“La aprobación del Morro es absolutamente ilegal e inconstitucional porque viola derechos fundamentales”, expresó Nancy Yáñez, abogada co directora del Observatorio Ciudadano quien acompaña a la Comunidad Diaguita Los Huascoaltinos desde hace varios años en la lucha por la defensa de su territorio.
Fuente: Semillas de Agua
La especialista en derecho indígena manifestó su indignación ya que esta fue “una estrategia construida para decir que la comunidad renunció a su derecho a la consulta… lo que es básicamente una maquinación política del gobierno destinado a impulsar el proyecto El Morro”.
Anunció eso sí que “la comunidad iniciará todas las acciones legales para paralizar el proyecto”, porque crea un precedente muy negativo para los pueblos indígenas que habitan en Chile y que deben enfrentarse a un proceso de consulta totalmente manoseado por el Estado.
Yáñez narró que “los Huascoaltinos fueron enfáticos en declarar que la consulta era irrenunciable, pero que necesitaban las garantías necesarias para realizar el proceso de consulta”. Así fue como los Huascoaltinos solicitaron seis meses para realizarla, pero el gobierno a última hora anunció que solo tenían una semana para realizar el proceso, y como se negaron, por considerar que no estaban las garantías mínimas, el gobierno consideró que ellos no habían querido participar del proceso y aprobó el proyecto de la minera Gold Corp, contraviniendo el espíritu del Convenio 169 de la OIT firmado y ratificado por Chile.
La abogada denunció que el Ejecutivo presionó constantemente al pueblo huascoaltino, ya que El Morro junto al gobierno realizaron proyectos conjuntos (como un programa de prevención del cáncer de mamas y otro ambiental sobre reciclaje de pilas). Todo eso financiado por la empresa para sensibilizar a los habitantes del territorio y, fomentar división. Esto último, sustentado en las múltiples comunidades indígenas que en el último tiempo se han creado, muchas de ellas, proclives a negociar con las mineras.
Para Nancy Yáñez, con esto vemos que “en Chile hay ciudadanos de primera y segunda clase, y eso no se puede tolerar. El llamado es a que las comunidades no se dejen pisotear y que denuncien”, manifestó al cierre de la entrevista exclusiva realizada en Semillas de Agua.
