Miles de peces fueron encontrados muertos durante los últimos días en el río Ipiranga (Espíritu Santo, sudeste de Brasil) en un fenómeno que podría derivar del colapso del dique de la minera Samarco hace un año, la mayor catástrofe ambiental del gigante sudamericano.
Fuente: EcoDiario El Economista
“La asfixia de los peces en los últimos días pudo ser consecuencia de un exceso de sedimentos en el río. El agua tiene veinte veces más de hierro disuelto de lo normal”, afirmó a la AFP Joao Carlos Alciati Thomé, responsable del Instituto Chico Mendes de Protección a la Biodiversidad.
El 5 de noviembre de 2015, la represa de Fundao cedió repentinamente provocando un alud de lodo que mató a 19 personas y se convirtió en el peor desastre ambiental de la historia de Brasil.
El devastador tsunami de 32 millones de metros cúbicos de barro y deshechos de la extracción de mineral de hierro sepultó inmediatamente el pueblo de Bento Rodrigues, en el estado de Minas Gerais. Desde allí inició un trayecto de 640 kilómetros hasta el mar, dejando consecuencias desastrosas para la vida cotidiana de miles de habitantes, el medio ambiente y la economía local.
“Centenares de kilos de peces muertos ya han sido retirados. Se están realizando estudios en laboratorios y todavía es pronto para afirmar la causa exacta de las muertes, si son naturales o derivan de los sedimentos de Samarco”, precisó el científico.
Según Thomé, sin embargo, el tono anaranjado que sigue mostrando la desembocadura del río Doce, una importante vía hídrica de la región sureste, en Regencia y Linhares (Espíritu Santo) indica que el problema de los residuos del deslave aún sigue lejos de solucionarse.
“Con las lluvias, el color anaranjado se ha hecho más fuerte a consecuencia de las corrientes. Con las grandes mareas y los vientos del sur, los sedimentos suben a la superficie”, añadió.
El dique que colapsó era de la empresa brasileña Samarco, propiedad a partes iguales de los gigantes de la minería Vale y la anglo-australiana BHP-Billiton.
Todas forman parte de la denuncia que aceptó la Justicia en noviembre contra 22 personas y cuatro compañías por homicidio y crímenes ambientales derivados del accidente.
