Las poblaciones indígenas que habitan el Parque Nacional Yaigojé-Apaporis ya no quieren a la minera en su territorio. reconoció que durante todo este tiempo recibió acompañamiento y asesoría de los abogados de la empresa Cosigo, vuelos charter con indígenas para reuniones en Bogotá y hasta una celebración de indígenas canadienses en el Parque como muestra de “buena fe” entre los dos países, entre otras estrategias. Los magistrados de la Corte les preguntaron a los indígenas si ellos ahora aceptarían cualquier actividad minera en su territorio y ellos respondieron que sus mayores les habían dejado ver que la minería iba en contra de su cultura”.
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Fuente: El Espectador
Para la directora de Parques Nacionales Naturales Julia Miranda, el testimonio que Benigno Perilla (habitante de la reserva) le entregó el pasado viernes a la Corte Constitucional será determinante para definir el futuro de la minería dentro de las áreas protegidas del país.
El hombre aceptó —ante una audiencia pública convocada por la Corte para estudiar el conflicto que representa la vigencia de un título minero en el Parque Yaigojé-Apaporis en el Amazonas— que recibió asesoría jurídica de los abogados de la multinacional Cosigo Resources para interponer la acción de tutela con la que pide que se ‘tumbe’ la declaratoria del Parque Nacional Yaigojé Apaporis, donde viven 19 comunidades indígenas. (Vea: Indígena acepta que minera lo asesoró para ‘tumbar’ Parque Nacional Yaigojé-Apaporis).
En la reunión, convocada por los magistrados de la Corte Constitucional Eduardo Mendoza, Nilson Pinilla y Jorge Iván Palacios, el líder comunitario reconoció que desde 2010 y hasta hace apenas ocho meses recibió acompañamiento y asesoría de los abogados de la empresa Cosigo quienes le ayudaron a sacar adelante la tutela presentada en abril de ese año. “Dijo que se había dado cuenta de que la empresa los estaba utilizando”, cuenta Julia Miranda, quien lo escuchaba junto a los representantes de la Corte y la comunidad.
“Los magistrados se sorprendieron con esa declaración, es un hecho histórico porque nosotros sabíamos que Cosigo habían interferido pero nunca un indígena había lo había confesado de esa manera. Puso en evidencia cómo la multinacional, interesada en explotar los recursos logró dividir al grupo indígena”, agregó la directora de Parques Nacionales en una entrevista a Blu Radio.
Mientras los funcionarios de Parques Nacionales y la Procuraduría esperaban que los indígenas demandantes defendieran la presencia minera en su territorio, “nos encontramos con una comunidad unida que había escuchado a sus autoridades tradicionales y había decidido separarse de las intenciones de la minera. Los magistrados les preguntaron si ellos ahora aceptarían cualquier actividad minera en su territorio y ellos respondieron que sus mayores les habían dejado ver que la minería iba en contra de su cultura”, explicó la directora de Parques a El Espectador.
En esta visita los magistrados de la Corte Constitucional reunieron testimonios que luego estudiarán para tomar una de las decisiones más importantes dentro del frecuente conflicto entre minería y preservación ambiental en el país: si se explota o se conserva. En este caso todo indica que la Corte dejará en pie la decisión Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, tribunal que desde hace tres años falló a favor de Parques Nacionales indicando que las consultas previas sí se habían realizado bajo la normativa y que Cosigo tendría que renunciar al título.
A diferencia de otras compañías que por error recibieron títulos dentro de Parques Nacionales, Cosigo (que en total es dueña de tres títulos mineros en el suroriente del Vaupés) se ha negado a renunciar de manera voluntaria a este, mientras se aferra al argumento de defender su derecho adquirido.
La minera lo asesoró a indígena para ‘tumbar’ Parque Nacional Yaigojé-Apaporis
Ante tres magistrados, Benigno Perilla reconoció que recibió viajes y asesoría de los abogados de la compañía canadiense Cosigo para pedir que se anulara la declaración de la reserva.
Foto: Los magistrados Eduardo Mendoza, Nilson Pinilla y Jorge Iván Palacios viajaron a la Amazonía para hablar con los indígenas.
Muy temprano en la mañana del viernes pasado, un avión de la Fuerza Aérea transportó a los magistrados de la Corte Constitucional Eduardo Mendoza, Nilson Pinilla y Jorge Iván Palacios, desde Bogotá hasta La Pedrera (Amazonas). Los acompañaban funcionarios de Parques Nacionales, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior y Presidencia.
Allí los esperaba un helicóptero Black Hawk que los transportaría hasta su destino final: la comunidad Centro Providencia, de la etnia Macuna, ubicada en el corazón del Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis (Amazonas – Vaupés) sobre las márgenes del río Apaporis.
Mientras el avión sobrevolaba la extensa y verde amazonia colombiana, el maloquero Joaquin Macuna se preparaba junto a los otros miembros de la comunidad para darles la bienvenida. Ese día se llevaba a cabo una esperada audiencia pública para aclarar un lío jurídico que nació en octubre de 2009 cuando se declaró Parque Nacional ese extenso territorio de 10.557 mil kilómetros cuadrados, el segundo Parque más grande de Colombia.
Tan sólo dos días después de la declaratoria, Andrés Rendle, presidente para América Latina de Cosigo, apareció con un título minero de 2.000 hectáreas que no existía antes de la declaratoria del Parque y que había sido inexplicablemente entregado por Ingeominas ese día en la zona del Raudal de La Libertad o Yuisi, sitio de máxima importancia cultural para los siete pueblos indígenas del resguardo.
