente en contra de la consulta. Ya lo había hecho contra las consultas de Piedras y Cajamarca y ha sido señalado de interceder por Anglogold en otros hechos, algo que siempre ha negado.
Los opositores del proyecto afirman, además, que en todo caso la consulta no tendría efectos frente a La Colosa, pues el proyecto queda en otro municipio y, según le dijo un vocero de Anglogold a La Silla, no afecta a Ibagué.
A eso responden los defensores que la pregunta es clara y que la futura mina podría afectar al río Coello que pasa por Ibagué y podría necesitar terrenos en ese municipio para actividades como botar material de desecho o lavar el oro y separarlo.
Una arista más de la discusión son los efectos económicos de la consulta. Para los opositores la consulta afectaría la economía local: La Colosa tiene unas 24 millones de onzas de oro que, de ser explotadas, podrían producir unos 4 billones de pesos en regalías y mover el comercio del departamento. Y agregan que el costo de la consulta, que vale unos mil o dos mil millones, es muy alto para una ciudad con las finanzas débiles
Desde la otra orilla la respuesta es que la minería produce pocos empleos y afecta otras actividades económicas, incluyendo la agricultura y el turismo, según le dijo a La Silla un concejal opositor.
Pero, como tantas veces en Colombia, la discusión política (si conviene o no hacer la consulta), se ha reemplazado por una legal, sobre si los concejales pueden o no avalar la consulta.
Un fantasma recorre el Concejo…
Hace dos semanas la viceprocuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda Curvelo, le envió un oficio a Jaramillo en el que le anunció que la Procuraduría iniciaba un acompañamiento preventivo a su iniciativa de consulta popular. Es decir, le anunció que le ponía la lupa al proceso.
Pero eso no fue todo. Castañeda dedicó cinco páginas a argumentar que los municipios pueden concertar los proyectos mineros pero no hacer consultas populares al respecto.
