Con historias clínicas en manos, 350 pacientes, en su mayoría con enfermedades respiratorias, del corregimiento Loma de Calenturas y del municipio de La Jagua de Ibirico, en pleno corredor minero del Cesar, se quejaron ante la Defensoría regional del Pueblo, a fin de que intervenga para que se les respete el derecho a la salud y se adelanten acciones que mitiguen el impacto de las explotaciones carboníferas en la zona. Defensoría atendió denuncias de pacientes con cáncer de pulmón.

 

Fuente: El Heraldo
“Son denuncias instauradas por líderes comunitarios y personas del común que han visto como en todos estos años, la afectación de la salud es cada día más creciente en el corredor minero”, sostuvo el defensor del Pueblo en este Departamento, Omar Contreras, quien conformó una comisión con siete funcionarios de la entidad, para trasladarse a esas poblaciones y verificar la situación.

Durante dos días, la Defensoría del Pueblo estuvo en estas localidades, determinando el padecimiento reiterativo de sus habitantes por efectos de la contaminación. “Es gente que nada tiene que ver con la extracción del mineral y hoy está sufriendo de neumoconiosis, afecciones bronquiales y hasta cáncer pulmonar”, señaló Contreras, al constatar los informes médicos.

“Creemos que la irresponsabilidad de las empresas mineras está convirtiendo al Cesar en un departamento enfermo, desde ya lanzo la advertencia que vamos a tener un pasivo imposible de restablecer como es la salud de las personas y la única entidad que lo va a recibir es la red hospitalaria de este Departamento, que no tiene los recursos suficientes para poder atender a futuro esta población enferma”, puntualizó el funcionario.

La Defensoría del Pueblo prepara un informe preliminar sobre esta situación para presentarlo al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, a los alcaldes del corredor minero y a las entidades del orden nacional, incluyendo al presidente de la República, Juan Manuel Santos, para que tomen cartas en el asunto.

Además, el organismo coadyuva a estas comunidades en acciones populares y de grupo para que les sea reivindicado el derecho a la salud. “Algunos pacientes ya han muerto sin que se les hiciera valer ese derecho”, dijo Contraríes.