La minera canadiense South American Silver Corporation (SASC) inició un arbitraje contra el Gobierno de Bolivia por la anulación de su concesión en una mina de plata e indio en la región andina de Potosí, decretada en 2012 por el presidente Evo Morales, según un comunicado difundido hoy.
Fuente: EFE
Esta es una medida contemplada en el reglamento de arbitraje de la Comisión de la ONU para el Derecho Mercantil Internacional y el tratado de protección de inversiones existente entre el país andino y el Reino Unido, recoge la nota publicada en la página web de la empresa.
La empresa recordó que el decreto emitido por Morales en agosto de 2012 “revocó las concesiones mineras incluidas en el Proyecto Minero Malku Khota” que eran administradas por la Compañía Minera Malku Khota, una de sus subsidiarias.
En el comunicado, la minera canadiense alega que Bolivia incumplió con los requisitos señalados en el tratado de inversiones para “proporcionar protección y seguridad a los inversionistas extranjeros y sus inversiones, así como las protecciones contra la expropiación sin justa y efectiva indemnización”.
El presidente de la SASC, Phillip Brodie-Hall, lamentó que la empresa tenga que recurrir “a un arbitraje internacional para resolver este asunto”.
“Bolivia optó por expropiar nuestras concesiones mineras; ahora debe cumplir con sus obligaciones legales y compensarnos por esta pérdida significativa”, señaló el ejecutivo y agregó que tienen un equipo “de primer nivel” trabajando en el caso.
“Aunque estamos abiertos al diálogo con el Gobierno, estamos dispuestos a llegar hasta el final del arbitraje, si eso es lo que se necesita para obtener una indemnización razonable. Nuestros accionistas leales no merecen menos”, agregó.
La minera Malku Khota hizo trabajos de exploración en la mina del mismo nombre, situada en el norte de Potosí, a 350 kilómetros al sur de La Paz, y certificó la existencia de importantes reservas de plata e indio.
La empresa perdió su concesión cuando el Gobierno de Evo Morales cedió en 2012 a la presión de los indígenas del lugar que realizaron diversas protestas e incluso secuestraron a siete personas, entre ellos cinco empleados de la firma.
Esta concesión, que era explotada desde 2007, pasó entonces a manos de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
El Gobierno no reconoce la relación de dependencia entre la minera canadiense y Malku Khota, y ha acusado a la empresa extranjera de haber usado ilegalmente el valor de ese yacimiento para incrementar sus acciones en bolsas de valores internacionales.
La SASC precisó en su comunicado que sus abogados se reunieron en abril pasado con las autoridades bolivianas, “pero no se llegó a ninguna resolución y no se ofreció ninguna compensación”.
Recordó que el decreto establece “claramente” que Comibol debía contratar a una firma independiente que evalúe en un plazo de 120 días hábiles las inversiones realizadas en la mina, lo que hasta el momento no ha sucedido.
Según la SASC, Bolivia tiene 30 días para responder a la demanda y se espera que el arbitraje lleve entre dos a tres años desde el inicio del procedimiento hasta la representación de un laudo definitivo, “a menos que haya una solución negociada”.
Otras empresas extranjeras nacionalizadas por el Gobierno de Evo Morales también han advertido con acudir al arbitraje internacional por las demoras de Bolivia para establecer y pagar las indemnizaciones correspondientes.
Entre ellas figura Red Eléctrica Española, nacionalizada hace ahora un año y cuyo presidente, José Folgado, ha asegurado que si no se establece una compensación justa, la compañía acudirá al arbitraje internacional.