El piloto del Black Hawk hizo un amplio sobrevuelo por el área del Parque. Los tres magistrados pudieron hacerse su propia idea de lo que estaba en juego en esa batalla jurídica que comenzó cuando el (indígena-colono) Benigno Perilla interpuso una acción de tutela reclamando que las consultas previas para declarar el Parque no habían cumplido todas las indicaciones legales y, por lo tanto, se había vulnerado el derecho de las comunidades para decidir sobre su futuro económico.
Camilo Guio, de la organización Patrimonio Natural, que junto a Gaia Amazonas, han hecho seguimiento de este caso, dice que el conflicto en Yaigojé –Apaporis ha sido comparado con la película Avatar. El guión es el mismo: una comunidad local con una gran riqueza cultural que vive sobre yacimientos minerales apetecidos por una corporación extranjera. En el caso colombiano, el mineral es oro, y la corporación la canadiense Cosigo Resources. La diferencia ha sido que aquí la batalla se dio en el terreno jurídico.
Sobre las 10 am aterrizaron los magistrados en la comunidad y comenzó la audiencia. Unas 100 personas Una mesa con mantel blanco se instaló frente a la salida de la maloca. Tras los saludos iniciales, y como gesto de bienvenida, unas mujeres indígenas trazaron algunos símbolos decorativos en los rostros de los magistrados. Usaron la tintura que llaman carayuru y la extraen de un bejuco.
La primera persona en intervenir fue Benigno Perilla, de la comunidad de Bocas de Taraira, y quien interpuso la tutela que creó este gran pulso de fuerzas que ya se ha prolongado por cinco años. Benigno explicó las razones por las cuales había interpuesto la tutela. Dijo que no se surtió el proceso de consulta previa y que el parque estaba limitando derechos de autonomía sobre su territorio. Habló sobre minería y dijo que su pueblo tenía derecho al desarrollo.
Mencionó que ya existían avances tecnológicos que permitían llevar a cabo una explotación minera responsable.
Un silencio recorrió la maloca cuando reconoció que durante todo este tiempo recibió acompañamiento y asesoría de los abogados de la empresa Cosigo. Quienes han seguido de cerca el proceso saben que la interferencia de la minera ha rayado en lo absurdo: vuelos charter con indígenas para reuniones en Bogotá y hasta una celebración de indígenas canadienses en el Parque como muestra de “buena fe” entre los dos países, entre otras estrategias poco diplomáticas.
Cuando Benigno terminó, tomaron la palabra los representantes del sector ambiental. Habló el viceministro de medio ambiente Pablo Vieira, habló Julia Miranda directora de Parques Nacionales, y también Diana Castellanos de la territorial Amazonia de Parques Nacionales. Entre todos explicaron el largo proceso que se surtió para declarar como área protegida esa zona. Cuando Julia Miranda dijo que permitir la minería en una zona como esa era repetir una historia como la de las caucherías y la Casa Arana, se escucharon aplausos.
Fabián Campos, representante del Ministerio del Interior, le recordó a Benigno Perilla un acta de una reunión en Bogotá en la que a miembros de la comunidad se les había explicado ampliamente el proyecto de declaración del Parque Yaigojé-Apaporis.
Luego la palabra fue para las autoridades indígenas tradicionales. Los magistrados eran estrictos en el cumplimiento del cronograma y los tiempos previstos. La maloca, a pesar de la frescura que abriga por su diseño tradicional, comenzaba a calentarse por el sol del mediodía. Benjamín Taninuca, explicó cuál era el manejo que ellos le daban a su territorio y explicó por qué fue la propia comunidad la que solicitó que esa área fuera declarada Parque Nacional.
Gerardo Macuna, uno de los líderes más jóvenes y que ha participado en este proceso, comentó los avances que se han dado para definir un régimen especial de manejo del territorio de acuerdo con sus usos y costumbres.
Los representantes de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo defendieron la legalidad del proceso que se surtió para la declaratoria del Parque.
Durante la sesión de preguntas que siguió a esta fase, el magistrado Jorge Iván Palacio preguntó sobre la visión de los indígenas hacia la minería y Gerardo, le respondió que ellos sabían de la existencia de esos minerales, que por lo general coinciden con sus sitios sagrados, pero que su visión era totalmente distinta a la occidental. “Esos minerales son para curación del mundo. Y si se explotan trae consecuencias graves para subsistencia de comunidades”, comentó.
El magistrado Gabriel Mendoza le preguntó a Benigno si después de todo lo que había escuchado esa mañana seguía considerando que no había sido un proceso legal el de la declaratoria. Benigno dijo que si bien seguía considerando que la consulta no se había dado con todos los requisitos de ley, se había dado cuenta que ese malentendido ya estaba solucionado gracias a un trabajo conjunto entre las comunidades y Parques Nacionales. Reafirmó que había recibido recursos para trabajar y movilizarse, con anterioridad a la presentación de la tutela, por parte de Cosigo. Y que era consciente de que la minería podía provocar la destrucción de su territorio.
Otros indígenas que respaldaron a Benigno en la tutela le explicaron al magistrado Nilson Pinilla que este caso era como cuando un hombre se pelea con la mujer pero luego se arreglan. Ahora estaban dispuestos a trabajar conjuntamente en la protección del territorio y del Parque Nacional y respetar la decisión de las autoridades tradicionales a las cuales compararon con los magistrados de la Corte.
Con un sobrevuelo hasta la Serranía de Taraira, donde se pueden ver algunos impactos de la minería en los ecosistemas de esa zona, y en medio de un cielo que comenzaba a nublarse, el Black Hawk apuntó su nariz de nuevo hacia La Pedrera donde los magistrados tomaron el avión que los devolvió a Bogotá y en las próximas semanas deberán pronunciarse sobre el caso.
