Cuando Brumadinho expuso al mundo la mala gobernanza del sistema de represas, una luz de alerta encendió en el programa nuclear brasileño. En Pozos de Caldas (MG), una vieja mina de uranio acumula miles de toneladas de desechos radiactivos. Esa basura nuclear ocupa un área de Maracanãs en Pozos de Caldas (MG). La explotación terminó en 1995 pero el terreno no fue descontaminado. Según un estudio de la Universidad Federal de Oro Negro, encargado tras la aparición de un “evento no habitual” en septiembre de 2018, el sistema extravasor de la escombrera de la presa está seriamente comprometido y hay infiltración, lo que aumenta el riesgo de ruptura. Se estima que una resolución definitiva sobre el problema de estos desechos costaría 500 millones de dólares en los próximos 40 años. Aquí, un análisis estrictamente economicista aunque interesante.
Los problemas en los pozos son bien conocidos
Mientras que la mina estuvo en operación (1982-1995), produjo concentrado de uranio para ser utilizado en el combustible de Angra 1, en investigación en el sector nuclear y en un esquema de comercio compensado junto a Iraq. Pero cuando se cerraron las actividades en la mina, no hubo descontaminación de las zonas explotadas ni se siguieron las normas que garantizarían la conservación medioambiental y la seguridad de las poblaciones afectadas.
Según la Agencia Nacional de Minería, hasta hace poco tiempo faltaban documentos técnicos que pudieran certificar la seguridad de las presas existentes, cuya responsabilidad está con la estatal Industrias Nucleares de Brasil (INB). A principios de febrero, el MPF recomendó la creación de un plan de emergencia.
Los pozos no representan el único desafío de la minería de uranio en Brasil. Los incidentes con materiales radiactivos ya se han producido en la operación del complejo minador industrial de laguna real en Caetité (BA) en los años 2000, 2002, 2004 y 2009, según datos oficiales.
Estos problemas de gestión golpean el programa nuclear brasileño. Después de todo, para abrir el potencial de la zona se necesitan inversiones pesadas en infraestructura. Resulta que ningún inversor confía en un sistema que, por fallos evitables, corre peligro de terminar en un mar de lodo radiactivo.
El Gobierno Federal ha estado trabajando durante más de año para establecer un nuevo marco regulador para el sector nuclear. La idea es crear las condiciones para que la inversión privada pueda abrir la construcción de la planta de angra 3 y expandir la minería de uranio a estados como amazonas, Ceará, Goiás, Tocantins, Pará, Paraíba y Paraná pero la mejora en el marco regulador del sector nuclear quedará sepultado si hay algún accidente medioambiental con material radiactivo. Sería un coste demasiado alto para la sociedad brasileña, que subvenciona el sector nuclear a peso de oro.
Matias Spektor
School of International Relations
Fundação Getulio Vargas/FGV
