Comunidades indígenas del norte del departamento boliviano de La Paz presentaron este martes una acción popular ante la Justicia para que las autoridades restituyan los derechos que consideran vulnerados por la minería aurífera y la contaminación por mercurio que ocasiona esta actividad en sus territorios.
La acción fue presentada por los pueblos tacana, uchupiamonas, ese ejja, tsimanes y moseten, agrupados en la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), ante el Tribunal Departamental de la región amazónica de Beni, en la Casa Judicial de Rurrenabaque, informó la privada Fundación Tierra en un comunicado de prensa.
El recurso responde al estudio presentado recientemente por el Cpilap que reveló los altos niveles de mercurio hallados en el cabello de personas de 36 comunidades indígenas afectadas por la minería y el consumo de peces contaminados, explicó el presidente de la central, Gonzalo Oliver, citado en la nota.
“Estamos demandando el cumplimiento de funciones principalmente en materia ambiental y de salud por parte de las autoridades. Hasta el día de hoy hemos visto que han incumplido”, sostuvo.
La acción está dirigida contra los ministros de Medio Ambiente y Agua, René Méndez, y de Minería, Marcelino Quispe; el director departamental de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de La Paz, Álvaro Antezana, y el gobernador de esa región, Santos Quispe, además de otros dos funcionarios de la Gobernación paceña.
Los indígenas reclaman entre otros la identificación y paralización de la minería ilegal en las cuencas de los ríos Beni y Madre de Dios y sus afluentes, que atraviesan los territorios en los que se efectuó el estudio y que también se sobreponen a importantes áreas protegidas del país.
También exigen que la AJAM, que regula al sector minero, desarrolle “verdaderos procesos” de consulta previa para proteger a las comunidades indígenas y sus territorios bajo estándares internacionales, y que se prohíba la entrega de nuevas concesiones en las cuencas señaladas en tanto sus aguas no sean totalmente rehabilitadas.
Además demandan que el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas repita un estudio sobre la calidad del agua de consumo en las comunidades indígenas afectadas por la contaminación minera y que la Cpilap participe en la elaboración del plan nacional para la reducción del uso de mercurio anunciado por las autoridades.
Los pueblos indígenas están optimistas sobre el resultado de su recurso, ya que en otras zonas de la Amazonía boliviana, como la localidad de Palos Blancos, también se presentaron acciones populares que dieron “resultados exitosos para los territorios”, destacó Oliver.
El fin de semana, el Cpilap se declaró en “emergencia” anunció que los indígenas defenderán ante cualquier intento de explotación aurífera en sus territorios y áreas protegidas.
El Gobierno aprobó el mes pasado un decreto para regular el uso de mercurio en la minería y hace unos días anunció que alista otras dos normas para proteger la salud humana de la contaminación por mercurio.
También hubo una operación policial en dos comunidades cercanas al río Madre de Dios en Beni, aunque los operadores mineros cuestionaron que se interviniera una zona donde operan cooperativas que aseguraron que son legales y no en áreas donde se sabe que hay minería ilegal, como el norte paceño. EFE
Fuente: Infobae
