Un informe documenta cómo la expansión de la mina Morro do Ouro, en manos de la minera Kinross Gold Corp ,tiene un impacto negativo en las vidas, tierras y subsistencia de las personas que viven en su cercanía. “Una agencia pública del gobierno canadiense le ha otorgado a esta empresa hasta 850 millones de dólares públicos, para ayudarla a establecer sus operaciones y expandirlas en Brasil” pero no existen controles canadienses sobre el desempeño de la empresa afirma Karyn Keenan, Directora de Above Ground.
Fuente: Radio Canadá Internacional
“Esta empresa ha recibido 7 préstamos por un valor de 850 millones de dólares. O sea, una agencia pública del gobierno canadiense le ha otorgado a esta empresa hasta 850 millones de dólares públicos, para ayudarla a establecer sus operaciones y expandirlas en Brasil. Se supone que este es un beneficio importante y es un privilegio para una empresa. Y por lo tanto, debe haber controles rigurosos y contundentes para una empresa que goza de este privilegio y sin embargo, vemos que ese no es el caso” Karyn Keenan, Directora de Above Ground.
El informe (Swept Aside) presentado este lunes en Ottawa por las organizaciones de Above Ground de Canadá y Justiça Global de Brasil, acusa a la compañía minera canadiense Kinross Gold Corp de violar los derechos humanos de las poblaciones de Paracatu, una pequeña ciudad situada al es del estado de Minas Gerais, Brasil.
El informe, un esfuerzo conjunto de Above Ground y Justiça Global, documenta cómo la expansión de la mina Morro do Ouro tiene un impacto negativo en las vidas, tierras y subsistencia de las personas que viven en su cercanía.
La investigación hecha por las dos organizaciones no gubernamentales muestra serias violaciones de los derechos humanos vinculadas a la expansión de la mina Morro do Ouro en la última década. Un período durante el cual, Kinross recibió un sustancial y repetido apoyo financiero por parte del gobierno canadiense.
Residente de la Quilombola entrevistada por el equipo de investigación. © © Karyn Keenan, 2011
De acuerdo con otro informe realizado por la Escuela de Derecho Osgoode de la Universidad York de Toronto y hecho público en 2016, 28 compañías mineras canadienses han estado vinculadas en al menos 44 muertes, 403 heridas y 709 casos de “criminalización” en Latinoamérica entre los años 2000 y 2015.
Entonces, el problema no es nuevo y está documentado. Y es por eso que las dos organizaciones no gubernamentales hacen varias recomendaciones tanto al gobierno canadiense como al gobierno brasileño. He aquí algunas de ellas.
Reforzar la legislación que rige las actividades en el extranjero de las sociedades bajo su jurisdicción, incluyendo la obligación de que esas empresas lleven a cabo evaluaciones del impacto sobre los derechos humanos antes de la entrada en vigor de la Convención.
establecer un mecanismo independiente con facultades para investigar las denuncias de derechos humanos en sus actividades en el extranjero;
desarrollar un marco legal que ofrezca recursos legales a las personas que han sido víctimas de tales actos de abuso;
y garantizar que los acuerdos comerciales y de inversión negociados por Canadá reconozcan la primacía de las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos sobre los intereses de los inversionistas.
Las recomendaciones a las autoridades brasileñas incluyen la suspensión inmediata de las actividades de la minera de Kinross en Morro do Ouro hasta que se respeten las normas legales y los derechos constitucionales aplicables.
