Seis pueblos originarios de la selva boliviana ganan una primera batalla legal después de que un juez ordenó suspender las actividades mineras en los principales ríos de la Amazonia, donde el avance de los buscadores de oro se ha intensificado en el último tiempo.
Un juez dispuso la paralización de la actividad minera aurífera en dos ríos de la Amazonía boliviana como “medida cautelar” en un proceso que presentaron varios pueblos indígenas contra algunas autoridades nacionales y locales, debido a los niveles de contaminación de esas aguas por el uso de mercurio.
La decisión, que surgió de una corte de la población de Rurrenabaque, en el departamento amazónico de Beni, es un “hito histórico” ya que añade la “intervención de la fuerza pública” para el cumplimiento de la medida cautelar, dijo la abogada Gabriela Sauma, que representa a la Central Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap).
La paralización de los trabajos mineros en los ríos Madre de Dios, en Pando, y el río Beni, en el límite del departamento del mismo nombre y La Paz, durará hasta que una audiencia prevista para principios de septiembre resuelva el fondo de una acción popular que presentó la organización indígena.
La abogada Sauma lamentó la ausencia de controles respecto “al uso de mercurio” en la minería aurífera que opera a través de asociaciones de mineros o cooperativas en varios afluentes que alimentan la cuenta amazónica del país.
El recurso judicial se presentó a principios de este mes por los pueblos tacana, uchupiamonas, ese ejja, tsimanes y mosetén, agrupados en la Cpilap, que habitan cerca de esos ríos.
La medida se basa en el estudio que hace poco presentó el Cpilap y que reveló los altos niveles de mercurio hallados en el cabello de personas de 36 comunidades indígenas afectadas por la minería y el consumo de peces contaminados.
La acción popular está dirigida contra los ministros de Medio Ambiente y Agua, René Méndez, y de Minería, Marcelino Quispe; el director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de La Paz, Álvaro Antezana, el gobernador de ese departamento, Santos Quispe, y otros dos funcionarios de la Gobernación paceña.
“Este primer fallo es un gran avance y queremos que sea ratificado definitivamente en una nueva audiencia el 8 de septiembre cuando los servicios de salud del gobierno corroboren con estudios la afectación a la salud que estamos sufriendo los indígenas por el uso del mercurio en la extracción del oro de los ríos”, dijo el viernes a The Associated Press Gonzalo Óliver, presidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP).
Es el segundo fallo que los ambientalistas califican de “histórico”. En julio otro juez dictaminó que un río de su jurisdicción “tiene derechos” frente a a la acción de la minería. Esa demanda fue presentada por el Defensor del Pueblo.
El CPILAP representa a los pueblos tacana, esse ejjas, uchipiamona, mostén, chimán y leco que agrupan a más de 50.000 miembros asentados ancestralmente en la selva y cuya base de alimentación es la pesca. Óliver dijo que los “estudios de afectación” avalados por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), una de las universidades públicas más importantes del país, demostraron la presencia de mercurio “por encima de los parámetros de la Organización Mundial de la Salud” en los pescados.
“El pescado es el principal receptor del mercurio y es la base de nuestra alimentación”, explicó el líder indígena.
El oro es extraído por miles de mineros artesanales poco amigables con el medio ambiente, denunció la senadora y ambientalista Cecilia Requena.
Según Óliver, el uso de mercurio -del que Bolivia es el principal importador del continente- afecta la cuenca alta de los ríos donde los mineros están operando casi sin control de acuerdo con organizaciones ambientales que han denunciado falta de control en el comercio de ese elemento prohibido en varios países por sus efectos nocivos para la salud.
El mes pasado el gobierno aprobó controles al comercio de mercurio y la policía detuvo a traficantes ilegales.
Desde 2021 el oro ha pasado a ser el principal producto de exportación de Bolivia y ha desplazado al gas natural con ventas que el año pasado superaron los 3.000 millones de dólares debido a la alta cotización del metal.
La fiebre del oro ha contagiado incluso al gobierno del presidente Luis Arce, quien aprobó una ley para vender las reservas del metálico y comprar oro a los mineros artesanales para reforzar las reservas del país, que se han visto disminuidas por la escasez de dólares.
Fuentes: swissinfo.ch y VOA América Latina
Pueblos indígenas bolivianos acuden a Justicia para restituir derechos vulnerados por la minería
