El suroeste de Antioquia está en la mira de grandes multinacionales mineras que quieren extraer oro y otros minerales de ese territorio. Así lo denuncian los habitantes de los municipios de Jardín, Támesis, Jericó, Caramanta y Pueblo Rico, y lo confirman los títulos que se han otorgado hasta el momento para exploración. Líderes de cinco municipios del suroeste de Antioquia emprendieron una lucha para evitar que sus territorios se conviertan en minas de oro de multinacionales.
Por: Viviana Londoño Calle para El Espectador
En noviembre de 2011 los pobladores de Jardín empezaron a ver un helicóptero sobrevolar la zona cargando un extraño instrumento. Se trataba de la aeronave de matrícula HK-4181, de la empresa Helyfly, que cumplía un contrato con la minera Júpiter S.O.M. y su misión era detectar, a través de un magnetógrafo, depósitos de oro y otros minerales en ese territorio. Desde finales de 2010 campesinos de la zona habían sentido los sobrevuelos.
Según datos de Catastro Minero, multinacionales como la Anglogold Ashanti, que es la tercera productora de oro del mundo y que en Colombia tiene activos por casi $200 mil millones, las recién creadas Júpiter S.O.M. y Caramanta Conde Mine y otros particulares tienen planes para la extracción de oro y otros minerales en la zona. Por ahora, la Secretaría de Minas de Antioquia ha entregado 22 autorizaciones para adelantar exploraciones en 39 mil hectáreas, casi la mitad del territorio de las cinco poblaciones.
Sumado a esto, sobre la mesa de las autoridades hay solicitudes para acceder a este permiso, que comprometería casi 100 mil hectáreas más, incluyendo zonas de departamentos aledaños. En concreto, los datos señalan que las intenciones de las empresas van más allá del territorio de los cinco municipios, que suma 83 mil hectáreas. (ver mapa).
Para los campesinos de la región, buena parte de sus terrenos, dedicados históricamente a la agricultura y recientemente al turismo, corren el riesgo de convertirse en minas a cielo abierto y en inmensos socavones. Su actividad económica ha dependido del café, la panela, el plátano y, en casos como Jardín, de los criaderos de trucha. Por esto, diferentes organizaciones sociales y ambientales, así como varios alcaldes y concejales, han emprendido una carrera para tratar de evitar el arribo de las mineras.
Por ahora todos los títulos están en etapa de exploración y antes de empezar a extraer necesitarán una licencia ambiental. Aunque representantes de empresas mineras como la Anglogold Ashanti o la Solvista coinciden con la versión de la Secretaría de Minas de Antioquia, en el sentido de que los proyectos serán a largo plazo y que la etapa de exploración no supone daños ambientales, la comunidad asegura que varias fuentes hídricas y zonas boscosas han sido impactadas, sin los permisos correspondientes.
El 18 de mayo de este año una decisión de Corantioquia (autoridad ambiental del departamento) les dio la razón: la corporación ordenó la suspensión de las actividades de exploración de la compañía canadiense Caramanta Conde Mine S.A.S. en la zona y dio paso a un proceso sancionatorio en su contra. Según el comunicado oficial de la entidad, “la compañía minera venía haciendo uso del caudal de agua para el proceso de exploración, construía una vía destruyendo grandes cantidades de árboles nativos y un helipuerto, sin autorización previa”.
Para explicar por qué los campesinos se oponen a este tipo de proyectos, Tatiana Rodríguez, investigadora de Censat Agua Viva, señala: “se ha demostrado que la minería a cielo abierto requiere el uso del mercurio y el cianuro, además de grandes cantidades de agua, lo que generaría graves efectos ambientales con secuelas irreversibles”. Debido a que están en la etapa inicial, las empresas no han determinado cómo sería una eventual explotación, pero la minería a cielo abierto es una opción.
Alonso Cardona, de la organización Conciudadanía, opina en sentido similar a Rodríguez: “Las minas competirían por el agua con esas comunidades. Eso sin contar con que estos municipios se encuentran ubicados en una zona de alta amenaza de deslizamientos”. Cardona se refiere a que parte de la región está sobre las fallas del Romercal y Cauca, y los trabajos de minería que exigen excavaciones podrían desestabilizar aún más el terreno.
Además, la propia Corantioquia ha dicho que en esta región hay zonas protegidas que se podrían ver afectadas de ser aprobados algunos proyectos.
Basada en estas razones, y en los impactos sociales que tendría un cambio en la vocación agrícola, la comunidad ha adelantado cabildos, protestas pacíficas, movilizaciones y hasta una vigilia, el 20 de julio en el municipio de Támesis, en la que sus habitantes realizaron diferentes actividades para evitar la llegada de multinacionales a sus pueblos.
A su clamor se han unido también la mayoría de concejales y alcaldes. En Jardín, por ejemplo, el Concejo planea sacar adelante un proyecto de acuerdo municipal que funcione como una barrera contra la gran minería. “Nunca hemos sido mineros. Para nosotros la minería a gran escala sería una desgracia. La esencia del municipio se perdería”, explica el alcalde de Jardín, Álvaro Carvajal. Lo mismo cree el mandatario de Caramanta, Julián Andrés Granada: “Como administración tenemos la obligación de hacer respetar nuestro territorio y los recursos”, posición a la que se suman los alcaldes de Támesis y de Pueblo Rico.
Sin embargo, en otros municipios, como Jericó, la población está cada vez más dividida, como señala León Henao del Cinturón Occidental Ambiental (COA). Quienes apoyan los proyectos mineros aseguran que representarían desarrollo para el pueblo. Según un informe de la compañía, desde marzo de 2011 a marzo de 2012 ha entregado $72 millones a los pobladores. Los aportes van desde balones de fútbol, material para manualidades, como telas, hilos, pinturas y agujas, hasta refrigerios y subsidios de transporte.
Los que se oponen siguen reuniéndose cada 15 días con líderes de los demás municipios para trata de encontrar estrategias que les permitan decir no a la minería.
Claudia Cadavid Márquez, secretaria de Minas de Antioquia, es enfática al respecto: “Una cosa es lo que uno quiere y otra la que la ley permite. Tenemos que hacerles ver a los alcaldes y a la comunidad que la minería está regida por un código. Aunque hay unos instrumentos legales para prohibirla, sólo funcionan en el perímetro urbano; al perímetro rural lo rigen leyes como la 388, que le da la posibilidad a un privado de hacer minería”.
Según Cadavid, de acuerdo con la normatividad vigente, lo único que se puede hacer es “velar por el desarrollo y fomento de una minería responsable para que no ocurran en estos municipios problemáticas como las de otras zonas, como el nordeste de Antioquia”. Las normas al respecto son tan amplias que actualmente un titular puede solicitar hasta 10.000 hectáreas, lo que superaría el área de un municipio como Caramanta que tiene 8.200 hectáreas.
Aunque ninguna de las empresas que buscan hacer minería en estos territorios está infringiendo la ley, los habitantes de Jardín, Támesis, Caramanta, Jericó y Pueblo Rico aseguran que buscarán “que sea tenida en cuenta la tradición, la cultura y la riqueza ambiental de una zona que está a punto de emprender un camino sin retorno”. Así lo explica Daniel Ochoa, habitante de Jardín y miembro de la mesa ambiental del municipio: “¿Cómo apostarle a la explotación del oro sabiendo que nuestro verdadero oro es verde, que nuestra riqueza son el agua, el café, la pasiflora y la flor del magnolio?”.
