Barrick Gold anunció la semana pasada un nuevo aplazamiento de un año para su mega proyecto Pascua Lama y reveló un exorbitante aumento de la inversión hasta US$ 3.000 millones adicionales para llegar al extraordinario valor total de unos US$ 8.000 millones, cuando en su presentación el proyecto costaba en 2001 US$ 950 millones. Antes que el proyecto entre en operaciones ya pesan sobre él irregularidades probadas: 19 víctimas documentadas debido a las condiciones extremas de trabajo, multas de la autoridad ambiental en Chile, una queja por la Comision InterAmericana de Derechos Humanos, disminución hasta en un 70% de los glaciares, cambio de trazado de los caminos de acceso porque comunidades exigieron que los camiones no pasaran por sus localidades. Todos estos asuntos aumentan los costos, merman la confianza y cuestionan las expectativas iniciales. De hecho, las dificultades propias de pretender llevar a cabo una actividad económica altamente contaminante en una zona fronteriza, con todos los problemas administrativos, sociales y ambientales que esto acarreaba, no fueron debidamente calculadas.
Por Halifax Initiative, MiningWatch Canadá y Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales
La agencia de calificación de riesgo Standard & Poor’s dio cuenta de una “perspectiva negativa” para la empresa, lo que implicó una baja en el raiting debido principalmente a los “riesgos de ejecución con Pascua Lama”. Barrick insiste que todo esto se debe a la inflación y la baja productividad, pero sus explicaciones no convencen. Los acontecemientos en la empresa han generado molestia en los accionistas, movimientos al interior de la empresa -como el despido del CEO Aaron Regent-, agilización de gestiones entre las autoridades promineras, y fortalecimiento de las comunidades que por más de 10 años han insistido en la inviabilidad del proyecto.
Pascua Lama, el primer proyecto minero binacional del planeta, ubicado en el límite chileno argentino de la Cordillera de los Andes, en la provincia de San Juan del lado argentino y en lo alto de la cuenca del Valle del Huasco, región de Atacama por el lado chileno, viene hace años experimentando reveses propios de una iniciativa mal planificada e impuesta a la fuerza. Este año las adversidades han aumentado, generando incertidumbre y cuestionamientos sobre la ejecución del proyecto.
En el 2010, Barrick solicitó préstamos de las agencias de financiamiento público de Canadá (Export Development Canada) y Estados Unidos (Export-Import Bank). Las comunidades informaron a las agencias sobre el modo de operar de la empresa en los territorios y a comienzos de este año se logró que Barrick Gold renunciara a los créditos –y al respaldo institucional y político que ellos traen consigo-. A todas luces, las evidencias aportadas hubieran significado el rechazo de los dineros, y con ello, una nefasta señal a los accionistas.
A esto se sumó la anulación por la Corte Suprema argentina de la medida cautelar pedida por la empresa, sindicatos y gobierno provincial, en la provincia de San Juan para eximir al territorio de la aplicabilidad de la Ley de Glaciares promulgada en 2010. La legislación busca proteger a los glaciares y prohíbe la actividad minera sobre o alrededor de ellos, cuestión relevante si se considera que autoridades chilenas ya multaron a la empresa por no cumplir con la Resolución de Calificación Ambiental en lo relativo a la protección de los glaciares en la zona fronteriza. Es más, recientes visitas fiscalizadoras de regantes y dirigentes comunitarios arrojaron fotos del glaciar Toro 1 que se encuentra prácticamente extinguido.
A esto hay que añadir una inesperada dificultad administrativa de muy difícil solución. Luego de 17 años de vigencia, Argentina no renovó el Tratado Binacional de doble tributación, que constituía el marco bajo el cual después de más de tres años de conversaciones entre funcionarios y técnicos de Chile y Argentina, se concretó aceleradamente un acuerdo tributario especial para Pascua Lama. Este cierre negociador se realizó en 2009, luego de la visita de Aaron Regent a Michelle Bachelet y
de Peter Munk a Cristina Fernández, y supuso la renuncia de los funcionarios argentinos que consideraron el acuerdo atentatorio a la patria. El acuerdo tributario para Pascua Lama hace referencia al tratado internacional y por lo tanto, la expiracion del ultimo pone en cuestion la aplicabilidad del anterior.
Además, en lo que va del año, ya han muerto tres operarios de la empresa, que se suman a las 16 víctimas documentadas por el lado chileno y a una cifra aún no determinada del lado argentino, esto, producto de las peligrosas condiciones que implica trabajar a más de 4.500 metros de altura, lo que ya ha puesto en alerta a los trabajadores y sub contratistas y comienzan las presiones para que se promulguen leyes que resguarden la seguridad laboral en el trabajo en altura a ambos lados de la frontera.
Todo esto ocurre antes de que el proyecto entre en operaciones y ya pesan sobre él irregularidades probadas; multas de la autoridad ambiental de la región de Atacama, la recepcion de una queja que concierne el proyecto por la Comision InterAmericano de Derechos Humanos, modificaciones significativas al proyecto original, disminución hasta en un 70% de los glaciares constatado por la propia Dirección General de Aguas, cambio de trazado de los caminos de acceso ya que las comunidades exigieron que los camiones no pasaran por sus localidades. Todos estos asuntos indudablemente aumentan los costos, merman la confianza y cuestionan las expectativas iniciales que había generado Pascua Lama en la población.
De hecho, las dificultades propias de pretender llevar a cabo una actividad económica altamente contaminante en una zona fronteriza, con todos los problemas administrativos, sociales y ambientales que esto acarreaba, no fueron debidamente calculadas. Para la empresa bastaba con que a espaldas de la ciudadanía la administración de Eduardo Frei y Carlos Menem suscribieran un Tratado Bi-nacional minero que posibilitaba el desarrollo de la actividad minera en la antes intocable frontera.
Sin embargo, queda demostrado que la voluntad comunitaria y de funcionarios que sí responden al interés público, puede subvertir la arbitrariedad de las autoridades y eso indudablemente, aunque el nuevo CEO Jaime Sokalsky no lo diga, incorpora dosis de inestabilidad, aumentos de costos, aplazamientos, postergación de otras inversiones como Cerro Casale, y en definitiva, empoderamiento de una comunidad que cada vez ve más posible reposicionar los límites que salvaguardaban su forma de vida.
Contactos:
Karyn Keenan – Halifax Initiative Coalition: kkeenan@halifaxinitiative.org Jennifer Moore – MiningWatch Canada: jen@miningwatch.ca
Lucio Cuenca – OLCA: l.cuenca@olca.cl Ottawa – Santiago, 3 de Agosto de 2012
