El canciller boliviano demoró una semana en reconocer la necesidad de realizar una nueva ley que proteja el medio ambiente y los intereses de los pobladores en lugar de las compañías transnacionales que sólo se han aprovechado de los recursos bolivianos. La cumbre sobre cambio climático que se hará el próximo fin de semana en Cochabamba, obligó a esconder la dureza contra los demandantes y reconocer los daños de la empresas. Los campesinos exigen a la empresa minera Sumitomo que no contamine sus aguas que son utilizadas para sus producciones agrícolas.
Fuente: Telesur
18/04/2010. El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, aseguró este domingo que la empresa minera San Cristobal, filial de la japonesa Sumitomo, “saquea toneladas de minerales” y no cancela los 600 litros de agua por segundo que consume.
Choquehuanca se refirió a San Cristóbal en una entrevista ofrecida a un diario local, en momentos en que Bolivia se prepara para realizar la Conferencia Mundial de los pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra que se celebrará del 20 al 22 de abril en la ciudad de Cochabamba, donde se debatirán diversos asuntos sobre el tema.
El diplomático habló sobre la necesidad de nuevas leyes para la protección del medio ambiente frente a las transnacionales.
“San Cristóbal gasta 600 litros por segundo. Son aguas fósiles y no paga un centavo. Nosotros que somos dueños del agua, pagamos por el agua, hasta los pequeños negocios pagan, pero una transnacional que roba nuestros recursos, que saquea toneladas de minerales todos los días, no paga”, comentó el ministro.
Choquehuanca criticó que esa situación esté permitida por la legislación minera de su país y anunció que será modificada para evitar el saqueo de minerales como se produce desde hace “500 años”.
San Cristóbal es el mayor proyecto minero que funciona en Bolivia, donde se explota a cielo abierto la plata. Produce anualmente unas 600 mil toneladas de concentrados de plomo y plata.
Este viernes un grupo de campesinos inició una protesta que terminó en el incendio de la oficina de la empresa extranjera, situada en la frontera con Chile. En este alzamiento popular se reclama el incumplimiento de algunas promesas hechas por la Gobernación de Potosí.
Los trabajadores bloquearon la vía ferroviaria para la exportación de minerales hacia Chile, medida que no ha provocado daños personales, pero sí pérdidas económicas.
En el año 2008, la empresa San Cristóbal pasó a pertenecer a Sumitomo. Las demandas de los trabajadores consisten en un proyecto de electrificación, la creación de un impuesto al agua para San Cristóbal, la instalación de antenas de comunicación y además que la sede de la estatal Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos se instale en el Salar de Uyuni, también en Potosí, y no en La Paz, como algunos han propuesto.
El ministro de Minería, José Pimentel, aseguró que hasta los momentos no se ha considerado el envío de una misión gubernamental para encontrar una solución al conflicto ya que se trata de demandas regionales planteadas ante la gobernación de Potosí.
Contrariamente, el viceministro de Gobierno (Interior), Gustavo Torrico, dijo que es posible usar “la fuerza pública” en el conflicto, porque no se puede permitir “ese tipo de atropellos”.
No obstante, también comentó que si bien la operación policial está lista para realizarse, primero debe buscarse una salida mediante el diálogo porque los campesinos movilizados suman 800 y el conflicto podría provocar “luto en la familia boliviana”.
De acuerdo con cifras extraoficiales, Sumimoto ha obtenido ganancias por mil millones de dólares al año, de los cuales sólo 35 millones fueron percibidos por el erario público por concepto de impuestos.
