Mientras el Gobierno aseguró que estudia qué hará ante la presión de los pobladores de la provincia Nor Lípez, éstos anunciaron ayer la radicalización de las medidas de fuerza contra la Empresa Minera San Cristóbal (MSC). El canciller David Choquehuanca manifestó que la MSC saquea y no paga por el agua. Pese a ello, la autoridad no justificó las medidas de presión. Su colega de Minería y Metalurgia, José Pimentel, aseguró que el problema debe resolverlo el prefecto Mario Virreira.
Fuente: La Prensa
19/04/2010. Los pobladores de tres provincias del sudoeste potosino -Nor Lípez, Enrique Baldivieso y Daniel Campos- bloquean desde el miércoles 14 la línea del ferrocarril que se dirige a Chile a la altura de la estación Avaroa, a unos 450 kilómetros de la ciudad de Potosí, y el viernes los lugareños tomaron por la fuerza, saquearon e incendiaron las instalaciones de la MSC ubicadas en la localidad de San Pedro de Quemes.
Si bien el viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, anunció el sábado que se puede producir una intervención policial para restablecer el orden en la zona, fuentes del Ministerio de Gobierno y la institución del orden, que pidieron guardar en reserva su identidad, aseguraron que las autoridades nacionales evalúan cuidadosamente el tema.
En tanto, Celestino Condori, presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) informó que este lunes (hoy) fenece el plazo concedido por los pobladores de la zona para que las autoridades departamentales y nacionales los atiendan.
De lo contrario, anunció que rodearán el campamento donde se encuentra el tajo abierto desde el que la transnacional explota los concentrados.
Los comunarios temen que se agoten los espejos de agua de la región, pues el lixiviado de minerales consume unos 600 litros de agua por segundo mientras ellos obtienen el líquido vital con dificultades, y acusan a la empresa de llevarse la riqueza en tanto los campesinos continúan sumidos en la pobreza.
Es más, el canciller Choquehuanca aseveró que las transnacionales “roban nuestros recursos naturales, saquean toneladas de minerales todos los días y, por ende, utilizan aguas fósiles y no pagan por su uso, pero nosotros los bolivianos, que somos los dueños, y hasta los negocios más pequeños, pagan más por su uso”.
Los campesinos demandan que las autoridades regionales satisfagan 12 exigencias, entre las que destacan la electrificación de toda la zona, la creación de un impuesto al agua para la empresa San Cristóbal, la instalación de antenas para la comunicación, que la sede de la Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos (EBRE) funcione en la localidad de Río Grande y la construcción de obras camineras.
Ley Minera
En contacto exclusivo con La Prensa, el ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, dijo ayer que espera que hasta fines de año se promulgue la nueva ley que regirá las actividades mineras en todo el territorio nacional.
Mientras tanto, San Cristóbal tributa y paga regalías de acuerdo con la normativa vigente, aunque la futura norma privilegiará, según la autoridad, “la industrialización más allá de la simple explotación de minerales”.
San Cristóbal exporta actualmente 48.000 toneladas por día de concentrados de zinc-plomo y zinc-plata a mercados extranjeros, pero el país pierde los costos de producción, fundición, refinación y transporte.
Pimentel explicó que por ese motivo disminuyen las utilidades para el Estado, pero que “a partir de la nueva normativa se debe establecer parámetros para que los minerales sean procesados e industrializados en el país”.
Denuncian interés por el litio
El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Celestino Condori, denunció que el campamento de explotación minera de San Cristóbal parece una fortaleza.
“Cuando tuvimos la oportunidad de ir a la mina San Cristóbal, siempre nos han maltratado. No hubo accesibilidad y hay un celo de las personas. Es un fortín donde nadie puede entrar. Es por eso que entendemos la posición que asumió el sudoeste potosino, porque hay que reconocer que una vez que termine este proyecto no dejará nada y, lo que es peor, en el lugar existe una grave contaminación ambiental. No hay mitigación al respecto. Cuando la empresa se vaya, esa región quedará como un desierto”.
Comcipo apoya las demandas de los pobladores respecto al uso del agua. Condori refirió que una delegación de representantes cívicos se trasladará hasta el punto de conflicto para respaldar la movilización de los pobladores.
La movilización que mantienen los comunarios de tres provincias del sudoeste potosino en la estación Avaroa denota que existe una pugna de intereses tanto por aquellos que giran en torno a la empresa Minera San Cristóbal (MSC) como por los beneficios que genere el litio del salar de Uyuni, según denunció el prefecto del departamento de Potosí, Mario Virreira.
