La empresa Minera San Cristóbal (MSC), filial de la japonesa Sumitomo, que explota plata, zinc y plomo en una de las minas más grandes a cielo abierto de Bolivia, aseguró que sus operaciones no impactan al sistema hídrico de la región Nor Lípez, del departamento andino de Potosí, y cumplen las leyes bolivianas. Mientras tanto, el gobierno boliviano descartó hoy cualquier intención de nacionalizar la empresa minera San Cristóbal
Fuente: ABI
La Paz, 25/04/2010. En una solicitada publicada en todos los medios locales y dirigida a la opinión pública, la empresa minera justificó el comunicado para aclarar “versiones erradas, informaciones especulativas y sin sustento técnico que se han difundido en los últimos días acerca del uso del agua y la supuesta contaminación que se estuviera produciendo en el depósito de colas”.
Hace unos días la minera también se ocupó que no saquea los minerales porque paga los impuestos.
La Minera San Cristóbal asegura que cuenta con la Licencia Ambiental que la ley boliviana exige, para una operación minera que le fue entregada en agosto de 2001 por las autoridades competentes, después de la aprobación del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.
Aclara que después de más de 12 años, de realizar inversiones en explotación, desarrollo y construcción, puso en operación, en agosto de 2007, su planta de flotación para la producción de concentrados de zinc-plata y plomo-plata.
Sin embargo, los pobladores vienen denunciando impactos negativos en el mediao ambiente y se movilizaron la pasada semana con un bloqueo de la carretera y vía férrea exigiendo que la empresa minera pague un impuesto por el agua que consume y en demanda de que la Prefectura del departamento de Potosí cumpla varios proyectos, como la electrificación y mejora de las comunicaciones en la región.
“Durante todo ese tiempo la MSC ha cumplido, al presente cumple y en el futuro seguirá cumpliendo de manera irrestricta con las leyes bolivianas, como con el Código de Minería, la Ley de Medio ambiente y la Ley de Aguas”, remarca en la solicitada.
Asimismo, asegura que la empresa obtiene el agua para su uso industrial únicamente de la microcuenca Jaukihua, ubicada dentro la zona de las concesiones mineras otorgadas por el Gobierno y detalla que esa microcuenca tiene una extensión de de 62 kilómetros cuadrados y pertenece a la cuenca del Salar de Uyuni que tiene una extensión total de 62.390 kilómetros cuadrado.
Señala que las aguas de esa microcuenca son subterráneas, salinas y con un elevado contenido de sedimentos, no aptas para el riego ni para el consumo humano o animal y, por tanto, de uso industrial.
“A dos años y medio del inicio de operaciones, ninguno de los pozos de monitoreo registró impactos en los niveles freáticos de las microcuencas contiguas al acuífero Jaukihua . Así se confirma la hipótesis de que la explotación de agua subterránea en este campo no causará ningún tipo de impacto regional”, remarca la solicitada de la empresa minera San Cristóbal.
Bolivia niega intención de nacionalizar mina
El gobierno boliviano descartó hoy cualquier intención de nacionalizar la empresa minera San Cristóbal, ubicada en Potosí (sur) y gerenciada por la firma japonesa Sumitomo.
La Paz – 23/04/2010. El ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, anunció que el yacimiento sólo deberá migrar de concesión minera a contrato minero, como establece la nueva Constitución Política del Estado.
Nunca hemos hablado de nacionalizar San Cristóbal, hemos dicho que vamos a respetar el marco jurídico del país y en ese sentido, deberá migrar una vez aprobada una nueva Ley de Minería, explicó.
El funcionario ratificó que el conflicto desatado por pobladores de esa región hace unos días fue conjurado con un acuerdo y las actividades volvieron paulatinamente a la normalidad.
Al respecto, agregó que existe un compromiso para zanjar los temas pendientes en una reunión conjunta del ministerio de Minería, la Administradora Boliviana de Carreteras y el ministerio de Medio Ambiente.
Con respecto a la nueva Ley de Minería, Pimentel expresó que en los próximos días se iniciará su tratamiento para hacerla concordar con la actual Constitución Política del Estado.
