El gobierno de La Rioja avanza con una reforma de la Constitución provincial sobre artículos referidos al agua y la energía, en medio de un proceso de provincialización de la explotación del litio. Vecinos y vecinas conformaron una Asamblea Constituyente de los Pueblos Riojanos y denuncian la contaminación en la salina El Leoncito y la “privatización” del agua con la empresa israelí Mekorot.
Por Mujeres Defensoras del Agua del Famatina y Asamblea por la Vida Chilecito
Los 700 y pico de kilómetros que distancian la provincia de La Rioja con Jujuy parecen achicarse cuando se trata de extractivismo de litio y de reformas ilegítimas de las constituciones provinciales. Es por eso que, a cuarenta años de “recuperación de la democracia” afirmamos que el extractivismo “no tiene grieta”.
En Jujuy, la reforma inconstitucional e ilegítima del gobierno de Gerardo Morales (UCR) profundizó el conflicto social y suscitó la feroz persecución y represión por parte de las fuerzas policiales en contra de las comunidades. Afortunadamente, la resistencia y rebelión por las comunidades originarias de dicha provincia se sostiene cobrando visibilidad y acompañamiento a nivel plurinacional.
La Rioja es una de las provincias que integran el Consejo Regional del Norte Grande Argentino y, a su vez, junto a Jujuy, Salta y Catamarca forma parte del llamado “triángulo del litio”, pero aún la provincia no integra la Mesa Nacional del Litio, conformada en el 2021 por las otras tres provincias y el gobierno nacional.
El gobernador de la provincia, Ricardo Quintela (Partido Justicialista) propagó la iniciativa de su par jujeño y convocó (mediante Ley provincial 10.609) a La Convención Constituyente de La Rioja. Dicha convención inició su primera sesión a fines de julio y está integrada por un total de 36 convencionales constituyentes —27 del partido Justicialista, ocho de Juntos por el Cambio, uno de Lealtad y Dignidad—, votados en las elecciones generales de mayo pasado en las que fue reelecto el Gobernador.
El objetivo principal de la norma que estableció el llamado a la Convención Constituyente es “la necesidad de la reforma parcial de la Constitución de La Rioja, sancionada en el año 1986”. El discurso oficial detalla que la reforma pretende, entre otros puntos, la ampliación de derechos vinculados con el acceso al agua, a la energía y a la conectividad, la libertad de expresión y la gobernanza. 
¿Agua, energía y conectividad para qué y para quiénes?
Como vecinos y vecinas, comprendemos y sostenemos que dicha reforma enmascara el saqueo, el despojo y la entrega de nuestros bienes comunes, que son nuestro sustento de vida. Responde casi exclusivamente al cumplimiento de compromisos asumidos con gobernadores de provincias vecinas y la Nación, con empresas transnacionales y organismos internacionales, que mediante la implementación de sus políticas profundizan las desigualdades y la pobreza impactando de manera negativa la vida de las comunidades en el Sur Global.
Una minoría concentra la riqueza y el poder explotando y destruyendo el planeta, impidiendo el buen vivir de las mayorías y la naturaleza. En este contexto, nos permitimos preguntar: ¿Agua, energía y conectividad para qué y para quiénes? Debido a que, aún sin habilitar la instancia de reforma constitucional, el gobierno riojano, a fines del 2022, avanzó con la modificación de la normativa minera sancionando la Ley provincial 10.608. Esa norma declaró al litio como recurso natural estratégico “por sus contribuciones a la transición energética y aportes al desarrollo socioeconómico de la provincia” y proclamó de interés público provincial el estudio, la exploración, explotación e industrialización del litio y sus derivados. Suspendió los permisos privados de exploración y quedaron bajo control del estado provincial.
En ese contexto, el gobierno de Quintela creó la empresa Kallpa Sapem (Sociedad Anónima con Participación del Estado Mayoritaria) para la “exploración y la explotación del litio, entre sus funciones principales” y destruyó la salina El Leoncito sin publicar el Estudio de Impacto Ambiental ni llevar adelante procesos de consulta a las comunidades aledañas. Por otro lado, firmó un convenio para entregar el manejo del agua a la empresa israelí Mekorot, acuerdo a espaldas del pueblo.
