El Gobierno de Evo Morales hará una reforma a la ley minera en consenso con los sectores involucrados, en la que se propone la desaparición de las concesiones mineras privadas y la migración a contratos que se enmarquen en la nueva Constitución, informó hoy una fuente oficial. La Constitución Política del Estado (CPE), establece la desaparición del régimen de concesiones y que “el Estado, dueño del recurso natural, hace contratos con todas las empresas que deseen hacer actividad minera”.
Fuente: Agencia EFE
La Paz – 16/12/2009. El director nacional de Minería, Freddy Beltrán, explicó a Efe que el Ejecutivo ya comenzó a trabajar con las empresas mineras, pequeñas y medianas, y con las cooperativas para elaborar un proyecto de ley en consenso con estos sectores, que será entregado al Órgano Legislativo para su aprobación en 2010.
“Queremos que sea un texto que no sólo provenga del sector estatal minero, sino que haya sido discutido y consensuado con los sectores interesados en esta área”, señaló.
Entre los cambios propuestos están la desaparición de las concesiones mineras privadas y la migración a contratos que se enmarquen en la nueva Constitución.
Beltrán indicó que la Constitución Política del Estado (CPE), promulgada en febrero, establece la desaparición del régimen de concesiones y que “el Estado, dueño del recurso natural, hace contratos con todas las empresas que deseen hacer actividad minera”.
En el régimen vigente, el sistema de concesiones sólo obliga al pago de una patente para tener el derecho de explotación de los recursos naturales y no se firma ningún contrato, lo que ha sido interpretado por el Gobierno como una “apropiación” por parte de privados de los recursos naturales de propiedad del Estado.
Por lo tanto, los actuales propietarios de concesiones mineras, que principalmente son pequeños mineros, deberán firmar contratos con el Estado para continuar con sus actividades.
Otro cambio que se introducirá a la ley minera será la reversión de aquellas concesiones “que no estén cumpliendo una función económica”.
Según Beltrán, actualmente ese problema se presenta en el 60 por ciento de las concesiones mineras, que han sido abandonadas o subalquiladas por sus propietarios.
Sin embargo, la autoridad aclaró que “se respetarán los derechos preconstituidos”, por lo que “una empresa que esté trabajando no tiene por qué preocuparse” de que su área de operaciones sea revertida.
En cuanto a la migración de contratos, que debe concretarse hasta 2011, Beltrán indicó que el Gobierno negociará individualmente con las empresas porque cada una tiene “particularidades diferentes”.
Aclaró que “no se intentará que el Estado participe en todas las actividades mineras”, por lo que habrá distintos tipos de contrato, entre ellos de arrendamiento, de riesgo compartido, de participación porcentual, según las características de la empresa.
Agregó que el cambio de contratos no se aplicará en el caso de las cooperativas mineras, pues éstas ya trabajan bajo un régimen de arrendamiento con el Estado.
La estructura del sector minero se ajustará al régimen autonómico adoptado en los nueve departamentos.
La minería es uno de los pilares que sostiene a la economía boliviana, si bien se vio afectado a fines de 2008 por la caída de cotizaciones en los mercados internacionales.
No obstante, la actividad repuntó este año y fue una de las actividades económicas que registró un mayor crecimiento al tercer trimestre de 2009, con un 10,69 por ciento.
