Extractivismo, penalización a la protesta indígena y anulación de atribuciones departamentales son argumentos contra la normativa aprobada en la Cámara Baja. Por su parte, el presidente Evo Morales anunció la modificación del proyecto de Ley de Minería en lo referido a la distribución de las regalías debido al reclamo de tres departamentos productores –Oruro, Potosí y La Paz.
Fuentes: El Diario
Sectores de la sociedad rechazaron mediante manifiestos la aprobación de la nueva Ley de Minería que se viene desarrollando con celeridad en la Asamblea Legislativa.
Por un lado, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) rechazó esta normativa argumentando que su elaboración sólo se dio con grupos mineros como la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia – Fstmb, Sindicato Minero de Huanuni, la Asociación Nacional de Mineros Medianos, la Cámara Nacional de Minería, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), así como el Ministerio de Minería y Metalurgia y la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera, sin tomar en cuenta a los pueblos indígenas, cuyos territorios en muchos casos, son afectados por esta actividad extractiva.
Otro de los puntos cuestionados es la excesiva designación de derechos a las empresas minerassobre toda la cadena productiva, incluyendo el uso de agua o terrenos, que no podrán ser cuestionadas por los pueblos originarios en caso de verse afectados.
“Se criminalizará el derecho a la defensa del territorio así como el derecho a la protesta empleando la fuerza pública y llevando a cabo procesos judiciales ante movilizaciones o bloqueos, de las comunidades indígena originaria, que quieran impedir el inicio de actividades de explotación o soliciten la suspensión de actividades mineras”, cita la nota del Consejo de Gobierno de Conamaq.
Por su parte, el Colectivo Casa de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra abordó la afectación a los territorios “criminalizando la defensa” con los artículos 100 y 103, además de cuestionar el “derecho minero” especificado en el art. 108.
“El ‘derecho minero’ les otorga facultades para atravesar por encima de nuestras propiedades agrarias o de otra naturaleza, que se encuentren en su área de contrato o por las propiedades vecinas o pueden expropiarnos, si lo desean”.
CENTRALISMO
Durante la aprobación en detalle de anoche, el diputado de Convergencia Nacional (CN), Franz Choque, lamentó que la norma se haya aprobado reforzando el centralismo estatista, pues se excluye a los gobiernos regionales de toda actividad minera.
“El Art. 23 de la Ley de Minería y Metalurgia le despoja a los departamentos y municipios mineros de toda posibilidad de participar en las actividades de prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración, fundición o refinación y comercialización, tampoco podrán constituir unidades o empresas mineras departamentales, regionales y/o municipales”, demandó.
El art. 23 sobre Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales: “I. Por ser los recursos minerales de carácter estratégico y la creación de empresas públicas minera estratégicas competencia privativa y exclusiva del nivel central del Estado, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, no podrán constituir unidades o empresas mineras departamentales, regionales y/o municipales, ni participar en las actividades de prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración, fundición o refinación y comercialización directa”.
En tal sentido, y con el artículo 74, según el diputado, incluso se quita potestad a Santa Cruz sobre la Empresa Siderúrgica Mutún que pasa a control exclusivo del Gobierno central.
El anteproyecto aprobado en la Comisión de Economía Plural con sus 241 artículos pasó a aprobación en plenaria tras la participación del ministro de Minería, Mario Virreira, quien calificó la norma como trascendental y acorde con la Constitución Política del Estado (CPE), cumpliendo con la función económica social.
El boletín oficial agrega: “El anteproyecto establece el cambio de régimen de la exconcesión minera, hoy denominada ATE, a Contrato Administrativo Minero a suscribirse por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) en representación del Estado, como la entidad autárquica encargada de la otorgación, reconocimiento, renuncia, modificación y extinción de derechos mineros, así como de los procedimientos establecidos”.
Finalmente, el dirigente de Fencomin, Alejandro Santos, dijo que su sector estará en estado de emergencia solicitando a la Asamblea Legislativa no modificar ni un artículo de la norma.
“Esta Ley es un esfuerzo de quienes trabajan en la minería y queremos manifestar en esta ocasión es que estamos en una gran vigilia y nos hemos declarado en emergencia para que no se modifique la Ley”, sostuvo.
Evo modificará la distribución de regalías del proyeto de Ley Minera
El presidente Evo Morales, luego de sostener una reunión con la Central Obrera Boliviana (COB), anunció la modificación del proyecto de Ley de Minería en lo referido a la distribución de las regalías. Por el reclamo de tres departamentos productores –Oruro, Potosí y La Paz- se decidió retornar a la distribución aún vigente del 85% y 15% para gobernaciones y municipios, respectivamente, dijo.
La propuesta consensuada por los operadores mineros señalaba una distribución de 80% para las gobernaciones, 15% para los municipios y un 5% para el Tesoro General del Estado (TGE), monto que debía ser distribuida entre las regiones no productoras.
“Hemos decidido que se mantenga tal como estaba (la distribución de regalías mineras), es decir el 85% al departamento y el 15 por ciento a los municipios, pero también desde el gobierno nacional vamos a exigir que cumplan (los gobiernos subnacionales) lo que está en la ley, que el 10 por ciento (de lo distribuido) debe invertirse en exploración”, indicó.
Gualberto Herrera, Vicepresidente de la Federación Nacional de Cooperativas (FENCOMIN), aseguró que ante el anuncio presidencial, ellos continúan en emergencia y analizarán cómo podría influir esa modificación. Indicó que están atentos al debate en detalle de cada uno de los artículos del proyecto de Ley en la Cámara de Diputados.
“El Presidente (Evo Morales) ha dicho públicamente que no va haber ninguna modificación a la ley elaborada y al trabajo que han realizado las cooperativas con los otros dos actores mineros, en todo caso nosotros estamos en pie de movilización ante otro cambio que pueda existir en la ley, entonces inmediatamente las cooperativas podamos movilizarnos para hacer respetar el trabajo consensuado”, manifestó.
El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Miguel Pérez, destacó la importancia de analizar todos los por menores del proyecto de Ley debido a que observaron algunos aspectos inconstitucionales referidos al tema de la consulta y a la distribución de las regalías.
“Nosotros vamos a ver el espíritu de que los recursos naturales son del pueblo boliviano, acá no puede haber imposiciones porque ha sido una ley de consenso. Hemos visto que existen problemas en el tema de la consulta, en la migración de nuevos contratos con algunas empresas y la distribución de regalías entre las gobernaciones y municipios, que seguros estamos que vamos a entrar a un análisis conciso”, apuntó.