A lo largo de 18 años de resistencia popular a las políticas extractivas en la provincia, todos los gobiernos riojanos violaron las normativas de acceso público a la información, resguardado por la Ley nacional 27.275, que garantiza el derecho de solicitar y recibir información pública, y su adecuación provincial, a través de la Ley 10.119. “Garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública en formato digital abierto y gratuito”, dice el primer artículo de la norma provincial.
Por eso, con los pies en el territorio que habitamos, seguimos resistiendo. Realizamos todo a corazón y pulmón, nos organizamos, debatimos, investigamos, recorremos el territorio, nos informamos, alertamos y aprendemos con la comunidad. Solicitamos información mediante vías institucionales y denunciamos la existencia de proyectos extractivos (megaminería metalífera, minería de litio y monocultivos, entre otros) en toda la provincia y en particular, en la cordillera riojana.
El debut de la empresa estatal de litio y su impacto en el ambiente y la economía local
Recientemente publicamos un informe que incluye evidencias tomadas por compañeros y compañeras, donde denunciamos al gobierno provincial por el daño ecológico y la falta de gestión ambiental provocada por la empresa estatal Kallpa SAPEM en la salina El Leoncito, donde se explora uno de los 23 proyectos de litio en La Rioja.
El impacto negativo se relaciona con la apertura de caminos, la construcción de un terraplén de ripio sobre la salina, la destrucción y perforación de la propia salina, y la apertura de una cantera. Mediante las perforaciones se produce lo que se conoce como “contaminación cruzada”, es decir, que el agua salada contamina el agua dulce. Si la empresa es capaz de hacer esto en una etapa de exploración, nos basta imaginar cómo sería en la etapa de explotación con los más de 20 proyectos de litio activos.
La salina forma parte de una zona de reserva, ya que a tan solo a 18 kilómetros de ese lugar se encuentra la Laguna Brava, humedal alto andino ubicado a más de 4.000 metros de altura. En el año 2003, se declaró como Sitio Ramsar la Reserva Natural Provincial Laguna Brava (Ley Provincial Nº 6115), y es hoy uno de los 23 Sitios Ramsar de Argentina. Se trata de humedales designados bajo criterios internacionales bajo la Convención de Humedales (también conocida como Convenio de Ramsar).
El área que comprende la reserva es un sistema de lagunas altoandinas salinas e hipersalinas de escasa profundidad con vegas asociadas, situadas todas por encima de la cota de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Las vegas son ecosistemas clave por los valiosos servicios que brindan como provisión de agua dulce, hábitat de diversidad biológica y forraje para pastoreo, entre otros. Al ser un humedal altoandino, presenta abundantes poblaciones estivales de aves acuáticas endémicas o amenazadas, 38 especies terrestres, micromamíferos y 27 aves acuáticas. Se trata de ecosistemas frágiles debido a lo extremo del clima.
El sistema de Laguna Brava presenta numerosas cuencas endorreicas. Entre las más importantes, se encuentran la laguna homónima (ubicada a unos 4230 metros de altura) y la Laguna de las Mulas Muertas (a 4122 metros). Además, éstas forman parte de un paisaje con una belleza única y se constituyen en atractivos turísticos de la región de la Puna. La publicidad turística lo describe como “una oportunidad para descubrir la magia de los Altos Andes”, un “lugar agreste e ideal para quienes quieran vivir la Cordillera de los Andes en su máxima esencia”. 
Por eso, la Laguna Brava es un destino que hace un gran aporte a las economías regionales de las comunidades cercanas. Esta región forma parte del Corredor Turístico del Bermejo —desde la ciudad capital a Patquía, pasando por el Parque Provincial El Chiflon, Parque Nacional Talampaya y las localidades de Pagancillo, Los Palacios, Villa Unión, Villa Castelli, Vinchina y Jagüe, culminando en el Paso Internacional Pircas Negras—. Región que concentra la mayor afluencia de turistas de la provincia, motivados principalmente por el Parque Nacional Talampaya , que supera los 100.000 ingresos anuales.
Son más de cien emprendimientos familiares y empresas cercanas a Laguna Brava que basan su economía principal en base al desarrollo del turismo, ya sea como prestadores directos de servicios turísticos (alojamiento, gastronomía, excursiones y guiados, bodegas, venta de artesanías, entre otros) o bien de forma indirecta (lo que comúnmente se conoce como “efecto multiplicador del turismo”). Es decir, las actividades económicas que se generan a partir de la afluencia turística.
Este tipo de turismo que se desarrolla en entornos naturales y rurales no pueden coexistir con actividades extractivas como la megaminería de litio. 
La política de privatizar los bienes comunes
La Rioja firmó en febrero un convenio con Mekorot, la empresa estatal de aguas de Israel, para la elaboración de un “Plan Maestro” de gestión del agua. En marzo, las asambleas solicitaron la letra del convenio en la Cámara de Diputados y en la Secretaría de Agua y Energía, pero hasta la fecha no tuvo respuestas. El pueblo no conoce qué se firmó en relación al manejo de un bien común para las mayorías.
En los discursos oficiales, el gobernador Quintela y el resto de los mandatarios de las diferentes provincias firmantes —Mendoza, San Juan, Catamarca, Río Negro, Santa Cruz y Formosa— refieren a la importancia de aplicar tecnología para hacer eficiente este recurso cada vez más escaso en el mundo en un contexto de cambio climático. Pero ninguno expone las verdaderas razones de la escasez de agua en las provincias implicadas: las políticas extractivistas, que profundizan la sobreexplotación del bien común por parte de capitales transnacionales, como la industria megaminera.
Por eso, desde las comunidades y asambleas socio ambientales desde el año pasado se vienen organizando redes de denuncia y protesta contra Mekorot, porque el “Plan Maestro” implica una privatización paulatina del bien común para las mayorías y la luz verde para la explotación del agua en manos del extractivismo. A su vez, Mekorot es boicoteada a nivel mundial por usar la tecnología como arma de guerra, controlando y despojando a las comunidades palestinas de este bien común y violando su derecho de acceso al agua. 
La Asamblea Constituyente de los Pueblos Riojanos
Frente a la acelerada conformación de la Convención Constituyente del gobierno y el inicio de sesiones, sumado a la falta de representatividad y la inexistencia de mecanismos que garanticen la participación ciudadana, decidimos convocar(nos) y generar un espacio de Asamblea Constituyente de los Pueblos Riojanos, ejerciendo así nuestro derecho a la autodeterminación. Esta asamblea se reunió por primera vez el pasado 28 de julio en la Plaza Facundo Quiroga de la ciudad capital de La Rioja.
Participaron distintas asambleas territoriales, gremios, pequeños productores agrícolas, artistas, vecinos y vecinas. Nos motiva la fuerza y la convicción de que el agua, el territorio y la vida de los pueblos la defendemos —como siempre— quienes habitamos los territorios. El objetivo es construir un espacio autónomo de participación real, en el cual podamos debatir y escuchar las opiniones de todxs, y proponer de manera colectiva “La Rioja que SI queremos”. Los objetivos de la Asamblea Constituyente de los Pueblos son el tratamiento, la resolución y la autodeterminación sobre los siguientes ejes: Agua, Energía, Territorios y Derechos humanos y de la Naturaleza. 
Se consensuó rotar las localidades de realización de las mismas, de manera tal que personas que viven en distintas regiones puedan acercarse y participar. Las asambleas son públicas, abiertas y de carácter federal. Además, exigimos que la asamblea sea vinculante con la Convención Constituyente. Queremos intervenir activamente en el proceso de reforma, desde adentro.
Tenemos el derecho de decidir sobre lo que sí queremos y lo que no queremos en nuestra La Rioja. Las próximas actividades de la asambleas de los pueblos son este 11 de agosto en La Costa Riojana, departamento de Castro Barros, y el 21 de agosto se realizará la segunda asamblea en la ciudad de Chilecito.
